El Perú se encuentra en pleno proceso de reinserción económica externa y de redefinición de socios prioritarios. En el gran escenario global, la relación con Occidente (Estados Unidos y la Unión Europea) ha adquirido una nueva dimensión amparada en el replanteamiento bilateral o regional de relaciones económicas y políticas. Si desde el punto de vista estratégico, Japón es una superpotencia económica, un poder sustancial en la cuenca del Pacífico y un principalísimo aliado occidental, el Perú no puede mantener con ese Estado una relación minimizada sino a un gran costo estratégico absoluto y relativo.
Aunque la relación con Japón haya mejorado diplomáticamente con el insuficientemente explicado alejamiento de Alberto Fujimori de Tokyo, la relación con esa potencia es mínima desde el punto de vista del valor de los intercambios y continúa pervertida por la influencia nefasta que ejerció sobre ella un ex-mandatario que traicionó a su país.
Bajo estas condiciones, el gobierno ha nombrado a un nuevo embajador con el propósito de normalizar el vínculo y el propio Canciller se propone realizar una visita oficial al Japón con ese mismo propósito y, de paso, avanzar en las conversaciones sobre un TLC que México ya tiene y Chile está negociando. Ese paso, sin embargo, no puede darse sin que la defensa de lo sustancial de la soberanía del Estado –su identidad política- haya sido fortalecida luego de la mella que supuso la oscura relación que mantuvo Alberto Fujimori con Japón cuando ejerció el cargo de Jefe de Estado y cuando, luego, obtuvo protección de ese país en función de su cuestionable nacionalidad.
Mientras esa labor de esencial saneamiento no ocurra, se mantendrá la premisa de que Fujimori, como Jefe de Estado peruano, subordinó su cargo a la soberanía de una potencia extranjera durante el ejercicio de su mandato y que, al margen de sus obligaciones con la ciudadanía peruana, ratificó esa dependencia cuando renunció cuestionablemente al mismo.
La intensidad de ese vínculo, reflejado en una decena de viajes oficiales, de trabajo o simplemente informales y en una relación especial con la Embajada de ese país en el Perú (que incluyó el refugio circunstancial) es señal suficiente de su excepcional y opaca complejidad. La densidad del mismo evolucionó hacia el lado de la perversión habida cuenta de las actividades delincuenciales del ex –mandatario que éste extendió a Tokio al nombrar a un gestor personal antes que a un Embajador.
Si los canales entre el Perú y Japón tuvieron ese grado de distorsión, es evidente que éstos no sólo complicaron la relación entre ambos Estados. También mancillaron la esencia del cargo de la Presidencia de la República cuyo titular ejerce la Jefatura del Estado y representa a la Nación. De allí que sea indispensable que, antes de avanzar en la relación bilateral, el Perú demande y reciba explicaciones satisfactorias sobre el tipo de vínculo que Fujimori mantuvo con Japón durante el ejercicio del cargo, sobre la naturaleza de cada una de las acciones realizadas por el ex-presidente y sobre la intensidad con que las instituciones concurrentes a la gestión fujimorista fueron comprometidas. El caso es tan serio –al punto de que puede ser incorporado al ámbito de los delitos de lesa patria- que el Estado peruano no puede darse por satisfecho sólo con algún gesto de buena disposición por el interlocutor. Aquí está en juego está la seriedad y la solvencia política de un Estado pequeño y débil que desea interactuar con seriedad en la comunidad y el sistema internacionales.
Si el Perú recibe estas explicaciones a satisfacción de sus autoridades, entonces se puede proceder a incrementar el nivel de la relación bilateral. Aún así, éstas deben estar condicionadas a una compensación por el daño recibido. Ésta se debe concretar en un mejor nivel político y en un incremento sustancial de la relación económica que no implique cooperación al desarrollo (que, a veces, es el instrumento dadivoso con que las grandes potencias compensan su falta de interés en otros campos).
Una vez satisfecho el requisito de saneamiento previo, el Perú debe recibir un trato especial en la cuenca del Pacífico y en la red de asociaciones occidentales del Japón, un incremento sustancial de las inversiones japonesas (que hoy apenas registran US$ 785 millones de 33 empresas) con significativa transferencia de tecnología de punta en sectores estratégicos y un aumento significativo del comercio sujeto a acceso preferencial (hoy las exportaciones peruanas bordean apenas US$ 800 millones) con proyección asistida al resto de la red comercial japonesa en Asia. La aspiración a un TLC común no es suficiente para un Estado que no sólo ha sido afectada por el tipo de relación establecida por Fujimori con consentimiento del Japón sino que ese Estado aprovechó para proyectar poder e imagen en la región en los albores de la década pasada. Y que no contento con ello, expresó públicamente que no cambiaría de política hacia el Perú cuando Fujimori fugó y el Presidente Paniagua asumió el cargo entendiendo por ello que “seguiría apoyando” los esfuerzos de “estabilización y de desarrollo democrático” en nuestro país. Si el Perú debe intentar redefinir la relación estratégica con una potencia mayor como el Japón debe hacerlo como un Estado renovado que debe ser compensado por el daño inflingido. En consecuencia no puede proceder basado sólo en la necesidad de “desfujimorizar” la agenda. La condición de la nueva relación estratégica que se pretende establecer depende de ello.
