Cuando los Estado negocian y suscriben un tratado internacional lo normal es que la responsabilidad de lograr su aprobación o ratificación legislativa corresponda a cada uno de ellos.
El motivo es doble. De un lado, en tanto las ventajas del tratado se asumen como mutuas al margen de quién obtiene más, los intereses nacionales correspondientes obligan a cada Estado a satisfacer esos intereses también en el ámbito interno. Del otro, ésa es una gestión que es propia de la jurisdicción de cada Estado en la que el cofirmante no tiene rol que cumplir.
Extraordinariamente, éste no es el caso del TLC suscrito por el Perú con Estados Unidos. Como es evidente, aquí el “Estado extranjero” (el nuestro) no sólo se ve hoy obligado a participar abiertamente en el proceso interno norteamericano sin que halla ley que lo reclame, sino que debe hacerlo a través de un lobby de altísimo nivel que lo compromete oficialmente. Mientras tanto el Ejecutivo norteamericano, que hace similar esfuerzo, parece asumir que esa labor -y la dilación de la aprobación- es natural al proceso burocrático norteamericano.
Así vemos que, además de los servicios privados contratados, un equipo del gobierno, nuestro Embajador y un representante personal del Presidente hacen gestiones oficiales para convencer a la contraparte parlamentaria de las ventajas del acuerdo efectivamente son compartidas, mientras que el presidente de Colombia, un efectivo aliado norteamericano, trata de convencer a su interlocutor de que no demore su visto bueno sin obtener resultados.
Esta situación no sólo es atípica, sino que evidencia que el interés norteamericano en la negociación del TLC no ha sido adecuadamente definido, que el trabajo de lograr consenso se realizó más en el Perú que en Estados Unidos, que la intensidad conflictiva de la política interna norteamericana efectivamente es capaz de arrastrar consigo al denominado interés nacional y que el trato del interlocutor, como siempre, depende de la dimensión de su importancia estratégica y de los beneficios concretos que es capaz de generar para la primera potencia. Pero la situación de dilación señala responsabilidad para la parte peruana también. Si las elecciones legislativas norteamericanas estaban incluidas en el cronograma post -negociación, es evidente que los negociadores peruanos no las tomaron adecuadamente en cuenta.
En efecto, en tanto el equipo negociador fue esencialmente “tecnocrático” (concepto que sus beneficiarios emplearon excluyentemente) es evidente que desatendieron la dimensión política del tratado. Así, no sólo fueron incapaces de obtener un trato diferencial sustantivo acorde con el nivel de desarrollo del país ni lograron los beneficios que podían derivarse del fundamento de seguridad que alumbraba el régimen que iba a ser sustituido (el ATPDEA que, a su vez, había reemplazado al ATPA), sino que, como vemos ahora, su evaluación del impacto del proceso electoral norteamericano fue completamente errada.
A la luz de estas consideraciones, parece inadecuado que las autoridades peruanas del más alto nivel sigan haciendo lobby ante congresistas norteamericanos de intereses dispersos: algunos desean “proteger al trabajador peruano”, otros al norteamericano, otros no desean libre comercio y otros sencillamente desean contrariar al Ejecutivo y al opositor del partido republicano. Para probarlo allí está la oposición de la mayoría de la Cámara de Representantes a aprobar la ley que concede a Viet Nam, sede de la actual cumbre de APEC y socio potencial de una gran zona de libre comercio, la calidad de contraparte comercial “normal” cuando ese Estado se dispone a perfeccionar su incorporación a la OMC.
En lugar de insistir en el ejercicio del lobby de alto nivel el gobierno debiera demandar por escrito a esos congresistas que asuman sus responsabilidades, que evalúen bien los beneficios asimétricos que obtienen del tratado y la calidad de socio que ofrece el Perú en un área convulsionada como la andina. Entendemos que esta propuesta puede parecer inadecuada a quienes consideran que del TLC con Estados Unidos depende la dimensión exportadora de la economía. Ellos debería recordar, sin embargo, que fueron los miembros del Partido Demócrata los que, durante la década de los 90, iniciaron un intensa campaña de apertura de mercados cuyos resultados fueron la suscripción del NAFTA, la implementación de la OMC y la disposición a adoptar todas las medidas unilaterales, bilaterales, plurilaterales para lograr su propósito aperturista. Sobre la base de estos antecedentes, quizás debieran enrolar para la aprobación del TLC al principal responsable de esa política: el presidente Clinton.
Mientras tanto, debemos confiar en la disposición del Ejecutivo norteamericano a prorrogar, de manera compensatoria antes que concesional, el ATPDEA por el tiempo que dure el proceso de aprobación, evaluar mejor la razón por la que el Presidente norteamericano no remitió el texto del acuerdo al Congreso el 9 de noviembre como se había comprometido y esperar que las seguridades intemporales que brindó al Presidente García se hagan realidad.
Lo que no debemos hacer es añadir al apresuramiento procesal con que se aprobó el TLC por el Congreso peruano la súplica de que se nos conceda un beneficio que en realidad es muto. Ello no sólo es impropio sino que desmerecería la calidad de socios (es decir, el status político) que el TLC acarrea.
