28 de octubre de 2021
Los diez ejes en que se divide el plan de gobierno que debería comandar la Primera Ministra Mirtha Vásquez tiene, en efectos, prioridades, objetivos y orden. Pero muchos de esos ejes carecen de políticas e instrumentos adecuados. Uno de los más pobres es, al respecto, el capítulo correspondiente a la política exterior.
Éste contrasta con la muy abundante referencia a los “derechos básicos de la gente” y hasta con el capítulo sobre reactivación económica (tan precario, sin embargo, en medidas concretas para la promoción de la inversión privada de cara a un escenario inversionista de crecimiento 0 el próximo año y una perfomance del PBI más cercana al 2.5% que al 4.8% indicado).
Aunque en estos mensajes, la política exterior suele referirse en los capítulos de menor alcance (y siempre hacia el final de la propuesta general), el tópico que convocó la atención fue asombrosamente parroquial e ignorante.
En efecto, el tópico fue apenas tocado a propósito de la “integración fronteriza desde una diplomacia autónoma y democrática”. Ello revela una minusválida y aldeana percepción de la exigencia de esa política. Su diminuta perspectiva es tan peligrosa como la megalomanía con que se pretendió que el Perú era un poder determinante en la escala sistémica de la década de los 70 del siglo pasado.
Especialmente cuando los proyectos significativos de integración fronteriza, siendo tan importantes para la estabilidad vecinal, no son abundantes y marchan a una velocidad evocativa de la pre-revolución industrial (un ejemplo de ello es la que pretende articular la relación territorial con Bolivia -país con el que se llevará a cabo un reunión binacional de gabinetes remarcando un privilegio ideológico ya conocido- cuyos plazos de realización de proyectos pueden medirse en tiempos generacionales).
Y si ese estrechísimo alcance de proyección internacional está calificado por una “diplomacia democrática” cuya significación no alude precisamente a nuestros compromisos con la defensa colectiva de la democracia representativa en el área (y tampoco a una fuente nacional democrática sino más bien a una versión autoritaria vinculada al marxismo), la aproximación a la política exterior parece desprovista de significados y contenidos serios y creíbles.
Es en este marco insignificante que la Premier dio a conocer que su entendimiento de la proyección externa del Perú es tan anacrónico como ignorante del muy complejo escenario internacional en que debe insertarse el Estado. Para ella -y el presidente Castillo-, con excepción de la “Patria Grande” (una expresión regionalista de origen argentino antes que bolivariano), el mundo no existe y nuestros problemas y oportunidades externas se escenifican apenas entre la variante limítrofe y la de los esquemas de integración subregionales.
En efecto, como si nuestro principal mercado de exportaciones tradicionales no fuera China y la Unión Europea y la América Latina no lo fueran en el caso de las no tradicionales (o si las fuentes de inversión extranjera directa no fueran fundamentalmente extra-regionales), la Premier sólo se refirió a los acuerdos de integración suramericanos.
Y lo hizo con total prescindencia de su significado estratégico y de lo que se espera de ellos. En el proceso, confundió foros de discusión latinoamericanos (como la CELAC) con acuerdos de integración tradicionales.
Sobre el particular, la Premier pretende, en apariencia, una enésima reforma de la Comunidad Andina cuyos instrumentos básicos económicos y de integración física han sido ya revisados ad nauseam en el primer caso y revelándose incapaces en el segundo. Con más de medio siglo de funcionamiento la CAN requiere una decidida promoción de agentes económicos antes que una refundación política o ideológica (que es lo que se pretende).
De otro lado, la Premier parece no haber sido informada sobre la tan prometedora Alianza del Pacífico. Y que ésta no cumple hoy con las expectativas quizás porque su sustento fundamental no explícito -la vigencia de democracias liberales y de libre mercado- están viniendo a menos en todos los países que la conforman y porque la Alianza no aprovecha su principal activo: el mar (su potencial, sin embargo, sigue siendo inmenso).
En relación al MERCOSUR, la Premier parece ignorar que el Perú no es parte de ese acuerdo. Como su nombre lo indica, ese espacio económico compromete a los países del Cono Sur, los que, por perversión ideológica, permitieron la adhesión de Venezuela y de la Bolivia de Morales (Bolivia sí tiene una articulación geopolítica con la cuenca del Plata y el Cono Sur ). Y aún hoy sus miembros están distantes de renunciar al proteccionismo (especialmente en el caso de la relación industrial argentino-brasileña) mientras permanecen las fricciones negociadoras externas (limitaciones políticas a la vigencia de un acuerdo con la Unión Europea; Uruguay negociará una acuerdo de libre comercio a pesar del MERCOSUR.
El Perú se vincula al MERCOSUR a través de un acuerdo de complementación económica (marco ALADI) para facilitar la circulación de bienes y servicios y crear un “espacio económico ampliado” (que puede ser o no una zona de libre comercio).
Al respecto debe recordarse que el acuerdo más expeditivo para la articulación de los acuerdos de libre comercio en el Hemisferio fue el ALCA de 1994. Ésta, que incluía la articulación liberal de los acuerdos ya suscritos “desde Alaska hasta la Patagonia”, fue torpedeada por el gobierno de Lula y luego por los Morales y Chávez perdiéndose una oportunidad que, en cambio benefició a México con el NAFTA hoy renegociado.
Y como la ideología de la “Patria Grande” es excluyente, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (el TPP), del que formamos parte y que permite una proyección estratégica mayor en el Pacífico, ni siquiera ha sido mencionado. Como no lo han sido los demás acuerdos con países de Norteamérica, Asia y con la Unión Europea.
En cambio, aunque en una frase al margen, la Premier sí incorporó en su mensaje el interés peruano de mantener la relación con la OCDE (la organización de países desarrollados y algunos en desarrollo que procura estándares internacionales de gobernabilidad). Si, a partir del acuerdo del 2008 y del Programa País que culminó en 2017, evolucionamos en la relación con esa entidad, tendremos una línea de gobernabilidad que contribuirá eficientemente a nuestra mejor inserción internacional y disminuirá los riesgos de cambios disfuncionales de normas internas.
Es cierto que el desarrollo de los lineamientos de política exterior corresponden al canciller, pero éste sólo ha producido en su momento una lista de acciones sin mayor organicidad privilegiando el espacio multilateral y sin tener en cuenta los grandes cambios estructurales del sistema internacional.
En consecuencia, la política exterior sigue al garete, sujeta a agendas administrativas, de promoción presidencial (p.e. su próxima asistencia a Davos) o de arrebatos (como el reconocimiento de la República Sahrawi para efectos meramente demostrativos).
Así como se espera el reemplazo de ministros disfuncionales en el actual gabinete, la ciudadanía (que no es un conjunto multicultural -como quisieran la Premier y el presidente- sino que, en su gran mayoría, se reconoce mestiza) espera el desarrollo de una política exterior seria y consistente con nuestras posibilidades reales. Pero quizás ello sea demasiado pedir.
