26 de abril de 2023
El deterioro de la relación bilateral producto de la irresponsable manipulación ideológica del trato con el Perú, de circunstancias poco propicias y del sabotaje de la Alianza del Pacífico no cesa.
Como nunca en la historia reciente, la instrumentación del reconocimiento de un gobierno legal se ha colectivizado en la agenda vecinal en base a la distorsión de los hechos. Tal instrumento de injerencia sigue siendo empleado por México y Colombia.
En camino a su encuentro con el Presidente Biden, nada menos, Petro ha reincido en ello en el marco OEA. De esa posición tampoco se ha excluido Bolivia cuyo gobierno no ha corregido su afirmación de que el gobierno peruano es una dictadura.
Chile, en cambio, ha modificado su posición remitiéndose, por fin, a los hechos que establecen la legalidad del gobierno peruano mientras Brasil no parece desear más demostraciones que los deseos de buena suerte expresados al gobierno de la presidente Boluarte luego de manifestar desazón por la suerte del golpista Castillo.
Esta situación sólo agrega inestabilidad, fricción y desconfianza con un país central en el Pacífico suramericano, la cordillera andina y en la periferia amazónica. El hecho de que estos factores contribuirán, por su peso específico, a recuperar la relación vecinal no parecen ser considerados por gobernantes de gran propensión populista e indiferentes al largo plazo.
De otro lado, es lamentable la situación del presidente del Ecuador quien, habiendo sido el único Jefe de Estado vecinal que ha adoptada una posición sensata en relación al Perú, ahora se encuentra en las puertas de un juicio político. Éste puede terminar con la “muerte cruzada”, figura que en Ecuador se aplica a la capacidad presidencial de disolver el Congreso antes de ser destituido con el propósito de convocar a elecciones.
La inestabilidad política en ese vecino, nuevamente promovida por movimientos sociales como la CONAIE “indígena” y los partidarios del ex presidente Correa, complicará el progreso de la buena relación con el Ecuador y sus instituciones de cooperación bilateral.
En la relación con Chile, múltiples programas de cooperación similares pueden ser retomados con rapidez. Especialmente en asuntos de seguridad como el combate al narcotráfico y la mejor gestión de las migraciones trasnacionales.
Lamentablemente, en este último caso, la gestión ha sido encargada a la Fuerza Armada de Chile cuya experiencia en la materia no es extraordinaria. Un eventual vínculo cooperativo con su par peruana acaba de encontrar un serio obstáculo en el reportado traslado de migrantes ilegales de Chile al Perú. El hecho, que está bajo investigación, señala los peligros de encargar a las fuerzas armadas a ambos lados de las fronteras tareas que no les corresponde. Pero también muestra el requerimiento de cooperar en el trato de esta materia mediante el establecimiento de reglas comunes.
Y aunque autoridades fronterizas de Perú y Bolivia (Combifron) coordinaran a finales del año pasado acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y el contrabando, entre otras, la conflictiva posición del gobierno boliviano en relación al Perú y visiones distintas de la naturaleza y magnitud del problema señalado no ayudan a avizorar algún avance serio en el trato de la materia.
Menos cuando el gobernó boliviano ha agregado a su serio sesgo autoritario y a la fragmentación interna que fomenta, una crisis económica derivada del agotamiento de ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos, subsidios desfinanciados, carencia de reservas y desconfianza en el sistema bancario. La inestabilidad social consecuente se trasladará al sur del Perú debido a los fuertes vínculos de la economía informal de esas zonas.
El gobierno colombiano plantea al Perú hoy un riesgo mucho mayor. Éste agrega a la reiteración del cuestionamiento de la legalidad de la presidenta Boluarte, el manifiesto desprecio por los métodos diplomáticos de solución de crisis (el mismo estilo boliviano) y la desatención de ese gobernante al impacto en los vecinos de su plan de “paz total” (que, al margen de su precario avance, inducirá el “efecto globo” en las mafias que trafican en nuestro territorio) mientras el diálogo privilegiado con la dictadura de Maduro erosiona los fundamentos de la Carta Democrática que Petro desea reformar.
En efecto, ese gobernante no se ha tomado la molestia de solicitar la cooperación de los vecinos ni de advertirlos de los riesgos que implica para éstos la legalización de grupos terroristas y narcotraficantes. Y tampoco les ha solicitado opinión antes de involucrarse con una dictadura que ha producido el exilio de 7 millones de venezolanos de los cuales alrededor de un millón están arraigados en el Perú y cerca de 700 mil en Chile muchos de los cuales son causantes de problemas con nuestro país.
Al respecto, no es buena la reiteración por el presidente Biden del status estratégico que Estados Unidos confiere a Colombia sin acompañarla de una invocación a la buena relación entre países suramericanos con los que la gran potencia tiene intereses sustantivos.
Brasil presenta una problemática inversa: el reposicionamiento diplomático entre medianas y grandes potencias ha consumido los primeros 100 días del gobierno de Lula sin que éste dé mayores señas de preocupación regional. Sobre ello no es necesario un gran despliegue de imaginación. Si Lula desea recuperar su status mundial y sus programas nacionales en un marco de polarización interna, también deseará liderar al subcontinente mediante las prioridades ambiental, amazónica, conosureña y la reconstitución de arquitecturas ya fracasadas. El Perú no querrá volver a desempeñar un rol subsidiario en estas lides. Y menos cuando la relación con Brasil estará permeada por el “caso Toledo” y su perversa relación con instituciones y empresas brasileñas.
De otro lado, si nuestra Cancillería no es transparente en estos temas sí lo es en relación al sabotaje de la Alianza del Pacífico por México y la asistencia colombiana. Este régimen es menos importante por su comercio intrarregional que por su potencial de cooperación en servicios, atracción de inversión extranjera, integración bursátil (el MILA), pymes y vinculación al mundo a través de 6 decenas de observadores. De ese potencial sobresale su dimensión geopolítica basada en fundamentos democráticos y mercados libres y en su proyección sobre el Pacífico en momentos en que el Perú acogerá la reunión de líderes de APEC en 2024 que permitiría agregar escala a esa proyección. México y Colombia están cercenando esa proyección (cuyo reemplazo por una red de TLC es insuficiente) y, por tanto produciendo un daño regional que debe ser revertido.
