20 de junio de 2023
Entre las acciones recientes emprendidas por la Cancillería para restaurar la inserción internacional del Perú, quizá la más destacada sea el inicio de una etapa principal de la accesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para lograrlo en un marco de inestabilidad sistémica, debilidad política e institucional local y hostilidad de México y Colombia que son miembros de esa entidad, el Perú ha incrementado la cooperación de la OCDE en asuntos de su especialidad: la generación de políticas públicas según prácticas y estándares internacionales para el buen gobierno y el bienestar ciudadano.
Sucesora de la Organización para la Cooperación Económica Europea de 1948, la OCDE fue fundada en 1961 por los países desarrollados de la época con el fin de diseñar y promover políticas de crecimiento con estabilidad financiera, eliminación de obstáculos al comercio e intercambio de información pertinente. Hoy se ha expandido hasta lograr una membresía de 38 países esencialmente occidentales pero incluyendo a Japón y Turquía y a países latinoamericanos como Chile, México, Colombia y Costa Rica.
El proceso expansivo prosigue hoy con la invitación de la entidad a postular como miembros a Perú, Argentina, Brasil , Bulgaria, Croacia y Rumanía mientras ya enlista a socios estratégicos como China y Sudáfrica. Su radio de cooperación abarca a un centenar de economías.
El Perú ha aceptado la invitación mediante la presentación de un Memorandum Inicial el 7 de junio pasado de contenido reservado pero que debe versar, se asume, sobre las múltiples áreas sectoriales de la OCDE a cargo de alrededor de 24 comités técnicos.
Éstos evaluarán la presentación peruana y trasmitirán el resultado al Consejo (los 38 miembros de la organización) que decidirá si invita o no al Perú a su definitiva incorporación. En ese momento el Perú deberá presentar un Memorándum Final referido a las políticas y normas adoptadas y las que adoptará en el futuro. El plazo de incorporación marchará al ritmo de adopción de esas políticas y reformas.
La accesión del Perú dependerá del cumplimiento de un par de criterios esenciales: La compatibilidad de las mejoras institucionales y de una serie de reformas estructurales que haya realizado o realice el Perú con los estándares internacionales por los que se rige la OCDE; y el grado de convergencia de la normativa y las políticas peruanas con los convenios y prácticas de esa entidad.
Dicha convergencia está referida a principios liberales y a áreas funcionales.
Los principios rectores, imprescindibles para consolidar la afinidad de valores de los miembros, son conocidos en toda organización liberal: el respeto de las libertades individuales, de la democracia, del Estado de Derecho y de un libre mercado competitivo, sostenible y transparente. Al respecto, sin embargo, hoy no queda claro cómo se definen y aplican éstos a la luz del retorno del proteccionismo, de una mayor intervención del Estado en la economía, de medidas coercitivas unilaterales o el deterioro general de las calidades de la democracia.
Entre los elementos de convergencia funcionales destacan políticas en áreas sociales (educación, salud, trabajo, desarrollo regional y agrícola, seguros y pensiones entre otras), de mercado (políticas de inversión, mercado financiero, conducta corporativa, economía digital, política regulatoria, de competencia, etc.) y de gobernabilidad (gobernanza pública, políticas anti-corrupción, asuntos fiscales y presupuestarios, defensa del consumidor).
Pero además de las políticas en esos ámbitos, la convergencia se medirá también de acuerdo a las medidas adoptadas por el Perú para incorporar el progreso científico y tecnológico, afrontar la caída de la productividad, atenuar la desigualdad de ingresos y el deterioro de la movilidad social, hacer frente al cambio demográfico y al deterioro del medio ambiente entre otros problemas. Ello no implica la rendición de potestades soberanas en tanto que la convergencia es referencial.
En el marco de la OCDE la atención cooperativa y práctica de esta amplísima agenda brindará al país un derrotero de largo plazo en escenarios marcados hoy por muy cortos ciclos políticos. Y también respaldo institucional para apuntalar reformas estructurales que permitan ofrecer a la ciudadanía mejores servicios y mayor competitividad a la economía (hoy disminuida) con menores niveles de riesgo y mejor posicionamiento internacional.
El punto de partida distante de todo este proceso radica en la expresión del interés de aproximación peruano trasmitido formalmente a la OCDE en 2012 (especialmente en el campo de las inversiones). A partir de entonces, el Consejo de la entidad evaluó esa iniciativa, decidió luego proceder a la invitación al Perú en procura de su acceso y organizó la Hoja de Ruta correspondiente.
Con la asesoría del caso el Perú procedió a establecer una convergencia inicial de prácticas, pero esencialmente de normas, que culminaron con la confección y presentación, en la primera semana de este mes, del Memorandun Inicial para el acceso ya referido sobre la base de haber adherido a 47 instrumentos de los 257 que la OCDE tiene en vigencia.
La confección multisectorial de ese documento se inició en junio de 2022. Si la comisión respectiva y la de seguimiento en el Congreso pudieron, cada uno en lo suyo, estructurar el documento en cuestión se debió probablemente a las virtudes de las burocracias arraigadas que persistieron en el empeño sin que a los gabinetes de Castillo, quizás por ignorancia y desidia, les interesase lo que estaba en juego.
Hoy, la debilidad presidencial y la precariedad parlamentaria probablemente serán un obstáculo para la adecuada implementación de reformas institucionales (p.e. la bicameralidad congresal que fortalecería al Legislativo) o funcionales (p.e. la reforma de los sectores salud o transportes) adecuadas. Además del peso político de otros postulantes, como Brasil, la presencia de estos factores indican que, probablemente, el Perú no tendrá la mayor prioridad en la selección entre los países ya invitados a incorporarse formalmente a esa organización.
Sin embargo, la cooperación con esa entidad se intensificará mientras dure el proceso de evaluación. Ese vínculo será de gran utilidad en un contexto internacional cambiante, de mayor riesgo y menores expectativas de progreso.
Teniendo en cuenta la divergencia entre la expresión de voluntad del Estado para incorporarse a la OCDE y la insuficiencia de capacidades institucionales para lograrlo en el corto plazo, la colaboración entre los sectores público y privado para acceder plenamente a esa entidad debe intensificarse.
