En un escenario de crisis donde políticas fiscales contractivas impiden el crecimiento en los países desarrollados y políticas monetarias procuran estimular la disposición al crédito y el consumo (salvo en la Unión Europea), la política comercial se ha redescubierto como una política de crecimiento.
Para Estados Unidos y la Unión Europea esta novedad vienen envuelta en “grandes diseños” (p.e., la negociación de un acuerdo de libre comercio entre ambas partes), mientras que los países emergentes se embarcan en ellas (p.e. el acuerdo transpacífico) con menor perfil y más paciencia procesal.
La decisión de negociar el acuerdo euro-norteamericano (denominado Transatlantic Free Trade Agreement por instituciones o Transatlantic Economic and Trade Pact por el US Chamber of Commerce y Transatlantic Trade and Investment Partnership por la Presidencia de Estados Unidos y el Consejo y la Comisión Europea) es el más reciente y el más poderoso.
El término “gran diseño” puede cuestionarse si se atiende al desarrollo procesal de estos acuerdos pero de ninguna manera si se considera su dimensión estratégica: en un contexto caracterizado también por el cambio del centro de gravedad del poder, la voluntad de Estados Unidos de incorporarse a esa transición como centro de ese cambio y como actor principal geopolítico en las cuencas del Atlántico y del Pacífico muestra el carácter de esos acuerdos y la voluntad de la superpotencia de redefinir su rol. Precisamente por ello, esos entendimientos tienen importancia fundamental para países menos poderosos.
En el caso del Atlántico, ellos involucran a Estados Unidos y a la Unión Europea y, por tanto, a Occidente que replantea su rol bajo el formato de un acuerdo de libre comercio plus. Éste será difícil de negociar por la complejidad, nivel de competencia y hasta de controversia entre sectores de potencias económicas mayores, y también por sus diferentes sistemas normativos, las distintas exigencias de la crisis y hasta por el volumen del poder económico involucrado.
En relación a este punto debe recordarse que Estados Unidos y la Unión Europea representan juntos alrededor del 40% del PBI mundial y 47% del comercio internacional. En el 2010 las exportaciones norteamericanas a la Unión Europea equivalieron al 18.7% de ese origen y las europeas a Estados Unidos ascendieron a 18.1% (Congressional Research Center). La superioridad de estos flujos sobre cualquier otro es manifiesta. En efecto, en 2011, las exportaciones norteamericanas a China fueron menores al 50% de las colocadas por Estados Unidos en Europa (US$ 120 mil millones más o menos) y alrededor de 75% de las colocaciones chinas en Estados Unidos.
En síntesis, el valor de los intercambios Estados Unidos y Europa es de alrededor de US$ 5 trillones o un tercio del comercio mundial aproximadamente (idem). Con un agregado cualitativo: dada la escala del comercio entre las partes y la sofisticación de sus industrias, una muy buena parte se realiza de manera intraindustrial. En consecuencia, las facilidades que emerjan sobre esa elevada valla incrementará adicionalmente el valor del comercio euronorteamericano (especialmente en el sector tecnológico).
Por lo demás, la reducción de aranceles (que promedian entre 3% y 5%) implicaría una ganancia de alrededor de US$ 180 mil millones en cinco años (Idem) sin contar los beneficios del sector financiero. Ello se traduciría en un incremento del 0.5%-1% en el PIB europeo. Si ese es el resultado, el Comisario de Comercio Exterior Karel de Gucht, concluye que estamos frente al plan de estímulo más barato imaginable.
En términos cualitativos, el poder agregado de esa negociación se traduciría en el establecimiento de nuevas normas sobre nuevos sectores o la ampliación de las existentes en sectores tradicionales. Ello implicaría la posible fijación de nuevos estándares para otras negociaciones bilaterales en curso o para la moribunda ronda Doha que aún puede renacer. Si ello ocurriera, los costos de ese acuerdo (p.e., pérdida de competitividad de algunos sectores en los acuerdos suscritos por el Perú con Estados Unidos y la Unión Europea, nuestro país debería reclamar de manera ad hoc u organizada con otros socios igualmente perjudicados de manera específica.
