No puede haber negociación más estratégica que aquella de la que depende la sobrevivencia de una población. Aunque de manera menos dramática, éste es el status de la negociación que cada Estado mantiene con empresas productoras de vacunas contra el Covid 19.
El hecho de que esas empresas sean, en su gran mayoría, privadas debería centrar la negociación en el precio del mercado si no fuera por la fuerte intervención estatal en los países productores para lograr la mayor producción posible y acceso propio a costa del aprovisionamiento de los países que carecen de ese potencial productor. Ningún país demandante que desee entrar en negociaciones con esos proveedores ignorará estas condiciones sui generis y podrá suponer, por tanto, que deberán afrontar alta discrecionalidad del ofertante en el trato con él.
En el caso de empresas públicas o fuertemente vinculadas al Estado bajo condiciones de exceso de demanda, la discrecionalidad de trato del ofertante puede ser mayor todavía. En general, ése es el caso de Sinopharm.
Como norma general se puede afirmar que la debilidad negociadora del país comprador con una empresa de esas condiciones será proporcional a la dimensión de su necesidad real y conocida antes que a su demanda formal. Si, en ese caso, se trata de la vida de los ciudadanos de ese país, tal debilidad puede ser indistinguible de la vulnerabilidad en el sentido de que la predisposición del comprador a aceptar condiciones extremas que, bajo condiciones de mayor paridad no aceptaría, es mayor (especialmente, si es aquélla es conocida por el ofertante).
A falta de mayor información debido a la reserva negociadora (que permite que el juego sucio y que el relativo aislamiento de la presión social disminuyan su efecto destructivo en el proceso) es natural suponer que Sinopharm y el Estado chino habrán logrado el conjunto de sus objetivos en el Perú (desde la mayor influencia hasta la gradación más conveniente en las entregas) al colocar 38 millones de dosis y que el Perú habrá decido pagar, casi a toda costa, el valor de las vidas ciudadanas y de su Estado.
Entre ellas la asignación de 1200 dosis para el uso discrecional de la Embajada china en Lima. Ello es un costo menor especialmente si la parte peruana logró que se le asignara 2 mil dosis para el equipo negociador (EC).
Si este lote es complementario de los 38 millones o forma parte de él con otro status, no lo sabemos. Lo que sabemos es las partes peruana y china estuvieron de acuerdo en su monto. En consecuencia, es de suponer que la precisión del mismo implicaba tener una idea clara del destino de ambos lotes y bajo qué condiciones se entregarían éstos.
Si tener claridad sobre esta normatividad básica era una obligación del gobierno peruano, nadie debía llamarse a confusiones al respecto. Y tampoco a tentaciones agravadas por el trato cotidiano con el privilegio, que es una de las actividades profesionales de la diplomacia…..salvo que esas normas no hubieran sido proclamadas.
En ese caso se presentan dos escenarios. El del error sustancial del Ejecutivo que no estableció rigurosa y explícitamente la pirámide de funcionarios de rol excepcional en el manejo de la crisis y que, en consecuencia debían ser “necesariamente” vacunados (especialmente luego de que el Presidente lo fuera). Y, a su sombra, el del abuso del privilegio por funcionarios que efectivamente son indispensables en la gestión de la crisis y que, por la inercia de su modus operandi –amparada por el número de vacunas disponibles- se consideraron merecedores del beneficio excepcional y adicional (sus familias, p.e.) de la vacuna.
Por inmadurez profesional o por atrofia de los propios patrones éticos este segundo escenario suele envolver a los burócratas que creen que su vínculo con el Estado es, efectivamente, esencial para éste.
Finalmente, está la explicación de la omnipresente corrupción cuya cultura el Perú repudia, pero de la que también abreva en ciclos a veces indistinguibles, como responsable del escándalo que afecta hoy a los beneficiados por las 2 mil dosis extra de vacunas, cantidad que supera largamente a los diplomáticos comprometidos.
El marco del entuerto es la justificada indignación de cada ciudadano que siente que su vida está en juego mientras estas conductas que, percibiéndose de orden superior, parecen despreciarla.
