Una de las formas de medir el grado de involución del sistema internacional es evaluar la dimensión histórica de sus crisis. Así, entre el 2007 y el 2008 se desató la peor crisis financiera internacional desde la generada por el “crash” de 1929 lo que produjo el retorno regulador del Estado. Y en febrero pasado se desató en el Este de Europa la crisis estratégica más grave desde el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991 produciendo la revisión de fronteras en Europa del Este y una mayor propensión al conflicto. Y ahora vemos en la OEA la más grave crisis política desde que en el 2001 se estableció la Carta Democrática.
Esta última es tan intensa que quizás implique la caducidad de la “cláusula democrática” que se desarrolló en América a lo largo de una década desde que en 1991 la Asamblea General de la OEA dispuso, en Santiago de Chile, que no constituía violación del principio de no intervención la preocupación comunitaria por el rompimiento del orden democrático en alguno de los Estados miembros. El principio de no intervención no desaparecía sino que simplemente no se aplicaba sólo en el caso de que ese consenso fuera quebrado por algún Estado miembro.
Pero, con la Decisión 51 del Consejo Permanente de la OEA adoptado este 7 de marzo (con reservas de Panamá y de Estados Unidos quienes, además de Canadá, en apariencia, no suscribieron el documento) no es exagerado concluir que ya no el consenso democrático en la región (que ya no existe) sino su formulación en el concepto de “cláusula democrática” ha desaparecido o está a punto de serlo.
Esta degradación regimental tiene en la región un efecto estratégico negativo pues con ella América Latina se pone al margen de uno de los fundamentos de Occidente si éste se define por la vigencia de su sustancia liberal cualquiera que fuere la agregación (o “mix”) de sus diferentes componentes.
Ello tendrá efectos prácticos. Para empezar, sin “cláusula democrática” será más difícil establecer un diálogo político de pares con la Unión Europea, con los Estados Unidos y hasta con Japón. Así, al afectar nuestra inserción colectiva en Occidente, hemos afectado también nuestra inserción regional en la cuenca del Atlántico y la del Pacífico.
Si para restablecerla, cada Estado en la región deberá hacer su propio esfuerzo, es claro que, como región, hemos revertido a una forma de cooperación (o más bien, de entendimiento) cuya organización estará más condicionada por la fricción (cuyo presupuesto es el conflicto).
Si ésta es una hipótesis general (que desarrollaremos en otra parte), a plantearla ha contribuido una conducta colectiva dominada por la hipocresía diplomática y el “realismo” de los Estados americanos. La interacción entre estas dos formas de expresión del interés eran propias de la época en que reinaba, bajo otros términos, la soberanía absoluta y el principio de no intervención no encontraba más límites que el poder del vecino.
De esa patología reaccionaria está contagiada la totalidad del documento del Consejo Permanente denominado “Solidaridad y respaldo a la institucionalidad democrática, al diálogo y a la paz en la República Bolivariana de Venezuela” de hace unos días.
El título de ese documento llama la atención en tanto transita entre la impostación de la buenas maneras hasta la antidiplomacia (la que hace daño al interés nacional por preferir a una comunidad regional ya inexistente).
En efecto, la presentación del documento indica que los miembros del Consejo Permanente consideran que en Venezuela hay una institucionalidad democrática que merece solidaridad.
El Sr. Maduro puede creerlo, pero la realidad dice otra cosa: la institucionalidad referida es la de la cooptación por el Ejecutivo venezolano de todos los poderes del Estado. Por tanto, esa institucionalidad sólo garantiza la desigualdad en la aplicación de la ley y, en consecuencia, la ausencia de un Estado de Derecho.
Tal estado de cosas puede ser comprobado por cualquiera que no sea un funcionario del gobierno chavista sea como testigo, como interlocutor serio o como víctima. Especialmente si esa institucionalidad es complementada por fuerzas paramilitares y “colectivos” de denuncia, vigilancia y represión tan propios de la fraternal fusión de los aparatos de la inteligencia cubana y venezolana.
Pero más allá de este consensuado desliz, el documento se presenta también como un respaldo al diálogo establecido unilateralmente en Caracas y que no incluye, entre otros, a líderes fuertemente representativos que han sido encarcelados para “salvarles la vida”.
De la misma manera el documento parte de la premisa de que el Consejo Permanente respalda una “paz” en Venezuela (quizás para algunos existente) cuando la dinámica de represión y la calamidad económica del gobierno chavista retroalimenta la confrontación con la oposición (con la que se enfrenta en condiciones de extrema desigualdad y abuso).
En ese marco (en el que, increíblemente, no se expresa alarma alguna sobre el grado de inestabilidad local y vecinal que genera la descomposición del Estado venezolano ni se llama a un cambio de políticas) que se privilegia y enfatiza el principio de no intervención “en los asuntos internos” venezolanos.
Ello muestra hasta qué punto la “cláusula democrática” ha sido invalidada y evidencia también que el Consejo Permanente considera que existe la posibilidad de que se produzca algún tipo de intervención clásica (cuya versión “imperial” es la que el gobierno venezolano prefiere escoger como amenaza) sin preocuparse por ningún mecanismo que impida un escalamiento interno mayor.
Dicho eso y a manera de autoprotección, el Consejo Permanente procede a invocar su compromiso con la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho cuyo régimen de protección esa entidad degrada. Aquí el Consejo tampoco distingue si se refiere a la institucionalidad y Estado de Derecho venezolano, al propio de cada Estado miembro o al principio como entelequia. Ya podemos imaginar el tiempo que se habrá perdido en Washington en la discusión de este tipo de ambigüedades.
Como también podemos darnos cuenta del poco tiempo que tomó a los miembros latinoamericanos del Consejo Permanente “rechazar toda forma de violencia e intolerancia” poniendo a oficialismo y oposición en la misma balanza cuando la desproporción en el uso de la fuerza es inmensa mientras que el empeño del gobierno en aplicar la violencia sistemática, abierta y encubierta, es inocultable.
Y todo para terminar con un final romántico: un llamado a la reconciliación y al respeto de libertades cuya violación puntual los diplomáticos hemisféricos no sólo no se atrevieron condenar sino que se inhibieron a la hora de señalar medios eficaces para promoverlas.
Para llegar a este pronunciamiento vergonzoso ha transcurrido alrededor de un mes entre el estallido de las protestas masivas en Venezuela y la reacción de la OEA. Ese tiempo, dilatado diplomáticamente mediante maniobras del ALBA, fue empleado además para ganar el increíble apoyo del MERCOSUR al gobierno venezolano. Ello indica lo que será la reunión de UNASUR que verá el tema… si es que ésta se convoca.
E indica también que un cambio sustancial ha ocurrido en la definición de los principios y valores colectivos de América Latina. Y que, debajo del retorno a la interpretación original del principio de no intervención, transcurre el río subterráneo del realismo y de las diferentes ideologías que lo orillan. El costo regional de este retroceso será mayor en el área.
