En un contexto de quiebra del consenso democrático regional, el golpe militar ocurrido en Honduras debería haber agudizado la crisis liberal en el área. Sin embargo, la aplicación inmediata de la Carta Democrática por el sistema interamericano complementada por la condena del golpe por la Asamblea General de la ONU ha amortiguado ese resultado.
Tan excepcional concordancia de opiniones sobre los acontecimientos hondureños y la dimensión coercitiva con que se ha expresado la defensa de los principios democrático-representativos indicaría que los miembros de la sociedad internacional han actualizado, súbitamente, los fundamentos de una comunidad internacional sustentada en la defensa de principios liberales. Este, sin embargo, no parece ser el caso. En efecto, si la violación de libertades fundamentales en diversas regiones no ha disminuido (el caso de Irán es el más publicitado pero no el más grave), si la voluntad para impedir esa transgresión ha decrecido (el pragmatismo político ha recuperado terreno en las grandes potencias) y si el reconocimiento por los Estados liberales de la realidad esencialmente diferente de los Estados que no lo son ha vuelto a sus cauces, difícilmente se pueda concluir que la defensa internacional de la democracia en Honduras ha otorgado al sistema internacional un regalo comunitario.
Y tampoco se puede concluir en el ámbito hemisférico que Estados que no se rigen por la división de poderes, que disculpan la ausencia del Estado de derecho en la diversidad plurinacional o el bonapartismo de sus gobernantes, que consideran que el libre mercado es un abuso capitalista y que apelan a la amenaza del uso de la fuerza, hayan devenido súbitamente en paladines de la libertad.
Sin embargo, la gran convergencia de intereses en tormo a la situación de Honduras no puede desmerecerse como escenario de posible apertura regional y global para el trato menos divergente de crisis internas que pueden expandirse internacionalmente.
Frente a esa posibilidad, sin embargo, emerge una realidad más cruda: la manipulación de instrumentos idealistas (como la Carta Democrática) por Estados que, luego de haberse declarado agresivamente antiliberales, recurren a un régimen liberal para recuperar el terreno perdido por un socio: el presidente de Honduras, quien tras abandonar la plataforma política que lo llevó al poder, se refugió en la esfera de influencia de esa hostil asociación que es el ALBA. Así, si la reactivación funcional de la Carta Democrática abre un espacio de entendimiento entre potencias regionales con intereses en conflicto debe entenderse que ello ocurre en un escenario de balance de poder antes que en uno comunitario de principios compartidos.
Por ello es indispensable evaluar bien el golpe de estado hondureño. Si éste efectivamente se ha producido, el punto es que quienes lo perpetraron con compromiso institucional lo hicieron aparentemente para evitar que Honduras devenga en un Estado autoritario con sustento en una alianza expansionista antes que en una ciudadanía justiciera.
Las autoridades de la OEA deben saber articular los principios democráticos que defienden con las crudas realidades del poder que las envuelven.
