En Venezuela existe un gobierno autoritario de clara tendencia dictatorial que, en su desastrosa gestión económica y de seguridad, azuza la polarización social erosionando toda expectativa de progreso. Pero, ¿ha quebrado o vulnerado sustancialmente ese Estado el orden democrático y constitucional?.
La pregunta no es académica porque, dependiendo de cómo se responda, podrían imponerse o no las medidas correctivas o punitivas de las diversas cláusulas democráticas que los organismos políticos y de integración han formalizado en las instituciones hemisféricas y regionales (una hipótesis, sin embargo, hoy condicionada por un nuevo balance de poder).
De acuerdo con su Constitución (y en una aproximación elemental) el gobierno venezolano se define como democrático, participativo y alternativo entre otras características (art. 6 de esa Carta Magna), defiende los derechos humanos sin discriminación alguna (art. 19), sus ciudadanos son iguales ante la ley (art. 21), en él existe división de poderes (art. 136), el Presidente de la República está obligado a procurar la garantía de los derechos de todos los venezolanos (art. 232), los diputados de la Asamblea Nacional no son responsables por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones salvo ante sus propios electores (art. 199), el Poder Judicial es independiente (art. 254) y el Poder Ciudadano (el Consejo Moral Republicano, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría) también lo es (art. 273).
Pero ¿puede ser el gobierno venezolano participativo cuando gobierna para sus electores mientras agrede al resto o puede ser alternativo cuando lleva en el poder quince años (incluyendo el gobierno del Sr. Maduro, electo bajo circunstancias irregulares)? ¿Hay división de poderes cuando el Ejecutivo controla todo y sólo confía, como par, en la dictadura cubana? ¿Son sus ciudadanos iguales ante la ley cuando miembros y dirigentes de la oposición son enjuiciados con raseros distintos y fueros sui generis (como hoy ocurre con el Sr. López)?. ¿Son los diputados venezolanos no responsables cuando a los oficialistas se les reclama filiación incuestionable al chavismo, cuando se promueve el transfuguismo de terceros para aprobar facultades delegadas o leyes habilitantes y se agrede físicamente a los parlamentarios opositores en plena Asamblea Nacional? ¿Es el Poder Judicial independiente cuando el Jefe de Estado puede disponer el arresto de un opositor y el Presidente de la Asamblea Nacional conducirlo hasta una instalación militar para su juzgamiento o cuando los miembros del Poder Judicial difícilmente puedan discrepar de quienes los han designado o les han asignado funciones? ¿Es el Poder Ciudadano independiente cuando avala la acción de paramilitares chavistas que se esconden en los denominados “colectivo de la paz” entre otros eufemismos siguiendo recetas cubanas?.
Si las respuestas a todas estas preguntas son negativas es evidente que el Estado venezolano presente una seria quiebra del orden constitucional que los miembros de la Carta Democrática y de otros regímenes similares latinoamericanos pueden evaluar en función de los derechos y obligaciones por ellos comprometidos.
Esa quiebra democrático-constitucional no es en Venezuela de carácter incidental sino, por su persistencia, estructural. La gravedad de la misma tiene, además de un carácter jurídico, uno político que también es sistémico. Éste se evidencia hoy en el formato más dramático del abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza y la represión brutal y selectiva.
Reconocer esta situación es indispensable cuando ese gobierno pre-dictatorial defiende su desmesura alegando defensa frente a un golpe de Estado en marcha y a una conspiración externa manifiesta.
En realidad, la circunstancia concreta que hoy motiva el exceso chavista son manifestaciones estudiantiles que se escalaron bajo el liderazgo del Sr. López. Éste, a su vez, está convencido que lucha en la calle debe ser una variante porque que el Sr. Maduro y su visión conspirativa del mundo no ofrece ninguna posibilidad seria de diálogo de gabinete.
La fuerte represión, a cuya ingeniería ha asistido la inteligencia cubana, así lo demuestra. Más aún cuando se ha dispuesto la restricción informativa (el bloqueo de twitters, etc.) y promovido el retiro de dos canales de televisión (NTV24 y CNN). Maduro quiere un cuarto oscuro para la represión y para el diálogo.
