Dos grandes acontecimientos de fuerte incidencia occidental están ocurriendo en estos días. El inicio del proceso de ratificación de la Constitución europea en España y la visita del presidente norteamericano a Europa resultará en una mayor cohesión del Viejo Continente y en el origen de una nueva etapa de cooperación transatlántica. La consecuencia será el fortalecimiento de Occidente como el núcleo liberal del sistema internacional. Si, a diferencia del Medio Oriente y del Asia, América Latina no ha estado presente en la agenda inicial de este nuevo proceso de reordenamiento sistémico, corresponde a sus líderes tomar la iniciativa de aproximación correspondiente. Veamos. Cuando, este domingo 20, los españoles concurrieron a votar por la aprobación de la Constitución europea quisieron ser los primeros en expresar su vocación integracionista. Un 76% favorable a esa opción fue el resultado abrumador. Sin embargo, nadie se alegró demasiado teniendo en cuenta la escasa concurrencia a las urnas (42%). Si la relativa indiferencia del ciudadano español por el proceso confirmatorio y la necesidad de no perder los beneficios de la integración señalan la pauta de lo que puede ocurrir en Europa durante los próximos 16 meses, también dio la medida de la naturaleza del documento objeto de la votación: la Constitución europea no es una Constitución. Es en realidad un tratado internacional que resume los anteriores sobre el proceso de integración europeo, no un instrumento constitutivo de un nuevo orden interno ni mucho menos uno creador de un Estado federal o confederado en el Viejo Continente. En efecto, la Constitución europea recoge los valores liberales que inspiraron la Comunidad Europea en 1957, incluye la Carta de Derechos Fundamentales ya reconocida en otros instrumentos, establece con claridad las instituciones supranacionales existentes, clarifica el proceso de toma de decisiones vigente y ratifica la proyección de Europa a través de la política exterior y de seguridad común. En este marco, el proceso de traslado de soberanías nacionales a una nueva autoridad (que tiene tanto de internacional como de transnacional) se configura con claridad pero dejando bajo la soberanía de los Estados miembros una cantidad muy significativa de competencias en evidente reconocimiento de la importancia estatal en la organización del proceso de integración más avanzado del mundo. De esta manera se establece qué competencias son exclusivas de la entidad europea, cuáles son compartidas con los Estados miembros y cuáles son de apoyo a la iniciativa predominante de éstos. Tales competencias son consistentemente regidas por los principios de atribución (los Estado asignan a la entidad europea las áreas de las que son exclusivamente responsables ), de subsidiariedad (las partes acuerdan que la entidad europea sólo intervendrá para complementar la tarea de los Estados en la realización de objetivos comunitarios) y de proporcionalidad (la entidad europea interviene sin alterar el esfuerzo del Estado en asuntos comunitarios). Establecidas estas guías para la acción, las decisiones correspondientes se rigen en casi todos los casos por el principio de la doble mayoría: 55% de los Estados miembros, incluyendo a 15 de ellos, y 65% de la población deben estar representados en casi todas las decisiones comunitarias. La idea de combinar la influencia demográfica con la estatal para atenuar las asimetrías nacionales en la toma de decisiones persiste pero con diferentes pesos. Bajo estas reglas actuarán el órgano máximo de la Unión –el Consejo Europeo integrado por Jefes de Estado y de Gobierno- que establece los lineamientos de política y el Consejo de Ministros – para labores de definición y colegislación de políticas-. La Comisión –el órgano ejecutivo y técnico de la Unión- decide por simple mayoría. A ellos se suma el Presidente del Consejo elegido por dos años y medio (y reelegible por un período adicional) por razones de estabilidad y continuidad en la conducción (vis a vis los seis meses que ostenta el presidente rotatorio actual). Y también el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión que coordina la política exterior común y representa a la UE en áreas que le sean específicamente asignadas (el Ministro no interviene en la políticas exteriores nacionales de los Estados miembros) El único órgano representativo, el Parlamento Europeo, adquiere mayor fuerza legislativa en este proceso. Si la Constitución es ratificada hacia fines del 2006, Europa se habrá fortalecido como pilar occidental y será capaz de proyectar su influencia liberal con mayor eficiencia. Y lo hará, por cierto, promoviendo sus propios intereses pero, probablemente no ahora, en