Durante la toma de posesión del cargo presidencial, Cristina Fernández no anunció grandes cambios y sí algunas generalidades (especialmente en materia económica y política exterior). Éstas acompañaron la omisión a temas que, como la seguridad interna, son de la mayor preocupación del electorado. Ello no ocultó, sin embargo, las corrientes de continuidad y cambio que están a la vista en el proceso argentino en este nuevo ciclo político.
Entre los elementos de continuidad sobresale el gran poder central que hereda la señora Fernández de su marido, el ex -presidente Néstor Kirchner. La tendencia que sugiere el mantenimiento de esa capacidad deriva de la ausencia de oposición relevante (la señora Fernández ganó con 45% de los votos mientras que su rival inmediata, Elsa Carrió obtuvo 23%).
De momento, ello permitirá gobernar sin mayores obstáculos y hasta mejorar la gestión pública, si la nueva presidenta se lo propone. El inconveniente que presenta esta particular situación es el del incremento de la responsabilidad presidencial por los problemas económicos del futuro y de su mayor vulnerabilidad a los efectos de la desorganización política. Éstas pueden incrementarse si la economía se desacelera fuertemente o si, entre otros problemas, la inflación no es atajada generando un derrumbe de expectativas.
Al respecto, el señor Kirchner probablemente desempeñará un rol preventivo cuya eficacia podría incrementarse si logra articular, como desea, una fuerza política integrada por la izquierda peronista y el radicalismo desmembrado. Esa fuerza puede ser el embrión formativo de partidos políticos serios y estables diferentes a los que hoy proliferan sin otra consistencia que la que brinda el líder (el caso del alcalde de Buenos Aires, el señor Macri).
Pero las fuerzas de continuidad deberán, en algún momento, atender mejor las más poderosas fuerzas de cambio. La primera de ellas es la económica. Si como sostiene The Economist, el crecimiento argentino disminuirá el próximo año y el subsiguiente fuertemente (5.9% y 4.8%, respectivamente), las fuertes expectativas ciudadanas pueden afectar las ganancias reflejadas hoy en la recomposición de las clases medias y en mayor empleo. Aunque la perfomance será alta en términos relativos externos, lo será menos en términos de su propio éxito anterior (8.8%, 9%, 9.2% y 8.5% de crecimiento entre el 2003 y el 2006).
Ese riesgo podrá ser mayor si la inflación, extraoficialmente estimada en 20% pesar de las cifras oficiales que le asignan un dígito, no logra controlarse mediante políticas algo menos expansivas e índices verosímiles. Aquéllas podrán ser cada vez más necesarias en tanto el creciente volumen importador no podrá ser financiado por inversiones o mayor gasto sin consecuencias mayores.
A ayudar a que ese cambio se produzca con estabilidad puede contribuir la reinserción financiera argentina si el Ejecutivo decide finalmente renegociar la deuda con el Club de París (US$ 7 mil millones). La mejor relación con el FMI contribuirá a mejorar esa tendencia (especialmente si esa organización no ha hecho cuestión de Estado sobre su intervención). En cambio, la vulnerabilidad financiera puede incrementarse si, como sostienen algunas fuentes, hay en el mercado alrededor de US$ 20 mil millones en bonos argentinos cuyos tenedores se negaron a participar en el canje castigado que impuso, a principios de su gobierno, el señor Kirchner.
En ese escenario el mejor trato a la inversión extranjera podrá dar una mano siempre que Argentina mejore las condiciones de estabilidad jurídica como se lo solicitan inversionistas de Estados Unidos, Francia y España (empresas de estos dos últimos países se han retirado del mercado argentino debido a la ausencia de esa garantía -el caso de Suez- y algunas españolas podrían hacerlo en el sector hidrocarburos).
El relanzamiento de la política exterior argentina, definida en términos de una nueva vocación de inserción, también podrá ayudar a un cambio estable si conduce con prudencia la ampliación de su ámbito. Sin embargo, la continuidad en el cargo del Canciller Taiana no da aún señas de ello.
