Hace algún tiempo ya que la grandilocuencia del multilateralismo suramericano inició esfuerzos para declarar a la región como una "zona de paz". Ese ejercicio se emprendió a contramano de las tendencias de los Estados miembros a mejorar sus capacidades bélicas, entre otras.
Tal emprendimiento encontró una realización de alarmante imprudencia en la subregión andina que declaró al área más conflictiva y violenta del continente como una "zona de paz" hiperbólicamente justificada en la prescindencia de armas químicas y otras similares.
A esa declaración retórica, no siguieron esfuerzos serios para sustentar esa "zona de paz" en un escenario de eficiente seguridad colectiva. Es más, en relación al más antiguo, grave y sangriento conflicto armado del área -el desatado por la insurgencia colombiana ahora transformada en emergencia narcoterrorista-, los Estados suramericanos -y mucho menos los andinos- consideraron la posibilidad de considerar iniciativas políticas o de otra calidad para apoyar activamente a Colombia en la lucha contra la amenaza interna y la trasnacional (igual suerte corrió el Perú en la lucha antisubversiva de finales del siglo XX). Esas iniciativas bien pudieron fundamentarse en el principio de solidaridad del TIAR, pero éste nunca fue considerado.
Esa indisposición fue también estimulada por sucesivos gobiernos colombianos que nunca vieron con buenos ojos una eventual predisposición vecinal a prestar una cooperación de seguridad que no fuera rudimentaria (por ejemplo, la derivada de los encuentros bilaterales de ministros de Defensa). Así, si Colombia tiene su guerrilla evolucionada en agresión narcoterrorista también tiene una soberanía que salvaguardar. Ese precepto, sin embargo no fue aplicado a Estados Unidos que, como se sabe, apoya activamente a las fuerzas armadas colombianas en el desarrollo de la guerra interna.
Hoy los Estados suramericanos y el gobierno colombiano tienen la oportunidad de corregir esa irracional política a propósito de un caso humanitario: la liberación de los rehenes civiles y militares que las FARC utiliza criminalmente como instrumento de presión nacional y global.
El elemento material que permite ahora ese desarrollo consiste en las denominadas "pruebas de vida" que, en relación a varios de los rehenes, el gobierno colombiano ha encontrado y difundido. Entre ellas destaca las de Ingrid Betancourt cuya tragedia personal ha devenido en un símbolo del predicamento de todos los secuestrados por el narcoterrorismo colombiano al punto de renovar el interés internacional sobre la urgencia de su liberación.
No obstante el fracaso de anteriores esfuerzos, el Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ha reasumido la iniciativa al respecto con una novedad: al margen de reiterar su discrepancia fundamental con las FARC ha invocado directamente a las mismas y, en particular, a su líder "Tirofijo" Marulanda, a lograr la liberación de la señora Betancourt. El presidente Álvaro Uribe ha dado la bienvenida a esa invocación y ha planteado a esa agrupación un encuentro directo para lograr ese objetivo y obtener además la liberación de 46 rehenes especialmente listados (entre los que hay tres norteamericanos) y la de los centenares restantes (algunos estiman el número en torno a los 700).
Contrariando su política en la materia, el Presidente Uribe ha sugerido que el encuentro se realice en una zona desmilitarizada. Ésta puede o no corresponder a la "zona de despeje" exigida por las FARC (lo que implica el retiro efectivo de tropas y el otorgamiento de un territorio transitoriamente liberado). Pero es un inmenso avance para atender una de las redundantes reclamaciones de la agrupación terrorista. Ese avance, en apariencia busca consolidarse mediante el contacto con las más altas autoridades políticas de ciertos países de la región.
Haciendo honor a sus calidades de líder, el Presidente Uribe probablemente no repetirá el error del ex -Presidente Pastrana que, sin lograr siquiera un alto al fuego, concurrió a una "zona de despeje" en procura de la paz sólo para que las FARC lo dejaran plantado frente a las cámara de televisión. Y ciertamente no redundará en la pésima idea de reconvocar a un Presidente sin legitimidad y con mucha vocación propagandística y expansionista como Hugo Chávez para encargarle una responsabilidad de la que el presidente venezolano pretendía obtener réditos personales (específicamente, electorales).
Para ayudar a que así sea, el Presidente Uribe podría recibir un colectivo apoyo regional. Pero no reservado sino abierto y explícito. En efecto, los presidentes suramericanos, tan dados a crear por decreto imposibles realidades (como la de la integración avanzada o las "zonas de paz") tienen acá la oportunidad de empeñarse eficiente y colectivamente por una causa justa.
El compromiso regional abierto para contribuir a la liberación de todos los rehenes de las FARC (pero el de la señora Betancourt en particular) puede ciertamente contradecir la máxima de la lucha antiterrorista: no se negocia con este tipo de organizaciones. Para salvar ese obstáculo los presidentes pueden invocar no sólo la compasión sino las prácticas de las leyes de la guerra sin caer en el reconocimiento del status de beligerancia para esa agrupación. Como consecuencia de esa iniciativa los presidentes podrían declararse, después, dispuestos a contribuir activamente a la pacificación de Colombia.
Esa iniciativa mostraría una disposición inicial a fortalecer la seguridad colectiva entre Estados que se rigen por principios similares y, posteriormente, a estudiar las posibilidades reales de establecer mecanismos que los aproximen a consolidar la paz entre ellos.
