La expropiación del 51% de las acciones de YPF por el gobierno argentino es claramente un acto político (éste se ha basado en criterios de recuperación soberana de recursos) antes que administrativo (generalmente ligado a necesidades sectoriales o microeconómicas). La decisión tiene, en apariencia, dos fundamentos: las motivaciones nacionalistas de quien expropia y el interés geopolítico de un recurso revaluado por nuevos descubrimientos y la tendencia futura del mercado energético. Si, por ello, su implicancia internacional es mayor, la confrontación de intereses con el afectado (Repsol y España) y sus aliados y su potencial impacto en la región tienen una dimensión “estratégica” que supera la incomodidad que ese término despierta en ciertos economistas.
Ciertamente no nos encontramos en este caso frente a una decisión de las implicancias históricas que tuvo la nacionalización del petróleo mexicano por Lázaro Cárdenas en 1938 (quizás el acto fundacional de esa propensión latinoamericana que añadió identidad a la “institucionalizada” revolución), ni la que tuvo la nacionalización minera boliviana por el MNR (que, en 1952, cambió la estructura de la economía boliviana, destruyó una oligarquía y expulsó al capital) y ni siquiera frente a la expropiación de la IPC en el Perú (con que se inauguró la dictadura militar de Velasco Alvarado que también nacionalizó la economía y ciertas libertades). Sin embargo, por la dimensión regional del Estado que actúa, la importancia de la empresa afectada y la debilidad de la Unión Europea y el desorden de la economía global, sí nos encontramos frente a un hecho mayor que incrementa la influencia del grupo de países antiliberales en Suramérica, agrava la división entre sus miembros, promueve el desorden político y jurídico y genera vulnerabilidad regional. En efecto, el marco regional que encuadra a la decisión argentina es el configurado por los gobiernos de Bolivia (que hizo de la nacionalización de los hidrocarburos un totémico símbolo del gobierno ahora reiterado con la expropiación de otra empresa española) y de Venezuela (que incrementó la capacidad de confrontación del gobierno del señor Chávez en un marco de puesta en valor de fuentes de energía que, aunque existentes, eran consideradas de difícil explotación –las arenas petrolíferas de la cuenca del Orinoco-). Argentina se ha embarcado hoy en esa corriente fortaleciendo la racionalidad de los países del ALBA, que han apoyado la medida al margen de que el liderazgo de esa agrupación esté en riesgo. Ello ha obligado a los que no coinciden con la medida a pronunciarse sobre un hecho generalmente considerado como de política interna. Así, el presidente de México calificó la decisión argentina de “poco responsable y poco racional” (Pemex, la petrolera estatal mexicana tiene intereses en Repsol); el Canciller del Perú señaló que la medida en cuestión no coincide con los lineamientos del gobierno peruano; el vocero presidencial de Chile expresó que su gobierno “sí tiene vela en el entierro” por la presencia de ENAP (la petrolera estatal chilena) en Argentina; y el presidente de Colombia aseguró que su gobierno mantiene un trato favorable a la inversión extranjera y es “amigo de Repsol”. Brasil, en cambio, mantuvo una postura diferente en tanto su Presidenta se limitó afirmar que éste era asunto interno argentino y el presidente uruguayo, cuyo país está lejos del ALBA, apoyó la medida. Allí están, refulgentes nuevamente, las líneas divisorias de la región. Esta inusual reacción de los países liberales del área no se puede imputar sólo a la defensa de la libertad de los mercados (como pretendió equivocadamente, en nombre de la comunidad internacional, el Presidente del Gobierno español): estos países están interesados en la inversión extranjera directa por cuestiones generales de desarrollo y por el hecho más específico de que buena parte de sus economías depende de la exportación de materias primas sustentada en esa inversión. Ellos no desean iniciar una negativa reacción en cadena que complique más el clima de negocios para los inversionistas y provoque a las clasificadoras en épocas de crisis y de emergencia social. Pero esta reacción ya está en marcha por inercia propia y por estímulo español. Hasta ahora ésta puede ser más política (España se ha movilizado en torno a un interés nacional) que económica (el capital de riesgo, que es el que concurre al sector primario, difícilmente se ausentará de una región que ofrece grandes posibilidades en ese sector). En ese marco, el gobierno español ha reaccionado con extrema eficacia si ella se mide sólo por los pronunciamientos en contra de Argentina de la Unión Europea (la Comisión, la Comisaria de Relaciones Exteriores y el Parlamento), del FMI y hasta de Estados Unidos (aunque con menor intensidad de la que España esperaba). Las consecuencias geopolíticas están a la vista: al margen de que Argentina no tendrá ya una posición cómoda en el G-20 y de que las morosas negociaciones comerciales con la UE se traben aún más, la afluencia potencial asiática y rusa ya se considera como un alternativa real en Buenos Aires. Si China ya es el primer socio comercial de Brasil, por qué no potenciar el giro argentino hacia la cuenca del Pacífico cuando los europeos quizás no tienen voluntad retaliatoria