En una semana de intensísimo despliegue diplomático entre potencias mayores (Estados Unidos, China y Rusia en Washington y Nueva York) y de afirmación de fueros jurisdiccionales (la declaración de competencia de la Corte Internacional de Justicia en la controversia boliviano-chilena), el gobierno colombiano y las FARC anunciaron un acuerdo que acerca a las partes a una paz cuyos términos definitivos se concretarían el próximo año.
Dentro de su especificidad, el informe del presidente Santos a la Asamblea General de la ONU sobre el avance el proceso de paz colombiano, iniciado en La Habana el 2012, se inscribe en ese marco y se expresa en la creación de una “jurisdicción especial para la paz”.
Ese fuero ad hoc se organizará en torno a “salas de justicia” y un “tribunal para la paz” integrado por jueces colombianos (la mayoría) y extranjeros para sancionar a los responsables de delitos políticos y conexos y de delitos “muy graves” cometidos durante el conflicto sin distinguir entre actores legítimos y terroristas.
Los primeros, de tipología incierta, podrían merecer amnistía. De ella se excluye a los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, “graves crímenes de guerra”, tortura, desaparición forzada, entre otros.
A los que reconozcan responsabilidad en los delitos “muy graves” se les aplicaría una pena mínima de entre cinco y ocho años de “restricción de libertad” y los que no lo hagan se harían acreedores a carcelería por veinte años. En el caso de los delitos políticos y conexos las penas tendrán por objetivo la rehabilitación y se cumplirán en indefinidas zonas de detención.
A este acuerdo se ha llegado luego de que las partes ratificaran los compromisos previos en materia de reforma agraria, participación política y solución del problema de drogas. Estos acuerdos corresponden a tres de los seis temas de la agenda original que, luego de seis meses de negociaciones preliminares en Noruega, se acordaron en La Habana con la garantía y acompañamiento de Venezuela y Chile (además de Cuba y Noruega) en agosto-setiembre de 2012. Aún falta definir compromisos sobre fin del conflicto, implementación y verificación (que comprendería la “dejación” de armas).
Este último es fundamental no sólo porque no implica en apariencia rendición de dichas armas sino porque la “dejación” es determinante para que corra el plazo de dos meses luego del cual se pondrían en vigencia el fuero jurisdiccional.
No obstante este tipo de ambigüedades, el acuerdo ha sido apoyado como un paso hacia la paz por Estados Unidos, la Unión Europea, la Secretaría General de la ONU y el Vaticano (lo que explicaría el silencio del Papa sobre derechos humanos en La Habana). La UNASUR y CELAC han expresado también su respaldo.
Ese apoyo contrasta con la falta de consenso interno en Colombia. Si el ex –presidente Uribe es el más visible opositor al acuerdo y a la simetría de trato entre las partes, sólo 45% respaldaba el proceso en julio último. Consolidar el consenso interno es indispensable para la viabilidad de un acuerdo definitivo.