En efecto, la presidenta argentina lejos de marcar distancias con el gobierno de Hugo Chávez, ha renovado el vínculo (al punto de favorecer un rápido ingreso de Venezuela al MERCOSUR ahora detenido en los congresos brasileño y paraguayo). Es más ese vínculo se ha planteado en el ámbito estructural definiéndolo en términos de "una ecuación de petróleo y alimentos" como lo sostuvo la señora Fernández en su discurso inaugural. Y éste adquirirá un matiz adicional: si el déficit energético mantiene sus actuales características (carestía interna y complicación de la relación con Chile), la dependencia de renovadas fuentes de aprovisionamiento boliviano se incrementará. Ello se reflejaría en el fortalecimiento de la mano del señor Morales cuya vocación autoritaria es hoy desafiada por la mayoría de las regiones de su país.
Las malas señales en ese derrotero no provienen sólo del Estado argentino sino de un poderoso sector del empresariado de ese país que ha preferido aplaudir al "comandante Chávez" cuando éste mencionó a Castro en una reunión en Buenos Aires (La Nación). Ello muestra lo que está dispuesto a hacer ese sector para mantener sus negocios petroleros en Venezuela (desde tubos hasta maquinaria).
Por lo demás, la relación con Uruguay no pareciera poder escapar aún a los términos del agrio diferendo sobre la papelera Botnia. En efecto, la señora Fernández pudo y quiso dar un nuevo giro a ese vínculo, pero no lo hizo. Así, luego de dar la bienvenida a su colega Vásquez y al pueblo uruguayo prefirió acentuar el diferendo definiéndolo con precisión: la supuesta violación uruguaya del derecho internacional y la solución del contencioso en La Haya. Aunque esa posición puede ser corregida por la Cancillería argentina, el acto inaugural no ayudó mucho a disminuir diferencias con "la banda oriental" y tampoco a recomponer la mellada cohesión del MERCOSUR.
Con la misma falta de tacto, la señora Fernández atendió el problema de los secuestrados por las FARC. En lugar de hacer un llamado a esa agrupación narcoterrorista para que libere a la señora Betancourt, la Presidenta solicitó al presidente Uribe una actitud "iluminada" frente al agresor. Aunque el presidente colombiano haya recibido en Buenos Aires el respaldo de sus colegas para el tratamiento de esta dificilísimo problema, el enfoque de la señora Fernández para aproximarse a él no ayuda demasiado y sí muestra mucho prejuicio.
Así, más allá de sus buenas intenciones en materia humanitaria y de orden interno, la señora Fernández insistió en acabar con la impunidad de la dictadura militar sin hacer la menor mención a las fuerzas subversivas que contribuyeron a ese flagelo. En este punto, la Presidenta pareció olvidar que las más altas autoridades militares argentinas (el General Balza, por ejemplo) ya expresaron sus públicas disculpas en torno a las violaciones de derechos humanos mientras que la contraparte agresora (p.e., el ERP) no lo ha hecho (es más el señor Firmenich se ha negado públicamente a proceder en ese sentido). Si es claro que en materia humanitaria no cabe impunidad, esa norma general debiera ser aplicada a todos.
En resumen, el nuevo gobierno argentino ha inaugurado su período con mayor predisposición al activismo externo e incrementada voluntad de mejorar su inserción internacional y de afianzar la estabilidad local. Pero ello no basta. Para que tenga éxito y eficacia en ese empeño, la presidenta argentina deberá afinar mejor sus objetivos e instrumentos.
Si en Suramérica esperamos que Argentina sea una fuente de progreso y de cohesión sus vecinos deben contribuir a que se consolide como tal sugiriendo, si ánimo de injerencia, las mejores formas de lograrlo antes que avalando errores iniciales que pueden ser corregidos.
