30 de enero de 2023
Al cabo de los esfuerzos de la Policía Nacional para contener la insurrección, la ausencia de Estado de Derecho en el sur está derivando en incertidumbre política mayor. Ésta se asienta en dudas crecientes sobre la capacidad del gobierno para aplacar la violencia y sobre las condiciones de su propia transición.
Para aclararlas se requiere un diagnóstico oficial de la situación. Los informes sobre los daños causados por las protestas no son suficientes para identificar la naturaleza del problema. El supuesto de que agentes informales vinculados al terrorismo, a otras sus organizaciones criminales y a algunas fuerzas políticas externas no ha sido esclarecido ni separado de la protesta legítima.
El ataque simultáneo a “activos críticos” (18 intentos de tomas de aeropuertos, 20 ataques a comisarías, 14 ataques a locales del Poder Judicial, incineración de 4 mil expedientes -EC-), los bloqueos constantes de carreteras, el incendio sistemático de sedes institucionales, el financiamiento delictivo de la logística subversiva y el sabotaje de centros de producción no dan cuenta de una estallido inesperado como sugirió un importante miembro del cuerpo diplomático extranjero en Palacio de Gobierno.
Al respecto no existe un pronunciamiento público que indique que el gobierno sabe contra quién está luchando. Y tampoco sobre los actores sociales con legítimos reclamos con los que se debe negociar.
Si al respecto no hay noticia, el esfuerzo de Cancillería por explicar la crisis a interlocutores externos probablemente carezca de contenido suficiente. Y ello lleva a errores como el de señalar que el Perú es hoy una “potencia regional emergente” cuando el Estado seriamente debilitado por la traición de Castillo y la inconciencia de gobiernos anteriores, está siendo atacado mientras su viabilidad es cuestionada y la respuesta de la Fuerza Armada es insuficiente.
En efecto, pretender que se está defendiendo una “imagen” del Perú en el exterior propia de tiempos más normales cuando hoy la proyección internacional tiene las condiciones propias de la crisis, es un error estratégico. Ésta puede deberse a una deformación profesional que no toma suficiente nota de que la política exterior debe procurar hoy la defensa activa del Estado “real” y revertir su precaria situación.
Para ello se requiere de cooperación y de eventuales alianzas externas con aquellos gobiernos y entidades que han expresado buena fe en la relación con el Perú (Estados Unidos, la Unión Europea, Ecuador, la oposición de los gobiernos vecinos); o asistir con mensajes fundamentados a foros beligerantes en el que participan presidentes que, clamorosamente, faltan a la verdad antes que aparecer en deslucidas a sesiones protocolares de la OEA.
Para ello se requiere un gobierno de transición dispuesto a cumplir con sus obligaciones antes que a convocar a elecciones inmediatas que, sin candidatos ni partidos reconocibles, y con auspicio ideológico en la OEA, auguran una tómbola electoral en la que el caos y el desorden serán parte del proceso y del resultado.
