Si el sistema financiero internacional reclama siempre, como debe, el pago oportuno de las obligaciones que se contraen en su ámbito, también exige el cumplimiento de ciertas reglas y procedimientos para la cancelación de las mismas.
El debate sobre la justicia de ese reclamo y sobre sus reales intenciones han sido devueltas al escenario tras el anuncio del gobierno argentino de su disposición a pagar la totalidad de su deuda con el Club de París en una sola operación, sin recurrir a las negociaciones tradicionales y apelando sólo al uso de las reservas internacionales argentinas.
A la luz de la desconfianza internacional que despierta la administración de la economía de ese país en una etapa de crisis global, el entusiasmo inicial por el anuncio de pago se h atenuado. Ello incluye al empresariado de ese país, cuyo importante sector agrario sigue fuertemente golpeado por el reciente enfrentamiento con el gobierno y por dificultades de acceso al crédito externo desde el default del 2001-2002.
Ese sector sigue complicado tras los duros términos que impuso el gobierno de Néstor Kirchner a los tenedores de bonos en el 2004. En su momento éstos fueron cancelados a precios unilateral y fuertemente castigados en momentos en que Argentina tenía una fuerte participación del mercado de bonos de economías emergentes (el estimado fue de hasta 40%).
Sólo una parte minoritaria de esos bonistas se negaron a la operación y plantearon reclamos al gobierno argentino por una cantidad que hoy se estima en US$ 29 mil millones. A ese monto ha contribuido, quizás de manera perversa, las compras de bonos argentinos por Venezuela que luego son revendido por este país (en apariencia, Argentina estaría pagando más en intereses que devengan esos papeles que en otros casos). Ello ciertamente no ha contribuido a abrir el mercado de créditos al Estado y empresarios argentinos.
Sin embargo, como a cualquier acreedor, a los miembros del Club de París les interesa el pago. En consecuencia han saludado el anuncio argentino. Pero el sistema no ve con tranquilidad que ese pago se efectúe al margen de las exigencias de revisión y transparencia de la economía argentina si es que se va a proceder luego a normalizar el acceso argentino al mercado financiero.
Uno de estos reclamos consiste en que las instituciones del sistema puedan revisar las cuentas de la economía argentina. Sin embargo, el gobierno de ese país ha dispuesto soberanamente que el FMI –que contribuyó, con inercial imprudencia, a la gestación de la crisis argentina a principios de siglo- no sea necesariamente uno de esos organismos contralores.
En ello el gobierno argentino lleva razón. Pero el hecho es que la desconfianza internacional no recae sólo sobre el pasado financiero argentino sino sobre su gestión económica actual, sobre sus cuentas y sobre su sistema estadístico. Su opacidad despierta serias dudas entre agentes económicos internos e internacionales. Un caso emblemático es el que concierne a la estimación de la inflación. En este acápite la brecha entre las cifras oficiales y los estimados externos superan fácilmente los diez puntos porcentuales.
Lo mismo ocurre, según La Nación, con el gasto público y otros indicadores fundamentales de la economía. Y la falta de transparencia que muestra el gobierno al respecto no contribuye a aliviar la desconfianza en él. Mucho menos cuando se asume que luego del pago, el gobierno argentino se consideraría liberado de los reclamos de diversos sectores sobre la necesidad de proceder a reformas económicas y de Estado en ese país.
Ello ha llevado al Financial Times a establecer que el pago de la deuda no implicará necesariamente un mejor acceso al sistema financiero. Si ello ocurre, el riesgo de default se mantendría aunque pronosticado a más largo plazo (La Nación así lo reporta).
Bajo términos convencionales, ello no ayudará sustancialmente a la reducción del riesgo regional que, aunque los analistas locales no lo registren, sigue impactando negativamente a las economías suramericanas como puede comprobarse en cualquier reporte semanal del Banco Centra de Reserva del Perú.
Ciertamente, la cancelación de la deuda argentina es una medida que debe ser saludada. Pero los términos de su realización abre un nuevo debate en el área sobre la relación con el sistema financiero internacional y cuestiona, por tanto, los términos de la inserción regional en él. Si el gobierno argentino no desea que el FMI u otras instituciones revisen sus cuentas, ésta es su decisión soberana. Pero su obligación regional es facilitar la transparencia de su economía. Y ello no está ocurriendo.
