6 de febrero de 2024
Por si su conducta no fueran suficiente para reconocer en Maduro la naturaleza de un dictador, éste acaba de clamar que ganará, “por las buenas o por las malas”, los comicios electorales en que pudiera embarcarse. Luego de un cuarto de siglo de despotismo devenido en catástrofe cotidiana, el régimen chavista ha consolidado el control de lo queda de un Estado cubanizado que no soltará si no cuaja una fuerza contraria más poderosa.
La evidencia al respecto es contundente: ni un inicial intento de golpe de Estado (2002), ni la oposición que logró representación parlamentaria, ni protestas populares que hubieran tumbado a cualquier gobernante democrático en la región, ni negociaciones políticas internas y externas, ni presiones económicas ni el aislamiento internacional han podido cambiar la conducta del dictador.
En efecto, el totalitarismo chavista ha sabido lidiar con cada intento democratizador a pesar del enorme malestar interno que aquél ha causado. ¿Cómo se explica entonces el éxito dictatorial? Las explicaciones son puntuales: el régimen es extraordinariamente fuerte, la oposición es feble y las medidas adoptadas para lograr un cambio han carecido del poder coactivo suficiente.
Pero, salvo por un extraordinaria capacidad represiva estatal, no hay explicación para la ausencia de una contundente respuesta ciudadana teniendo en cuenta que Maduro sólo registraría hoy un 9% de apoyo popular (TE).
Quizás ello se explica por la carencia de medios en una economía destruida (que registró una pérdida de 75% del PBI entre el 2013 y 2021, CEPAL), por un nivel de pobreza de 83% (ENCOVI) y una emigración forzada de 7.7 millones de venezolanos 83% de los cuales no encuentran plena y sana asimilación en los países vecinos en donde intentan arraigarse.
La respuesta contundente podría esperarse entonces para el segundo semestre de este año cuando debieran producirse elecciones presidenciales, hoy en riesgo, impulsadas por negociaciones entre la dictadura y la oposición intermediadas por Noruega. Ese proceso se inició en 2019, después de que Maduro fraguara los comicios de ese año y de que estableciera un congreso paralelo (la Asamblea Nacional Constituyente que debía anular a la Asamblea Nacional). La ilegitimidad del resultado fue impugnada por la mayoría de los países democráticos de América Latina además de Estados Unidos y de la Unión Europea. Como consecuencia, alrededor de 60 estados reconocieron como presidente interino al entonces presidente del Congreso, Juan Guaidó.
Al tiempo que surgía en la región el Grupo de Lima, se iniciaban en ciudad de México los contactos mencionados por la iniciativa nórdica. Esas conversaciones derivaron en negociaciones en búsqueda de una solución democrática para Venezuela. Tras media decena de reuniones complementadas por “acompañantes” (Países Bajos y Rusia) esas negociaciones concluyeron en un entendimiento para proceder a elecciones en el segundo semestre de 2024 previo cumplimiento de un acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales y otro sobre respeto de la soberanía nacional. El primero reconocía el derecho de las partes a seleccionar libremente sus candidatos al tiempo que las garantías procesales se promoverían de manera conjunta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Lamentablemente el acuerdo legitimó, sin reformas previas, a un CNE manipulado por Maduro al punto que éste reiteró la inhabilitación por 15 años de la principal candidata opositora (María Corina Machado) establecida por la Contraloría. Machado había ganado las primarias de la oposición con 92% de aprobación.
En consecuencia, Estados Unidos dejó de lado, parcialmente, la suspensión temporal de sanciones levantadas como estímulo electoral. Hoy el gobierno venezolano sólo puede realizar, hasta abril, acuerdos de extracción y comercialización petrolera con PDVSA. El impedimento de operaciones mineras por extranjeros en Venezuela se ha restablecido. Aunque la vuelta al pasado no es completa la situación evidencia la indisposición de Maduro a limitar o dejar el poder.
Previamente, Maduro había maniobrado para frustrar otro intento de restauración democrática: el del Grupo de Contacto de iniciativa europea e integrado por países europeos y latinoamericanos, amparado por Estados Unidos y por el Vaticano. La dictadura llevó al fracaso a ese grupo entre denuncias de la Secretaría General de la OEA contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad resumidos en la situación paupérrima de la población venezolana generada por el gobierno.
Esas denuncias tampoco amilanaron a Maduro que fue confrontado por el Grupo de Lima. Luego de complicaciones que impidieron la plena aplicación de la Carta Democrática Interamericana por los miembros del ALBA, 14 países del área acordaron, también en 2019, condenar la ruptura del orden democrático en Venezuela y no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente mientras expresaban solidaridad con la Asamblea Nacional, denunciaban la catástrofe humanitaria en Venezuela y comprometían el esfuerzo colectivo para lograr el restablecimiento de la democracia (incluyendo negociaciones “creíbles” al respecto).
Pero el escenario regional fue cambiando induciendo al retiro progresivo de los países del Grupo (incluido el gobierno de Castillo que retomó, al más alto nivel, las relaciones con Venezuela).
Luego de que ese esfuerzo regional fuera neutralizado por los congéneres ideológicos del chavismo, quedaba sólo la mediación noruega que hoy también naufraga. Si es claro que la dictadura de Maduro es un problema regional y occidental que, por algún milagro, pudiera ser resuelto por renovadas negociaciones, éstas requerirán de mucha mayor presión colectiva. Sin embargo, las probabilidades de que ese eventual proceso conduzca a más de lo mismo son altas disminuyendo el rasero de expectativas (p.e. la disposición de Maduro a encajonar en algún rincón de la Asamblea Nacional a la oposición con él en el poder).
A este callejón sin salida han contribuido Cuba (un baluarte de inteligencia en Caracas), China y Rusia, bastiones de la protección extrarregional venezolana.
Desde que, en 2001, Venezuela y China suscribieron un acuerdo de asociación estratégica (que, con otras condiciones, también ha negociado el Perú), China devino en el principal socio financiero y uno de los principales interlocutores comerciales del régimen chavista. La diferencia de ese status con el que China ostenta en los demás países del área, no se expresa sólo en considerable inversión externa sino en US$ 67 mil millones de impagables préstamos respaldados por garantías energéticas (Bloomberg).
En el caso ruso, el acervo de numerosos contactos resultó en amplia cooperación multisectorial, presencia de empresas rusas del sector hidrocarburos y entendimientos militares (que van desde ejercicios con presencia de bombarderos estratégicos y buques de la Armada rusa en Venezuela hasta transferencia de tecnología y de sistemas de armas). Y también en desafiante vinculación geopolítica que, fortaleciendo a Maduro, complica el escenario hemisférico queriendo compensar en el Caribe, en mucho menor escala, la expansión occidental en Europa Oriental remembrante de otros tiempos.
Como queda claro, la dictadura venezolana cuenta, además, con importante proyección externa que genera inseguridad en el área. Incluyendo un eventual conflicto con Guyana. Esto tiene que cambiar.
