A pocos días de un referéndum cuyo resultado puede poner en cuestión la viabilidad del Estado boliviano, el presidente Morales continúa alimentando el conflicto internacional.
Amparado en un anacrónico milenarismo y en coaliciones hostiles (Venezuela, Irán), Morales ha puesto a su país en rumbo de colisión con Estados que desean una buena relación Bolivia pero sobre bases de progreso, estabilidad y apropiado comportamiento externo.
Sobrevalorando su capacidad, amparado en el eco mediático que maneja con astucia y sustentado en el lamento como conducta, Morales ha emprendido una campaña ideológica contra todo acuerdo o régimen que contenga alguna orientación liberal (es decir, la mayoría en el orden global).
Al respecto, su embriaguez ideológica es de tal naturaleza que le impide evaluar con prudencia la relación con socios tradicionales (como el Perú), con organizaciones regionales que prestan a su país cooperación extraordinaria (como la Unión Europea) y con potencias cuyo mercado y capital son fundamentales para sus agentes económicos (y cuyos valores los ciudadanos bolivianos de vocación occidental comparten).
Para ello emplea la agresión verbal, el abuso de las reglas de la conducta diplomática convencional y la alianza agresiva sin importar las consecuencias para Bolivia, la región y la comunidad internacional. Es que para el señor Morales la imprudencia es su dominio y sus métodos, aquellos que uniforman el sindicalismo callejero con el maltrato de la representación del Estado.
Así, el señor Morales puede agredir a invitados a la ceremonia de toma de posesión del cargo sin que éstos pestañeen (el caso de la monarquía española), expulsar a organismos de cooperación económica (USAID) y de seguridad (la DEA), disponer el retiro perentorio de embajadores (por ejemplo, el de Estados Unidos), promover el aislamiento latinoamericano en centros de poder mundial (la propuesta para presionar a Estados Unidos mediante el retiro de embajadores con el propósito de debilitar el bloqueo comercial a Cuba), romper relaciones arbitrariamente (el caso de Israel) o acusar a la organización de integración por excelencia (la Unión Europea) de conspirar para quebrar una entidad de integración subregional cuyo sustento se ha diluido (la CAN).
Y para hacerlo, considera que cualquier forma es buena. Así, después de años de negociación del acuerdo de libre comercio entre Perú y Estados Unidos -y una vez concluido éste-, el gobierno de Morales amenaza con plantear una denuncia ante el Tribunal Andino por supuesto incumplimiento peruano de la normativa comunitaria. Para estos fines, la memoria del señor Morales prefiere ser frágil. Así, desea olvidar que fue en Cochabamba donde los países andinos dieron su anuencia a nuevas formas de negociación económica con terceros. Ésta se fundamentó en la Decisión 598 que dispone que estas negociaciones pueden ser conducidas por cada país cuando los andinos no se pongan de acuerdo para desarrollarlas comunitariamente. En tanto el señor Morales no sólo aborrece sino que desconoce los acuerdos de libre comercio (él prefiere prácticas más mercantilistas y más simples, como el trueque) fue imposible que los andinos negociaran conjuntamente con Estados Unidos y la Unión Europea dichos acuerdos.
Cuando el Perú hizo uso de esa alternativa imprescindible, Morales prosiguió su campaña antiliberal, transformada en “anti imperial”, socavando las bases de la concesión de acceso unilateral al mercado norteamericano promovida por Estados Unidos para los andinos (el ATPDEA). Cuando esa potencia excluyó a Bolivia de esa facilidad, Morales la acusó de doblemente imperial por haber facilitado el acceso primero y luego por retirarlo casi a pedido de ese gobernante. Y ahora que el Perú está a punto de poner en vigencia el acuerdo con Estados Unidos, Morales anuncia el “estudio” de una denuncia porque el Perú no informó de ese acuerdo a los países andinos (hecho imposible por los largos años de negociación y porque el resultado legal está a la vista de cualquiera) o porque no tuvo en cuenta la sensibilidad de ciertos productos bolivianos (que se sepa, la liberación de la soya en el mercado peruano está programada para el larguísimo plazo mientras que el acceso de la soya boliviana al mercado peruano se sigue rigiendo por la norma andina y bilateral correspondiente).
La reacción de Morales, además de sustancialmente ideológica, está dirigida contra el Perú cuya relación con Estados Unidos entiende casi como una amenaza (cuestión que, sin embargo, tolera con otro vecino). Y si ese vínculo está parcialmente definido por el TLC, entonces Morales debe romper fuegos contra ese acuerdo.
Aunque estridente y antioccidental, este comportamiento no debiera ser sorprendente. En efecto, Morales ha hecho lo imposible para impedir que Perú y Colombia puedan negociar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Su imprudencia ha llegado al punto de dilatar la negociación de un acuerdo andino de asociación con esa entidad aprovechando la extrema paciencia de quienes, en la Comisión Europea, consideran que Bolivia, por su debilidad y pobreza, debe ser protegida con esmero que no se concede a otros interlocutores.
Es más, Morales ha dispuesto que su país no concurra siquiera a las conversaciones sobre modalidades negociadoras con la Comisión para salvaguardar su derecho a adherirse al proceso si mañana cambiara de parecer. Ecuador, en cambio ya está sentado en Bruselas.
Aunque es evidente que el Perú intensificará el proceso de mejoramiento de su inserción externa, también lo es que no debe dejar sin respuesta la reiterada conducta agresiva del señor Morales. Y debe hacerlo antes de que el referendum del próximo 25 intensifique la disposición confrontacional de ese presidente. Es más, para cambiar la peligrosa conducta de Morales el Perú debe coordinar mejor con los países vecinos. La región será más estable si ello se logra.