De otro lado, en el ámbito de las inversiones los flujos y el stock norteamericano-europeo supera de lejos también a cualquier otro mercado en el mundo. Según la Cámara de Comercio norteamericana, las inversiones norteamericanas en la Unión Europea equivalen a US$ 1950 miles de millones mientras que las europeas en Estados Unidos suman alrededor de US$ 1600 miles de millones. Estas inversiones, mayoritariamente colocadas en el sector terciario de la economía tienen efectos multiplicadores de productividad insuperable aunque el empleo creado, por la naturaleza de la inversión, no sea masivo.
El efecto multiplicador de estas inversiones y la acumulación de capital que produce en áreas de rápida movilidad y transformación agregan a la sociedad atlántica un poder al que la sociedad del Pacífico (que también tiene a Estados Unidos en su centro) se seguirá siendo atraída.
El Acuerdo Transpacífico que negocian Perú, Chile, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, Viet Nam y Malasia es otro gran diseño que, sin embargo, se originó sin la gran potencia en 2005 cuando Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Signapur suscribieron el Acuerdo Económico de Asociación Estratégica Transpacífico (P-4). Conforme se fueron incorporando los siete nuevo negociadores el acuerdo adquirió su verdadera dimensión estratégica: no sólo se incluyó la primera potencia sino que la negociación en ese marco devino en axial. En efecto, cuando los países desarrollados de la APEC no lograron cumplir con los objetivos de Bogor que implicaban la conclusión entre ellos de un acuerdo de libre comercio en el 2010 (y entre los países en desarrollo en 2020), el acuerdo transpacífico entre los asimétricos miembros del APEC adquirió la capacidad de cambiar la dimensión institucional de ese escenario. Este consiste en reemplazar los mencionados objetivos de la APEC y, por su alcance, poner un piso al fracaso de la ronda Doha o de relanzarla (con el aporte del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea si éste se logra).
Pero la asociación transpacífico tiene también un rol geopolítico: consolidar comercialmente la cuenca Asia Pacífico como un escenario verdaderamente multicontinental (es decir, americano, oceánico y asiático y no, como viene ocurriendo hasta hoy, en un escenario donde predomina el Asia) y formalizar para Estados Unidos un rol adicional en el Pacífico donde esa potencia tiene un rol militar y económico pero no institucional.
El acuerdo involucraría a alrededor del 50% del PBI global. Si para países como Perú y Chile, el acuerdo implica la apertura de los mercados más dinámicos del mundo con el beneficio de haber suscrito previamente acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, para la primera potencia ésta estará estabilizando y contribuyendo a coordinar un mercado donde coloca 31% de sus exportaciones actuales y donde ha suscrito el 85% de su acuerdos de libre comercio. Esa cuenca genera 56% del PBI a la que esta potencia tiene acceso efectivo económico, político y de seguridad con aliados concretos. Los socios lograrán los mismos resultados quizás con mayor competencia pero con más estabilidad.
Para el Perú ese hecho agrega valor al acuerdo siempre que no se añadan costos por encima de la línea del acuerdo bilateral de libre comercio suscrito con Estados Unidos.
Para por matizar esos eventuales costos y también en términos del carácter mismo del mercado, la Alianza del Pacífico es un acuerdo fundamental. Éste se organiza entre países del Pacífico suramericano que agregan valor oceánico a una América Latina esencialmente continental y que tienen una similar visión del mundo y del valor del comercio en el escenario global.
Perú, Chile, Colombia y México formarán una zona de libre comercio mejorada que profundizará la integración para incrementar los intercambios de bienes, servicios, personas y capitales. Esa zona de integración mejorará la competitividad de sus miembros para acceder a los mercados de la cuenca del Pacífico y obtener el mejor resultado de los entendimientos que se suscriben en ese marco. Visto en esta perspectiva, la Alianza del Pacífico no es un acuerdo para lograr autonomía pero sí para lograr especificidad marítima, mejorar la interdependencia de sus miembros y para potenciar su participación en acuerdos y escenarios mayores como lo son el acuerdo transpacífico y al acuerdo trasatlántico. Simultáneamente, ese acuerdo forma parte del mismo gran diseño (ideado o inercial) en curso. Sus intereses pueden ser más específicos y distintos (y lo son porque deben responder primero a las necesidades de sus integrantes) pero estos intereses pueden también contribuir a construir a un gran escenario comunitario extrarregional.
A ese valor estratégico, se agrega uno más: el de fortalecer la vocación multilateral de estos acuerdos y, por tanto, otorgar al multilateralismo comercial un nuevo piso frente a la deteriorada ronda Doha y una alternativa para suplirla como instrumento de apertura comercial.