contraposición a Estados Unidos como algunos suponen. En efecto, si la visita del presidente Bush a Bruselas (la sede de la OTAN y principal sede comunitaria) no abre una “nueva era” en la relación transatlántica, definitivamente sí inaugura una nueva etapa de cooperación entre los dos baluartes de Occidente que intenta dejar atrás las serias diferencias surgidas por la guerra en Irak. En términos generales, el presidente norteamericano ha expresado su apoyo a un “Europa fuerte” revirtiendo la metáfora estratégica de la “Vieja y la Nueva” Europa impulsada por el Departamento de Defensa al inicio de la campaña iraquí. Y también se ha manifestado por una fuerte cooperación transatlántica que deje atrás rencillas recientes y “mire al futuro” alterando el lenguaje unilateralista de la primera Administración Bush y confrontando a los que plantean un esquema de crudo balance de poder entre Estados Unidos y Europa. Este planteamiento es consistente con la perspectiva kantiana de la doctrina Bush de “expansión de la libertad”. Si esto es posible a la luz de los esquemas realistas que reconocen la especificidad de proyección de las grandes potencias, ello no está en discusión en este momento. Menos aún cuando buena parte del planteamiento realista se sustenta en el mecanismo de alianzas, que es lo que el presidente Bush plantea a Europa en función de la recomposición de intereses comunes y complementarios teniendo como escenario central el de la OTAN. Sobre el particular podrá discutirse cuánta reforma cabe (y de qué naturaleza) en esa alianza, cuánta adherencia se espera de los aliados (teniendo en cuenta la disposición de la Unión Europea de adquirir autonomía defensiva) y cuánta cooperación efectiva están éstos en disposición a prestar. Pero el planteamiento estratégico de fortalecimiento de la más poderosa alianza en la historia de la humanidad ha sido reiterado y el compromiso con él es firme. Bajo esos términos se ha planteado la cooperación específica en la reconstrucción de Irak y el entrenamiento de sus fuerzas de seguridad, el evitamiento de adquisición de capacidad nuclear por Irán y la conciliación, donde sea posible, en el eventual levantamiento del embargo europeo de venta de armas a China para evitar la adquisición de tecnología militar que altere, por ejemplo, la relación con Taiwán. La cooperación en el combate contra el terrorismo y la solución razonable de disputas comerciales completan la agenda. El compromiso de recursos europeos a esa cooperación definirá la magnitud de la misma –reflejando, si es escasa, la tensión remanente entre las partes- pero no retraerá en algún tiempo la nueva disposición estratégica. Por lo demás, debe reconocerse que dentro de Europa se mantienen diferencias de objetivos (la mayor o menor aproximación a Ucrania, Rusia o Turquía es un claro ejemplo de ello) y que la relación transatlántica está lejos de alcanzar un punto de armonía, pero la convergencia de puntos de vista generales para restablecer el vínculo cooperativo es tan real como la renovada participación de la Unión Europea en el inminente proceso de paz palestino-israelí, el esfuerzo franco-norteamericano de alcanzar la liberación del Líbano o el franco-británico-germano para impedir que Irán obtenga el arma nuclear. Como se ve, agenda común e intereses complementarios en el Medio Oriente y el Asia han devenido en esenciales para la reconciliación de Occidente que tenderá a predominar en el escenario global. Si ello es así, América Latina, que ahora negocia acuerdos de libre comercio y de asociación con Estados Unidos y Europa, deberá reconocer que está quedando al margen. Por lo tanto, es obligación de sus Estados tomar iniciativas de aproximación estratégica –y no sólo económica- con el núcleo occidental del que forma parte si desea una mejor inserción al ámbito al que pertenece. Y ello pasa, entre otras posibilidades, por su concurso en la solución de problemas extraregionales en los foros que sean necesarios (el Consejo de Seguridad de la ONU es sólo uno de ellos), un mayor esfuerzo militar en operaciones de mantenimiento de la paz en escenarios distintos a los latinoamericanos y una comprensión abierta del proceso de integración regional (por ejemplo, la Comunidad Suramericana de Naciones, dentro de su especificidad, debe ser consistente con la apertura de sus miembros a Estados Unidos y Europa antes que cerrase en una versión inviable de la integración tradicional hoy vulnerada por sus propios miembros). Si se comparte la idea de que Occidente, lejos de su pronosticada decadencia, se recupera como núcleo prevaleciente en el sistema internacional, estas acciones dejan de ser optativas para devenir en indispensables.
- Alejandro Deustua