si una tercera parte de los miembros de la eurozona está en recesión. Este perturbador cálculo estratégico (que incluye a otras grandes empresas occidentales en el rudo negocio de la minería y el petróleo) no parece un producto sofisticado cuando se fundamenta en una gruesa masa crítica conformada por el tipo de nacionalismo que signa a los países del ALBA, en el potencial contagio a través del conflicto social y en la tradición del peronismo original. En el ámbito nacional, de otro lado, la medida expropiatoria es consecuente con el heterodoxo comportamiento externo argentino. En lo que va del siglo éste se encuadra en el incumplimiento de compromisos que data de la crisis económica del 2001 cuando se decidió no pagar la deuda externa. A esa decisión, derivada de la quiebra financiera, se añadió luego un peculiar retorno al orden: el recorte (la “quita”) unilateral del valor de los bonos con que el gobierno argentino decidió cancelar sus adeudos. Posteriormente, ese gobierno revisó también contratos con empresas privatizadas que, al margen de la su ánimo correctivo, concluyeron con normas y condiciones coercitivas (como controles de precios). Si el gobierno argentino reclamaba justicia por el costo de las reformas y de la apertura económica, terminó complicando seriamente su status como sujeto de crédito y erosionando el clima de negocios en un contexto de inseguridad interna que contrastó con los beneficios de la salida de la crisis. El crecimiento económico, superior al promedio regional (Argentina ha crecido a un promedio de 6.6% entre el 2008 y 2011, a pesar del 0.9% del 2009) no mejoró la inseguridad jurídica de actores económicos externos (Argentina es uno de los países de la región con más casos contenciosos en el CIADI) e internos (p.e., el problema del “campo”). Esta situación genera riesgo regional a pesar de que los países de economías abiertas y ordenadas (especialmente los del Arco del Pacífico) se esmeren en destacar su propia especificidad. Por lo demás, el modus operandi argentino tampoco brilló en este caso por la transparencia quizás porque ésta es la antesala de la negociación. Si es verdad que muchas de las privatizaciones que se realizaron durante la década de los 1990 fueron apresuradas por la necesidad de las reformas estructurales y desbordadas por la corrupción, la creación de monopolios y la falta retorno útil a la sociedad (como ocurrió también en el Perú con ciertas empresas), lo adecuado para todas las partes era una revisión concertada en casos extremos. Como es evidente no es esto lo que ha ocurrido con YPF- Repsol indicando más bien un procedimiento sorpresivo. En efecto, hasta fines del año pasado el gobierno argentino había expresado su beneplácito por la presencia de Repsol y hasta por su calidad de principal contribuyente. Sin embargo, el gobierno sostiene ahora que esa empresa es responsable del déficit energético del país en el 2011 y de afectar, por tanto, la balanza comercial. Oficialmente, ello deriva de la insuficiencia de inversión cuando la empresa reportaba grandes utilidades netas (US$ 16450 millones) y repartía dividendos (US$ 13246 millones) en el marco de una rápida recuperación de su inversión inicial. En base a ello el gobierno estima que el saldo financiero vinculado al valor de la empresa es de US$ 8813 (probablemente una aproximación al justiprecio). La empresa, a su vez, sostiene que sólo en adquisición de bienes para YPF ha invertido alrededor de US$ 20 mil millones entre 1999 y 2011 con un monto de inversiones (que incluye un récord en el 2011) superior a los resultados desde el 2006 y que sus ventas han crecido año a año aunque (aunque han decaído hasta un tercio del total).
Es en ese contexto aparece la riqueza que YPF Repsol no ha explotado suficientemente: el yacimiento Vacamuerta que, con fuerte componente de shale gas, contribuye a que Argentina sea considerada potencialmente como uno de los reservorios mayores de ese tipo de hidrocarburo en el mundo. Este componente geopolítico, que enriquece el señalado más arriba, opera en un escenario mayor: la proyección de autonomía hidrocarburífera hemisférica antes de que termine la década según algunas empresas transnacionales. De allí que las razones argentinas de defensa de la soberanía adquieran una dimensión superior a las de la simple agitación de la coyuntura política que fundamenta también la renovación de los reclamos sobre las Malvinas. La perspectiva de la gran Argentina, la peronista de los 40 del siglo pasado, puede estar reemergiendo.
Como se sabe, ésta se arraiga en una masiva presencia del Estado del cual las empresas públicas son un instrumento fundamental. Ese argumento no sólo daña el rol de la entidad pública sino que se explica mejor cuando su ausencia se imputa a su condición de víctima: Argentina es el único país entre los productores de hidrocarburos (desde Noruega hasta Rusia y desde Bolivia hasta Brasil) que no tiene una empresa estatal en el ramo dijo la Presidenta Fernández dando una seña más de irredentismo.
Esperamos que la altísima aprobación política que la medida ha tenido en el Senado argentino (incluyendo al partido opositor UCR y al privatizador Carlos Menem) y la que obtendrá en Diputados se corresponda con un buen entendimiento de los límites que deben ponerse a esta decisión.
