13 de febrero de 2006
Desde que, a partir del 2003, los movimientos cocaleros contribuyeron a inducir la renuncia de dos presidentes bolivianos, no pocos adelantamos el advenimiento de cambios estructurales y geopolíticos en Bolivia. Si, en ese marco, previmos el debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico en ese país (y su proyección subregional), no advertimos que éste pudiera empezar a alcanzarse tan fácilmente. En efecto desde que el presidente Morales asumió el poder en el vecino altiplánico algo más que la paralización de las tareas de erradicación de parte de las aproximadamente 29 mil has. de cultivo ha ocurrido. El replanteamiento de la política general contra las drogas (denominada “coca sí, narcotráfico no”) se ha producido abruptamente antes que de manera adecuadamente programada; el cultivo de un “cato” de coca por familia (1600 m2) sin exclusiones se ha confirmado como “políticamente lícito” (salvo para las áreas ecológicas, de acuerdo a un entendimiento consagrado por el ex -presidente Carlos Mesa); se ha propuesto una “alianza contra el narcotráfico” a los Estados Unidos (que los norteamericanos no saben cómo calificar si ésta implica interdicción sin erradicación); se está a la espera de un estudio de la “nueva demanda legal” (hoy estimada en 12 mil has. pero que los cocaleros, a priori, consideran súbitamente incrementada) financiado por la Unión Europea; se prepara el reconocimiento constitucional de la hoja como patrimonio cultural (en el marco de la “refundación” del Estado por la próxima Asamblea Constituyente); y se ha planteado su “despenalización” internacional apelando a la “comprensión internacional”. A pesar de que a todo esto se ha procedido de manera unilateral, la comunidad internacional (definida como la que se rige por las convenciones contra los estupefacientes y el tráfico de drogas de 1961 y 1988, entre otros regímenes), no ha reaccionado contra un quebrantamiento de los principios y normas que regulan el combate del narcotráfico. En otras circunstancias ello hubiera implicado el aislamiento del Estado transgresor.
En lugar de ello y como se ha dicho, la Unión Europea coopera activamente con Bolivia (en el financiamiento del estudio que dará fundamento a la nueva política); Estados Unidos ha adoptado una política de “esperar y ver” en clara muestra de que la primera potencia no desea confrontar al nuevo gobierno (a pesar de que la asistencia antinarcóticos viene decayendo, el 2007 se destinarán US$ 67 millones para el sector) y la Secretaría General de la Comunidad Andina ofrece apoyo integral a la nueva política boliviana.
Que Bolivia requiera y reciba cooperación internacional a la luz del fuerte incremento de la vulnerabilidad de ese Estado y del cambio estructural que lo define, está fuera de cuestión. Pero lo que sorprende es que parte de esa cooperación se ofrezca en actividades que se yuxtaponen con el delito transnacional (el narcotráfico) y que los Estados que la brindan estén dispuestos a cambiar no sólo los parámetros básicos de la lucha contra ese flagelo sino su naturaleza misma.
En efecto, de lo poco que se conoce de la política de “coca sí, narcotráfico no” es notorio que la resistencia significativa a la erradicación forzosa y al control estatal de la misma serán legitimadas. Ello se llevará a cabo mediante la “autolimitación” del cultivo (el “cato”) y su “control social” (es decir, el que “ejercerán” los propios cocaleros). En un país en que el Estado se ha debilitado al punto de la eventual fragmentación y en el que la conducción de sus instituciones ha sido alterada por la presión de las masas, no se comprende cómo es que esta propuesta incrementará la capacidad interdictora del gobierno. Y menos que, de producirse, ésta sea eficiente sin contar con el indispensable componente de la erradicación. Todos reconocemos la nueva realidad política de Bolivia y la necesidad de cooperar para consolidar un Estado fundamental para nuestra buena inserción vecinal. Pero hacerlo al costo de la quiebra del consenso de seguridad local, subregional, hemisférico y global sobre la lucha contra el narcotráfico es un precio sistémico que no se puede sufragar sin correr el peligro, nacional y comunitario, de sufrir daños mayores De allí que el apoyo multidimensional recientemente brindado por la Secretaría General de la CAN a la embrionaria política de drogas boliviana parezca tan cuestionable. En efecto, esa Secretaría no sólo ha avalado la política de “coca sí, narcotráfico no” del presidente Morales sino que ha comprometido su apoyo a tres “frentes” cuestionables porque éstos asumen una premisa; la “despenalización” local e internacional del cultivo de la hoja.
Según representantes de la Secretaría General de la CAN, esa entidad coadyuvaría al empeño “político-diplomático” de lograr, hacia el 2008, la extracción de la coca de la lista 1 de la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU de 1961 que considera la hoja como sujeta a obligatoria fiscalización estatal y a la erradicación del cultivo ilícito.
Aunque, en apariencia, dicha remoción implicaría el traslado de la coca a otra lista de más flexible fiscalización (artículo 3 del mismo Convenio), eso no queda claro aún. Y tampoco toma en cuenta que el artículo 14.2 de la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988 establece la cautela del cultivo legal en tanto esté ligado al consumo tradicional (garantía que, adecuadamente ejercida, debería satisfacer al gobierno boliviano). Esa decisión es aún más preocupante si considera que la remoción de la hoja de la lista 1 de la Convención de 1961 acabaría con el imperativo de la erradicación que ese tratado ordena (para la coca ilegal) y, por tanto, privaría a cualquier política andina contranarcóticos de un instrumento coercitivo fundamental para establecer el orden y interno y el estado de derecho en los países cultivadores. Y si esto es grave, es aún más alarmante que la disposición de la Secretaría General se haya expresado, en apariencia, sin el consenso oficial, explícito, colectivo y previo de los demás países miembros de la CAN. Si esto fuera cierto, estaríamos frente a un exceso de una entidad que no es supranacional en la toma de decisiones, de cara a una distorsión de las políticas de seguridad nacionales de los países miembros y frente a la paradoja estratégica de que el intento de solución de los problemas de un país chico termine incrementando la vulnerabilidad de sus socios (y complicando, eventualmente, la relación con las potencias involucradas -los Estados Unidos y la Unión Europea-). Si esta situación debe ser inmediatamente esclarecida también lo debe ser el compromiso de la Secretaría General con el gobierno boliviano sobre evaluación de mercados y usos alternativos para la hoja de coca (disposición que asume y convalida, por anticipado, la relajación de la voluntad boliviana, complicando a los demás). Si esos compromisos evaluatorios (que constituye los otros dos “frentes” ofrecido por la Secretaría General) son técnicamente legítimos, son jurídicamente cuestionables y estratégicamente inadecuados si se tiene en cuenta al conjunto andino. Especialmente a aquellos países, como el Perú, en los que, a la luz de la experiencia boliviana, una buena parte de la ciudadanía no desea incrementar el poder político de los gremios cocaleros ni ser conducidos a la legalización de la hoja. Por lo demás, si Bolivia y el Perú intentaron durante la década pasada un trato más flexible de la comunidad internacional para el cultivo y uso legal de la coca, ello no avala hoy medidas extremas al respecto. Salvo que se desee declarar perdida la lucha contra el narcotráfico, que éste deje de ser un problema de seguridad trasnacional por decreto (o acción diplomática) y que los Estados andinos hayan elegido incrementar su vulnerabilidad frente al crimen organizado que tiene hoy una dimensión vecinal superior a la de hace algunos años. La lucha contra el narcotráfico debe racionalizarse, fortalecerse y volverse más cooperativa antes que debilitarse por la posición de un gobierno parte de cuyo sustento político proviene de los gremios cocaleros.
