10 de mayo de 2023
Uno de los pilares del gobierno del señor Boric -el cambio de la constitución pinochetista de 1980 aprobada por plebiscito, vigente desde 1981 y objeto de múltiples reformas en 1989- será construido por la derecha de ese país luego del rechazo por 62% de los votos ciudadanos del primer proyecto constitucional en 2022 y del reciente triunfo de la derecha en un segundo proceso.
Este proceso, iniciado el año pasado con la designación de 24 profesionales por las cámaras de Senadores y Diputados de una Comisión de Expertos con el propósito de redactar un nuevo proyecto constitucional, continuará ahora a cargo de un Consejo Constitucional de 50 escaños elegido por el voto popular. La elección de los miembros de esa entidad ha resultado en el triunfo incontestable del Partido Republicano liderado por el perdedor en la segunda vuelta presidencial de 2021, José Antonio Kast, que obtuvo 33 escaños y Chile Seguro (la derecha tradicional) con 11 escaños.
De esta manera, el Partido Republicano deviene hoy en la figura principal no sólo del proceso constitucional chileno sino de la política de ese país. Con ese status decidirá sobre la aprobación o corrección del proyecto presentado por la Comisión de Expertos. El resultado será votado en un nuevo plebiscito en noviembre próximo. La moderación liberal se ha impuesto sobre el reformismo radical.
Antes que una nueva era, el futuro inmediato anuncia probablemente una legitimación del rumbo general de Chile adoptado entre los siglos XX y XXI con los ajustes que hagan falta. En ese proceso, las aspiraciones de la izquierda tradicional chilena (el PC, el PS) y la de los movimientos sociales del violento 2019 que permitieron que uno de sus líderes se encarame hoy en La Moneda, regresarán a un curso que ellos no liderarán. Ello ocurre mientras partidos centrales de la vida política chilena -la DC y el PS- se desarraigan generando un preocupante vacío.
De esta forma, mientras el “ancien régime” chileno se diluye (salvo quizás en el caso del PC), sus presupuestos esenciales son recogidos y reformulados por un “nouvelle régime” de derecha que, sin embargo, aún debe asentarse.
Una prueba de ello se verá en la composición fundamental del Estado, del mercado y de las instituciones liberales que éste establecerá. Sin embargo si éste régimen no evoluciona hacia algún espacio cercano al centro y las reformas tributaria, previsional y otras no encuentran una nueva definición, no puede descartarse la aparición de un radicalismo emergente durante el resto del mandato del Sr. Boric (que culmina el 2026). La aceptación del presidente (30%) podrá seguir descendiendo pero de la mayor presencia de movimientos sociales nuevos líderes irrazonables podrían aparecer.
En todo caso, a la luz de la mayor polarización del clima político chileno el establecimiento de consensos básicos (si los hubiera) será ad hoc. De momento estos se configuran en torno a los problemas de la seguridad, la migración y de otros segmentos y ámbitos.
Es evidente que de tal segmentación de expectativas sociales no podrá emerger un impulso redefinitorio del contexto regional (mucho menos el tradicional que propone Lula) pero sí formas ad hoc de cooperación derivadas de los diferentes problemas que el área debe afrontar.
En este caso, la prudencia dice que antes de enfrascarse en fricciones con los vecinos (p.e. con el Perú por asuntos migratorios) o propias del retorno al pasado (p.e. el UNASUR), el presidente Boric deberá escoger entre posiciones de balance de poder sin polos que las articulen y el funcionalismo que resuelve problemas conforme éstos se van presentando y creando, en el proceso, tendencias específicas de cooperación.
En efecto, si de momento Chile no podrá contar con el apoyo seguro de Uruguay, Paraguay (donde acaba de triunfar nuevamente el Partido Colorado) o Ecuador (mientras dure el incierto proceso del presidente Lasso) y el Perú (con el que Chile acaba de encontrar un punto de fricción); ni encontrar solidez vinculante en la nueva inestabilidad argentina y colombiana (y menos en la polarización en Brasil y Bolivia), quizás sus autoridades deseen considerar mejor una relación regional basada en el manejo concreto de problemas conjuntos (como el de las migraciones venezolanas cuya última manifestación no debe repetirse).
