La relación con los países vecinos, últimamente tan propensa a la tipificación diplomática diferencial, ha sido enriquecida desde hace algunos años con instrumentos de relación sectorial que abarca al conjunto del gobierno. Este instrumento (las reuniones de gabinetes binacionales presididas por los Jefes de Estado) parecía ser el resultado de una muy alta calidad de relación y de una particular necesidad estratégica (los casos de Ecuador y Colombia).
Concentradas estas reuniones con los vecinos del norte, ahora acaban de iniciarse en el sur con Bolivia aunque prescindiendo de los requisitos de status y de necesidad mencionados. En efecto, la relación con este vecino se encuentra deteriorada no porque el Perú no atienda los problemas de su mediterraneidad (el acuerdo de Ilo de 1992 y los compromisos complementarios –algunos ya felizmente corregidos- lo prueban) ni porque Bolivia esté jugando la “carta chilena” en perjuicio peruano (la demanda planteada ante la Corte Internacional de Justicia para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar es evidencia de ello).
El deterioro de la relación bilateral está en realidad más vinculado a las condiciones ideológicas, a las formas eventualmente confrontacionales del gobierno boliviano y a las grandes complicaciones administrativas que plantean los usos y costumbres de ese gobierno en el cumplimiento de los compromisos bilaterales de potencial mutuo beneficio.
Al respecto la increíble desatención boliviana de las zonas francas industrial y turística que el Perú concedió en Ilo (a pesar de la construcción de la costosa y excelente carretera Ilo-La Paz) es quizás la muestra más estridente de ello. Pero también lo es la tortuosa negociación de una sencilla aduana compartida en el altiplano (el CEBAF, que se extiende a lo largo de más de una década), la politización de un instrumento de naturaleza funcional para el control del nivel de las aguas del lago Titicaca (el ALT, que debía ser administrado con criterios esencialmente técnicos) y el escasísimo progreso de la gestión el sistema ecológico que conforman el Lago Titicaca, el Desaguadero, el Poopó y el salar de Coipasa (sistema TDPS).
Esta muestra decepcionante de proyectos en actividad es complementada por un no escaso número de proyectos frustrados (como las plantas de bitrochaje en ambos lados del Lago, o la del gasoducto entre Tarija/Santa Cruz e Ilo o Matarani, o el de las facilidades peruanas en Puerto Suárez) que contribuyen a incrementar el peso muerto de la relación bilateral.
Para deshacerse de ese lastre se realizaron gestiones para reactivar esa relación (luego del mal trato de que fue objeto un embajador peruano) mediante ofertas de mejoramiento de las facilidades bolivianas en Ilo (que no estaban perfectamente encuadradas en la ley ni en el interés nacionales).
A pesar de ello, la relación con Bolivia siguió arrojando signos escasamente favorables mientras que las fuerzas geopolíticas que condicionan ese país la atraen más hacia el sur (el gas boliviano se exporta fundamentalmente a Brasil y algún remanente a Argentina) erosionando el núcleo de cohesión del altiplano. Ello ocurre al compás del uso político del indigenismo aimara, de la invariable militancia antistémica del gobierno boliviano en el ALBA, de sus pretensiones de generar presencia internacional desterritorializada y hasta un área de influencia en asociación con Cuba y Venezuela.
En ese contexto quizás se explique la necesidad peruana de mejorar la relación bilateral complementando una ya amplia cartera de proyectos sectoriales de cooperación mediante una reunión de gabinetes presidida por los respectivos Jefes de Estado. Los riesgos diplomáticos y administrativos del recurso a esa instancia son altos en tanto que, por encima de ella, no existe otro nivel al que pueda recurrirse para componer lo que pudiera no marchar en una relación en la que, además, el riesgo político se ha incrementado notablemente desde que el presidente Morales asumió el poder.
Para tranquilidad nuestra, la Declaración de la Isla Esteves no ha innovado la agenda con ofrecimientos espectaculares de mayor integración. Sus prioridades son funcionales y de naturaleza cooperativa antes que política (algo que Chile debería evaluar antes de reaccionar innecesariamente). Éstas giran en torno a las problemáticas de los recursos hídricos, del medio ambiente, de la seguridad y la defensa no convencional y de la infraestructura.
Aunque su cobertura se pretende nacional, el ámbito de la aplicación de la mayoría de los compromisos parece vinculado a las regiones y poblaciones fronterizas. Acompañando esa perspectiva reduccionista se reitera, sin embargo, en la Declaración, la calidad geopolítica del lago Titicaca (la del altiplano peruano-boliviano, en realidad) aunque con moderación minimalista: la necesidad de rehabilitar el Lago es una prioridad frente a su contaminación creciente.
