El gobierno venezolano abandonó hace tiempo el status autoritario y ha devenido en dictadura. Ese tránsito ocurrió desde que el gobierno de Maduro eliminó por completo la separación de poderes del Estado, empleó al conjunto institucional para inhabilitar y agredir a la Asamblea Nacional venezolana y agudizó su control sobre todas las instancias políticas y militares.
Hoy la dictadura ha sido jurídicamente reconocida por esa Asamblea cuando ésta declaró, finalmente, la materialización de la ruptura del orden constitucional.
En consecuencia, la irresponsabilidad regional al no aplicar la Carta Democrática cuando el Secretario General de la OEA explicó minuciosamente el quebrantamiento del orden interno venezolano y el sistemático abuso de la autoridad en ese país, ya no tiene excusas para su reiteración. El marco jurídico para su reclamada iniciativa ha sido planteado por los propios venezolanos.
Esa puerta abierta estará siendo franqueada hoy por el Perú en la Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Cartagena cuando el Presidente Kuczysnki plantee la aplicación de esa Carta Democrática. Como en Venezuela existe también una crisis humanitaria que implica la degradación extrema de provisión de servicios públicos y de productos de primera necesidad, el Presidente propondrá también unas medidas paliativas al respecto.
Frente a la evidencia del abuso dictatorial en Venezuela los obstáculos para lograr los votos necesarios para aplicar la Carta deberían haber desaparecido. Pero es probable que en Cartagena algunos socios del ALBA aleguen que la Cumbre Iberoamericana no es el foro para considerar ese instrumento, que argumenten que es la oposición la que está generando violencia con movilizaciones anarquizantes y que se está haciendo caso omiso a un diálogo que el Vaticano ha convocado.
Ninguno de esos argumentos debe debilitar la iniciativa peruana, que en realidad será probablemente colectiva a la luz de la preocupación conjunta declarada ya por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay el 26 de octubre en el marco de la OEA.
Es más, la activación de la Carta puede plantearse de inmediato en la sede del órgano hemisférico convocando a un período extraordinario de sesiones para proceder, de acuerdo con el artículo 21, a la suspensión de Venezuela de su participación en la OEA. Lo mismo debe hacer el MERCUR en consistencia con sus propias normas y las muy claras declaraciones del presidente Macri.
Y aunque UNASUR debería seguir esa huella, las objeciones de Bolivia y Ecuador y la proclividad antidemocrática del Secretario General Samper, ello quizás no ocurra. Pero aún así parece necesario que se deje constancia en esa instancia de la decisión de la mayoría de no reconocer la participación venezolana mientras el orden constitucional no sea restaurado en ese país.
En ese marco de aislamiento político del régimen de Maduro (que no es comunicacional) y de presión externa para que permita el cambio democrático en su país es que el diálogo interno venezolano convocado in extremis por el Vaticano puede tener perspectivas de éxito a pesar de no haber consultado a la oposición para convocarlo.
Pero si, en lugar de ello, se optara por las alternativas de minimis de la Carta (nuevas investigaciones y buenos oficios), el dictador Maduro sabrá que tiene una carta ganadora que podrá jugar una y otra vez sin que ningún costo le sea reclamado. Es decir, no convocará al referéndum revocatorio (o no lo hará a tiempo), no se le ocurrirá convocar a nuevas elecciones bajo las actuales circunstancias (porque las perderá en todos los campos) y seguirá impidiendo la satisfacción del reclamo mayoritario empleando instancias del Poder Judicial sea para terminar de enterrar el referéndum sea para no aplicar las decisiones de la Asamblea Nacional. En ese proceso la represión interna y la manipulación de las iniciativas externas se intensificarán.
Entonces el diálogo, irrazonablemente calculado por el Vaticano, será un pretexto más para la sobrevivencia del régimen chavista que ha llevado a su población a la desesperación económica. Una prueba de ello esa la decisión gubernamental, también a la hora nona, de elevar el salario básico en 40% cuando la inflación puede traspasar este año el umbral de la hiperinflación (llegando hasta a 2000% según economistas venezolanos) y que el gobierno reconoce ya en 500% (lo que indica que es mucho mayor).
De no aplicarse la Carta Democrática con rigor, se perpetuarán ese tipo de políticas que agravan la extrema gravedad de la economía venezolana que se refleja en la completa desarticulación del marcado y que ha llevado a la principal fuente de divisas del Estado –PDVSA- a suplicar el canje de bonos en el mercado internacional para reducir la presión de sus obligaciones financieras.
En esas condiciones, la explosión social en Venezuela dejará de ser una predicción para transformarse en confrontación violenta generalizada.
Ni Venezuela ni la región pueden permitirse que ese desarrollo –que es una amenaza colectiva real- se concrete generando mayor inestabilidad y desconfianza en el área en un contexto internacional extremadamente complicado.
En ese proceso, la región debe reclamarle también a la oposición democrática que consolide un plan de gobierno que hasta ahora no ha mostrado.
