El Perú acaba de fortalecer con Ecuador y Chile dos importantes procesos bilaterales. El primero se fundamenta en la mutua disposición a intensificar la relación política en el marco de los acuerdos de paz de 1998. El segundo se orienta a incrementar la interdependencia económica en un contexto complicado por una controversia jurídica de carácter limítrofe.
Estos procesos deben vigorizarse todavía más mejorando la creciente relación económica con Ecuador y la deteriorada relación política con Chile. Sin embargo, una atención especial deberá otorgarse a los diferentes proyectos de inserción externa que tendrán impacto en la relación bilateral.
En relación con Ecuador, la tercera reunión binacional de gabinetes encabezadas por los presidentes García y Correa ha tenido la doble ventaja de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de Brasilia y de ampliar la agenda a los campos de la cooperación social, económica y de seguridad.
En lo primero se han registrado avances en el desarrollo de infraestructura vial, de desarrollo fronterizo, de implementación de los centros de comercio y navegación y de desminado. La evaluación pública del resultado se ha expresado en calificaciones exultantes de la relación política a pesar de que el avance en las materias comprometidas no alcanza aún la velocidad que debiera.
Las limitaciones al ritmo de avance se deben más falta de recursos que a la voluntad política. Este es el caso del proceso de desminado, de la integración física y de la implementación de los centros de comercio y navegación. La relación comercial, en cambio, ha crecido siete veces desde 1998 (de US$ 300 millones a US$ 2200 millones el 2008) convirtiéndose el Perú en el segundo mercado hemisférico del Ecuador aunque las inversiones de un país en el otro no alcanzan aún un nivel importante (sin embargo, el monto anterior a 1998 era inexistente).
Si esta evolución pudiera mantenerse aislada de su contexto, los llamados a la prudencia podrían estar fuera de lugar. Sin embargo, el multidimensional compromiso ecuatoriano con el ALBA influye sistémicamente en la relación bilateral. Así, si el racional y consistente esfuerzo político por maximizar el vínculo bilateral bajo condiciones ceter paribus es loable, éste debe estar alerta a las distorsiones que presentarán las respectivas vinculaciones estratégicas externas.
Especialmente si los vínculos extraregionales de seguridad peruano y ecuatoriano divergen crecientemente y si la calidad y la orientación de la inserción económica agranda la brecha existente. Para minimizar ese riesgo, Perú y Ecuador deben incluir este problema en la agenda bilateral.
Con Chile, en cambio, la calidad de la inserción no es un problema sino una ventaja mientras que la brecha de inserción es cuantitativa antes que cualitativa. En efecto, sobre la base de prioridades equivalentes otorgadas a los principales interlocutores externos y del valor cohesionador derivado de principios compartidos, la diferencia de inserción externa entre Perú y Chile se mide por el grado de avance en escenarios compartidos. Chile tiene en ello una ventaja de partida que el Perú debe progresivamente equilibrar.
En ese marco, la deteriorada relación política derivada del efecto multiplicador de la controversia marítima se ha trasvasado ya a las relaciones de seguridad y a la generación de percepciones públicas de hostilidad creciente (cuya responsabilidad no corresponde sólo a los medios). En esta perspectiva, propuestas sobre un pacto de no agresión regional –que tiene una vertiente bilateral- sin que el Perú realice los esfuerzos necesarios para lograr un balance adecuado aunque fuera con un bajo punto de equilibrio, se convierte en un instrumento ineficaz que ata al proponente a su bajo nivel de capacidades actuales.
En ese marco, el esfuerzo por incrementar la interdependencia económica tiene el doble beneficio proveniente de evidentes ganancias mutuas y de limitar de la hostilidad en los campos político y de seguridad.
Sobre lo primero el crecimiento de 400% el comercio a partir del 2000 da cuenta de esos resultados (US$ 2565 millones de intercambio con balanza favorable al Perú en el 2007). En el campo de la inversión, sin embargo, ello no ocurre con similar percepción de beneficios comunes. En efecto, aunque la inversión chilena en el Perú ha generado intereses cruzados, la asimetría que genera su intensidad ha empezado recién a disminuir con el posicionamiento peruano en el mercado de construcción chileno.
Este problema debe ser mejor atendido en torno a dos preocupaciones persistentes: la percepción peruana de que la inversión chilena es abrumadora y el déficit de información al respecto. En efecto, mientras que Proinversión da cuenta apenas de US$ 500 millones de inversión chilena en el Perú, fuentes chilenas la evalúan en US$ 5 mil millones. Y el Ministro de Comercio Exterior del Perú informa que la inversión peruana en Chile llega a US$ 2500 millones cuando la realidad puede ser menos del 50% de ese monto. La confianza que genera la interdependencia real debe estar asentada en contabilidad verosímil si no se desea que aquélla se deteriore erosionando, adicionalmente, la debilitada relación política.
En consecuencia, si el Perú debe realizar con Ecuador un esfuerzo adicional para asegurar que el incremento de la relación bilateral no se diluya por el impacto de diferentes posicionamientos estratégicos, con Chile debe intensificar la interdependencia económica eficiente (y bien contabilizada) para detener el deterioro de la relación política.
Adicionalmente, el Perú y Chile deben mejorar el tratamiento asuntos de interés compartido con socios mutuos que generan escenarios estratégicos comunes. La condición para ello es que el Perú avance sólidamente en la consolidación de capacidades nacionales mínimas, incluyendo, obviamente, las de seguridad. En este campo el optimismo no es aún la regla.
