30 de enero de 2023
La pérdida de voluntad del gobierno de transición para cumplir sus obligaciones y la subsistente ideologización de los pronunciamientos de la OEA sobre la crisis peruana se han complementado para reclamar elecciones nuevamente adelantadas sin considerar si existen las condiciones para ello.
En el primer caso, la Sra. Boluarte, en franco proceso de rendición, ha reclamado al Congreso la precipitación para este año de comicios electorales que ya habían sido adelantados en primera instancia, para el 2014. Con anterioridad, la presidente se presentó protocolar, pero deslucidamente, ante el Consejo Permanente de la OEA para comprometer ese adelanto con ánimo contrito y sin reclamar en esa entidad por la injerencia en asuntos peruanos de algunos de sus miembros más escandalosamente adeptos a la deformación de la verdad.
Omitiendo en la cuantificación de daños toda referencia a las graves consecuencias de seguridad del golpe de Estado ocurrido el Perú, la presidente confirmó, sin fecha, el adelanto de elecciones. Ninguna apelación al Estado de Derecho antecedió a su compromiso democrático (como tampoco hubo explicación sobre la participación en ese ritual del embajador peruano que, durante el gobierno anterior, manufacturó el derrotero externo del nefasto Castillo).
Como consecuencia, y también sin alusión alguna a la crisis subversiva que vive el país, el Consejo Permanente de la OEA realizó un “firme llamado” a la convocatoria electoral en el Perú sin considerar al respecto las más elementales condiciones de viabilidad, orden y seguridad que debieran rodearla.
Adoptado en el marco de un escenario extraordinariamente informal, sin liderazgos políticos claros, ni partidos sólidos, ni disposición colectiva a confrontar a la insurrección criminal, ese compromiso devolverá al Perú a la sede de la OEA más temprano que tarde si un resultado de ingobernabilidad, como es probable, vuelve a instalarse en el país.
Para que evitar, en alguna medida, que ello ocurra se requiere que el próximo gobierno genere la más amplia convocatoria, evidencie un compromiso real con el progreso social, con la aplicación de la ley y que, salvo lo que reclame la prudencia y las normas, revierta la inoperancia actual en el uso sensato de las atribuciones coercitivas del Estado.
El incumplimiento de esos requerimientos puede llevar al Perú a la fragmentación. Pero no a la que hoy se define como tendencia antiglobal que prospera en el mundo, sino a la que conduce a la quiebra nacional con el concurso de transnacionalizados agentes sociales, y a mayor fragmentación regional.
De proseguir ese curso que hoy se evidencia en el área, el fracaso de los grupos de integración convencionales y la contenciosa hegemonía de agrupaciones internacionales de poder populista contribuirán a la destrucción de los muy precarios mecanismos de cooperación y balance en la región, diluyendo los principios del sistema interamericano y el mínimo orden existente.
Si ello ocurre, quizás Suramérica retome, por las razones equivocadas, el interés geopolítico del que hoy carece en la percepción de potencias mayores cuyos líderes, en no poca medida, siguen encantados por el mito del buen salvaje latinoamericano tan bien representado hoy por los herederos del realismo mágico de las sabanas y el altiplano.
Está en manos de la gran mayoría de los peruanos que ello no suceda. Para ello deberán plantear a la OEA la exigencia de condiciones de orden y seguridad como requisito para convocar a elecciones, llamar al orden a los injerencistas de manera más seria y reconstituir nosotros el Estado de Derecho que garantiza la sobrevivencia de la comunidad nacional.