Esta situación es muy diferente a la ocurrida en el Norte de África donde movilizaciones más o menos espontáneas, empleando las redes sociales, se enfrentaron a dictaduras establecidas por décadas. O a las brasileñas del año pasado donde la heterogeneidad de la protesta carecía de centro de gravedad y de objetivo claro. En este caso lo venezolanos quieren apertura en medio de una crisis agobiante y el gobierno no está dispuesto a concederla.
Por lo demás, a pesar de que el origen electoral del Sr. Maduro no es claro y su gestión es abiertamente recusable, nadie discute que él es el Presidente de la República. Teniendo ese hecho como reconocido lo que la mayoría de la oposición desea es que su gobierno cambie la ruta que hoy conduce a Venezuela al desastre (quizás la alternativa del Sr. Capriles). Si ello no es posible, algunos desean la salida anticipada pero legal del Sr. Maduro. La intención no es un golpe de Estado, es una recusación (que también está amparada en la Constitución venezolana).
Por lo demás, un golpe de Estado en Venezuela no sería avalado por nadie en América Latina. Al respecto debe recordarse que fue buena parte de la comunidad interamericana la que rescató el gobierno del Sr. Chávez cuando este fue objeto de un golpe de Estado en el 2002.
Puesto de otra manera, fue el principio de protección colectiva de la democracia y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (que el Sr. Maduro y sus aliados externos recusan) los responsables de la continuidad del gobierno del Sr. Chávez.
Es más, cuando se quebró el consenso liberal económico y político en la región con la arremetida internacional de Venezuela y del ALBA y con la implicancia ideológica brasileña (que no fue la de la gestión de Fernando Henrique Cardoso), las cláusulas de protección colectiva de la democracia mantuvieron su vigencia en todos los regímenes políticos e integración del área.
Sin duda así ocurrió en la OEA con la Carta Democrática suscrita el 2001. Y también en el MERCOSUR, cuyo Protocolo de Ushuaia de 1998 Venezuela se comprometió a respetar cuando devino en socio pleno de esa entidad. Y ocurrió lo mismo con la cláusula democrática del UNSAUR del 2010 cuando el chavismo era ya fuego destructor. Similar situación ocurrió en la Comunidad Andina (de la que Venezuela se retiró el 2011 luego de haber aceptado la cláusula democrática del 2000).
Todos estos regímenes consideran que la democracia es indispensable para la integración y que el quiebre democrático debe ser rectificado a través de sanciones o suspensiones si ello fuere necesario. En efecto, todos estos regímenes se han comprometido a que, luego de las investigaciones y de las consultas del caso, se deben adoptar medidas que, eventualmente, implican la suspensión del ofensor si éste no enmienda su conducta.
Sin embargo, es muy interesante comprobar que estos regímenes cautelares y restitutivos de la democracia se han aplicado sólo en los casos de Honduras y Paraguay luego de la avanzada cubano-venezolana en América Latina. Curiosamente, ello fue posible en ambos casos gracias al apoyo venezolano y el de sus socios que ampararon la defensa de gobiernos que, a pesar de sus promesas electorales, conducían a sus países hacia las redes del ALBA.
Y fue en ese marco, que involucra el quiebre sistemático del orden constitucional y democrático en Venezuela, que ese país fue admitido en el MERCOSUR. A partir de entonces cualquier referencia a los mecanismos de la protección colectiva de la democracia al caso venezolano ha sido omitida en beneficio de un diálogo (como lo quiere el UNASUR o la Unión Europea) cuya transparencia tiene el color del petróleo y la eficacia que impone el amparo de la fuerza mayor. Para que ese diálogo ocurra, ciertas condiciones de equilibrio y claridad deben cumplirse previamente.
En este caso, y a pesar de su progreso, América Latina se ha envuelto, como en épocas pasadas, en el Derecho Internacional sólo para equilibrar su reconocimiento de la realidad del poder.
La consecuencia estratégica de esta debilidad comunitaria es la confirmación del reposicionamiento en la región del balance de poder sustentado ahora también en la vieja la contradicción entre liberalismo y marxismo (o su versión socialista y disfraz chavista). Ese conflicto cobrará su precio en el área.
De momento, y al margen de la discusión teórica, ello implica la renuencia comunitaria a eliminar o atenuar la inestabilidad agresiva que proviene de la alianza cubano-venezolana y a extender para las poblaciones de los Estados que componen esa alianza las penurias que les imponen dictadores y pre-dictadores contemporáneos.
