En el marco de una resurrecta vulnerabilidad regional como la que muestra la CEPAL en su reciente rebaja de proyección del crecimiento del área (de 2.7% a 2.2%), el complejo problema del default argentino adquiere una nueva dimensión.
Aquélla se expresa en un mayor riesgo para los que perciben a América Latina como un bloque. De ese percepción debería escapar países como Perú, Colombia y Chile (que crecerán este año 4.8%, 5% y 3%) sobre la base de mejores fundamentos que Bolivia (5.5%) o Paraguay (4.5%).
Sin embargo, el crecimiento del conjunto suramericano, donde se encuentran las mayores y mejores economías del área (salvo México, Panamá y Costa Rica) será apenas 0.2% superior al del Caribe (2%).
Ello es consecuencia de los serios problemas en las perfomances brasileña (apenas 1.4% este año) y argentina (un minúsculo 0.2% considerado optimista en tanto anuncia escape a la recesión que se instaló en marzo luego de dos trimestres seguidos de contracción).
Si, en ese marco, el default argentino se concreta, se incerementan los riesgos de que esa economía ingrese al círculo vicioso de encadenamiento de pérdida de confianza, salida de capitales, devaluación (adicional a la que ya realizó a principios de año), inflación, reducción de la demanda, inhibición del consumo, reducción de la producción y recesión. Peor aún si esta probabilidad se enmarca en pérdida de acceso al financiamiento externo (como ocurre con los agentes que caen en cesación de pagos) dejando sólo a las exportaciones como fuente de ingreso seguro (las colocaciones agropecuarias se recuperaron el año pasado y éste).
Ello implica problemas para los países del área que mayor interdependencia tengan con Argentina. Éste es especialmente el caso de Brasil (pero también de Uruguay cuyo sistema bancario que aloja, en medida no trivial, parte del ahorro argentino en el exterior).
Y si, en consecuencia, el default afecta al MERCOSUR, afectará de manera indirecta la integración regional (de allí que esquemas como la Alianza del Pacífico que tienen otras posibilidades de inserción sea tan importantes hoy).
A pesar del inconsistente manejo de la economía argentina (que la ha llevado a ser una fuente de incertidumbre en el área), el hecho es que, ésta vez, no es el gobierno de la Sra. Kirchner el principal responsable del default sino el sistema judicial norteamericano.
Éste, bajo la jurisdicción neoyorquina del juez Thomas Griesa, ha decretado que los bonistas que contribuyeron a reestructurar la deuda argentina de US$ 120 mil millones en el 2005 y 2010 aceptando castigos de hasta 70% (un 93% del total de acreedores) no reciban los pagos que les corresponde mientras Argentina no abone a parte del 7% restante el total del precio de los bonos no reestructurados más intereses (US$ 1500 millones más o menos ahora).
Esa pequeña minoría está compuesta por fondos de cobertura que compró los bonos argentinos de sus tenedores originales a precios extraordinariamente bajos en la expectativa de recibir el total de su valor más adelante. Ese momento ha llegado, según el juez Griesa, sin importar la suerte de los bonistas que representan el 93% restante (muchos de los cuales fueron, originalmente, pequeños inversionistas).
El juez Griesa ha podido sentenciar porque los bonos no renegociados fueron suscritos reconociendo la jurisdicción norteamericana (en este caso, la neoyorquina). Y ha podido sostener su imprudente sentencia porque ésta ha sido ratificada por la Corte Suprema.
Luego de ello, la mediación de un agente designado por la corte neoyorquina ha sido infructuosa (Argentina ha pedido su cambio por considerarlo parcializado).
Ello ha ocurrido como producto de unas negociaciones fracasadas en las que ni los fondos de cobertura ni el mediador entendieron que si Argentina paga a los bonistas que contribuyeron a reestructurar la deuda argentina, éstos podrían reclamar la totalidad del valor original de los bonos.
Ello ocurriría en tanto el contrato suscrito con estos acreedores establece que el deudor no debe procurar mejores condiciones de redención con otros. De ocurrir ese evento, esa mayoría tendrá derecho a esas mejores condiciones.
Ésta es la cláusula RUFO que el juez Griesa está indirectamente activando. Y, en consecuencia, sentando un precedente contra renegociaciones futuras que pudiera sacar a deudores y acreedores del atolladero del incumplimiento de deudas.
Estamos, por tanto, frente a un problema mayor. El Ejecutivo norteamericano así lo ha reconocido (en tanto no parece estar de acuerdo con esta interpretación del principio pari passu) y también lo han hecho mayores bancos del sistema. Especialmente los que trabajan con Argentina.
Entre ellos se encuentran el JP Morgan, el Citi, el Deutsche Bank y el HSBC que buscan un acuerdo con los hedge funds (NML y Aurelius). Esta negociación podría arrojar todavía algún resultado. Pero ni NML ni Aurelius, amparados por una sentencia firme, dan señas de ello a pesar de tener al frente entre tan poderosas entidades.
En ese marco, calificadoras de deuda como Fitch Ratings y Standard & Poor’s ya han declarado a Argentina en situación de moratoria técnica y degradado la deuda de ese país (Moody´s sólo ha establecido que la moratoria ya es un hecho).
Esta situación, sin embargo, no corresponde a una realidad manifiesta en tanto Argentina ha expresado su voluntad de pago argentina a los acreedores “reestructurados” concretada en la consignación parcial de ese pago.
Ello no sólo plantea una injusticia sino un dilema. De un lado está en el interés de los países que han padecido serios problemas de deuda externa (como el Perú) y delos que lo sufrirán en el futuro, que Argentina pueda pagar su deuda renegociada (como la ha hecho con el FMI y el Club de París).
Y del otro lado, aparece un problema de fondo: ¿puede un Estado plantear, bajo términos unilaterales, el castigo de la deuda por incapacidad o falta de voluntad de cumplimiento y ofrecer como alternativa sólo modalidades de pago como ocurrió en el 2005? El juez Griesa responde hoy negativamente esa pregunta.
En esta materia, sin embargo, nadie puede rasgarse las vestiduras. Y menos las grandes potencias que han incurrido en moratoria internacional o las que, como hoy, han debido recurrir a extraordinarios salvatajes de su inmenso sistema bancario a costa de los ingresos de los contribuyentes y de la estabilidad del sistema financiero internacional.
Insistimos. Más allá de la inconsistencia de la gestión económica argentina (éste sería su octavo default en la historia según The Economist y el segundo en doce años), interesa al sistema que Argentina pueda pagar sus deuda externa (como interesa también que la reforma del sistema financiero regule mejor el modus operandi de los hedge funds).
Ese interés colectivo no debe ser acompañado por el aplauso internacional o la solidaridad incondicional para una gestión como la que llevó a Argentina a la solución financiera del 2005 y 2008. Ésta no afectó sólo a inversionistas institucionales (que, obviamente, saben cómo lidiar con el riesgo) sino a varios miles de ahorristas cuando los bonos argentinos parecían ser un buen negocio. En ese momento los bonos argentinas se emitían en gran cantidad o valor llegando a dominar el mercado correspondiente como producto de la necesidad de financiamiento generada por una política de paridad con el dólar difícil de sostener. La cadena de pasivos consecuentes sigue.
Fuentes. Contexto.org, La Nación, El País, The Economist.