Aunque no está dicho en el documento, el origen de esa contaminación se origina especialmente en El Alto en la parte del “Lago Menor” y en las lamentables condiciones de la bahía de Puno. Con la cantidad de organismos de cooperación internacional existentes en el área, descontaminar el Lago no debiera ser un problema mayor. Y sin embargo éste se ha ido agravando a lo largo del último cuarto de siglo. Corregir este problema debiera ser una prioridad binacional que devolvería sostenibilidad e identidad al altiplano y a la población aimara quizás en dimensiones superiores a las que cualquier movimiento político pudiera proporcionar.
Desde nuestro punto de vista, ésta es la acción de cooperación bilateral central que condiciona la decisión de gestionar mejorar el sistema TDPS y el ALT tanto por la viabilidad de realización como por el razonable mediano plazo que requiere. Siéndolo, la recuperación de los ríos Sucre y Madre de Dios no es empresa que deba generar complicaciones siempre que no provengan de las disputas entre poblaciones locales.
En materia de seguridad, una mayor y mejor de cooperación peruano-boliviana en la lucha contra el narcotráfico es imprescindible para terminar con la amenaza que surge del VRAEM, del descontrol de los espacios relevantes (incluyendo el aéreo que hoy presenta tantas limitaciones) y del incremento del tráfico de droga que se orienta principalmente al Brasil. Quizás en la Declaración faltó mencionar la inclusión de la cooperación brasileña en la confrontación de esta amenaza con el propósito de acabar con ella. El control político que tiene el presidente boliviano sobre los sindicatos cocaleros de su país es aquí importante para lograr el objetivo de erradicar el narcotráfico.
Y si la cooperación del Brasil es necesaria al respecto, la de Chile es indispensable para contener y terminar con el contrabando que parte de Iquique y que llaga a Juliaca vía La Paz en dimensiones extraordinarias (75% del flujo ilegal de bienes que ingresan al Perú lo hace por esa vía). La cuantificación del daño tributario y cultural que ello produce a la población aimara que se dedica al comercio es gigantesco (y claramente superior al estimado de US$ 600 millones en se valorizaba el contrabando del área a finales del siglo pasado).
El control de este problema ayudará al control del tráfico de personas y a mejorar “el clima de negocios” en el siempre activo mercado altiplánico.
En materia de integración económica no hay mucho más por hacer mientras el gobierno del presidente Morales siga cuestionando el comercio libre y, por tanto, las zonas y acuerdos de libre comercio. Aquí las acciones deberán ser puntuales y ad hoc vinculadas a la facilitación del tráfico fronterizo legal (el CEBAF) y a mejorar la integración física y energética bilateral.
Para emprender proyectos en relación a la primera debe promoverse el uso adecuado de la muy moderna infraestructura existente (la carretera Ilo-La Paz está subutilizada). Y mientras que una adecuada integración hidrocarburífera que facilite la viabilidad del complejo petroquímico del sur peruano con beneficios de exportación para Bolivia es razonable y viable, la integración de energía hidráulica con origen en la ceja selva peruana es un requerimiento que Bolivia debe aprovechar como, bajo otras condiciones, sucede en el norte entre el Perú, Ecuador y Colombia.
Ello debe incluir a Chile siempre que ese país se muestre dispuesto a normalizar la relación con el Perú en materia territorial.
En cuanto al corredor ferroviario bioceánico, que no es una idea nueva, el Perú debiera mirar el escenario en función de la realidad geopolítica que implica tener acceso al centro suramericano (en la medida en que éste pueda enriquecerse económicamente) y de mejorar la calidad de los puertos de Ilo y Matarani como alternativa o complemento viable de una vía férrea transamazónica conectada con Bayóvar (la propuesta china).
Ésta última depende de la funcionalidad y dimensión económica de la ruta fluvial del Amazonas (cuya demora de puesta en valor es preocupante) y de un fundamento superior al de proporcionar una salida a la soya brasileña y productos conexos. En ningún caso el rol del Perú puede limitarse a ser el portero del acceso a la cuenca del Pacífico.
Por lo demás, la Alianza del Pacífico presenta una realidad en marcha que no puede escamotear a una Bolivia moderna sólo por la predilección andina del presidente Morales (que no ha contribuido en nada en mejorar la situación de la CAN). La dimensión oceánica y hemisférica de esa Alianza no debe dejar al margen a los productores bolivianos limitados hoy por los efectos económicos de una ideología estatal anacrónica y continentalmente retrógrada.
En cuanto al problema de la mediterraneidad boliviana, es claro que el Perú no puede ni debe tomar posición en el problema que dirimirá la Corte Internacional de Justicia. Como claro es que el Chile debe cumplir con los términos del Tratado de 1929 y el protocolo complementario suscrito con el Perú que implica un acuerdo previo peruano-chileno antes de comprometer cualquier cesión a terceros Estados de territorios que fueron peruanos.
Es más, los términos de ese acuerdo deben aplicarse de manera estricta mientras el gobierno de Bolivia no dé señas sostenidas de disposición constructiva. Una de ellas consiste en poner fin a la creencia que Arica es la única salida al mar viable para Bolivia.
