El proceso de pérdida de cohesión europea correspondiente al mayor centro integrador del mundo está transitando de la fuerte pérdida de la lealtad ciudadana a un centro que debía haber administrado mejor la generación de bienes públicos (en este caso, el menor impacto de la crisis económica y su más rápida y menos costosa salida) a un implícito reclamo de devolución de soberanía cedida con anterioridad.
Si bien esa cesión siempre fue una metáfora liberal que explica la voluntad de los Estados de integrarse, lo cierto que es que el centro benefactor (las instituciones de la Unión Europea) tiende hoy a ser percibido como generador de más cargas que beneficios así como de discriminación entre los que vuelven a enriquecerse con rapidez (los agentes del sistema financiero) y los desamparados por la economía real (retratados por el alto desempleo y la mayor inequidad).
Es posible que ese proceso no corresponda exactamente a la realidad de la integración en Europa pero el hecho es que así ha sido percibido por una gran proporción del electorado que, en el marco de un ausentismo que bordea el 56%, ha concurrido a las elecciones del Parlamento Europeo para reclamar cuentas, empoderar a euroescépicos y radicales y reclamar redefiniciones comunitarias y nacionales.
En sentido estricto esta interpretación de los hechos puede ser una exageración: finalmente los cuatro partidos tradicionales (popular, socialdemócrata, verde y liberal) se mantienen mayoritarios en el ámbito europeo (523 de 751 asientos aproximadamente), los dos mayores (popular y socialdemócrata) siguen constituyendo el pilar central de la Eurocámara (397 asientos con capacidad de formar una improbable alianza de mayoría absoluta) mientras ha emergido una multitud de partidos minoritarios sin mayor denominador común que la justificada expresión de la protestas frente al deterioro de las condiciones de vida.
Si esta lectura no es, sin embargo, nada más que una justificación de que la correlación de fuerzas en la Eurocámara no se ha descentrado, también es una constatación de que el elector europeo valora, a pesar de su desconfianza, lo alcanzado hasta antes de la crisis del 2008 y que el conformismo en la UE supera al ánimo de rebelión.
Esta percepción está en línea con la encuesta Pew Research que revela que antes que pasiones a favor o en contra, los europeos padecen de “sentimiento encontrados” complicados por ausencia de simpatía por candidatos supuestamente paneuropeos.
Pero ello no resta un pelo a las consecuencias que el malestar reflejará en el ejercicio de las nuevas atribuciones del Parlamento Europeo (p.e. elegir al Presidente de la Comisión –el órgano ejecutivo de la UE- sobre la base de una lista que presentan los Jefes de Estado y de Gobierno teniendo en cuenta los resultados electorales; co-decidir, a través de los presidentes de los grupos políticos parlamentarios -los del Partido Popular, los socialdemócratas, los demócratas y liberales, los verdes y la Alianza Libre Europea, los conservadores y reformistas europeos, la izquierda unitaria-nórdica y el de la Europa de la libertad y de la democracia- sobre una amplitud de temas ya ampliada a 40 nuevos temas-; consentir o denegar la selección del Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad y decidir con el Consejo Europeo el presupuesto).
Como consecuencia de ello y de la crisis, se asume que altos representantes del Parlamento existente –especialmente los señores Jean Claude Juncker del grupo Popular y Martin Shultz del socialdemócrata y su actual presidente- deben ser candidatos principales para presidir la Comisión en un marco en el que buena parte de la población europea desconfía de los tecnócratas de Bruselas y de los políticos nacionales.
Pero éste es el reto menor planteado por la elección. Los principales desafíos son de carácter nacional y nacionalista. Entre los primeros destacan el triunfo del derechista Frente Nacional en Francia –que ha puesto al Socialista partido de gobierno y a los conservadores de Sarkozy en las puertas del infierno-, del euroescéptico UKIP en el Reino Unido –que rompe el dominio de los partidos Laborista y Conservador ingleses- , del ultranacionalista Partido Nacional danés –que desfigura la imagen liberal de ese país nórdico y la caída al 50% del bipartidismo en España.
En ese escenario –que incluye una minoritaria impronta neonazi- sólo el Partido Democrático de gobierno en Italia gana con claridad desautorizando a radicales sin capacidad –Beppe Grillo- y a líderes corruptos –Berlusconi-.
De momento ese triunfo desplaza al demeritado triunfo de la coalición demócrata cristiana de la Sra. Mekel en Alemania (quien perdió casi una decena de puntos) y, por tanto, resta fuerza política al líder más reconocido de la Unión Europea.
Esta Europa sin vigor debe afrontar el empinamiento de Ezquerra Republicana en Cataluña –aún más comprometida con la secesión- bajo cuya sombra ganarán fuerza otras fuerzas subnacionales que pretenden separarse de sus respectivos Estados en el Reino Unido (Escocia), Francia (los corsos), en Italia (la Padania) y en Chipre.
A ellos podría sumarse el incremento de los reclamos autonomistas en España y otros países (salvo que el peligro del caos los llame a la razón) en un contexto de emergencia nacionalista externa (la crisis de Ucrania) que constituye una fuente de inestabilidad en la periferia europea y una frustración para su vocación expansiva.
Si estas fuerzas, integradas por Rusia y China, se potencian más allá de la expresión de fuerza que acaban de mostrar en la ONU vetando una resolución que apoyaba la integridad territorial de Ucrania y suscribiendo un acuerdo petrolero complementado por cerca de cuatro decenas de pactos adicionales, las tendencias desorganizadoras de la Unión Europea pueden incrementarse.
En este marco, son los Jefes de Estado y de Gobierno europeos los que deben devolver la estabilidad a la UE, enfatizando su compromiso de integración al margen de los irresponsables reclamos federalistas o aquellos que periodísticamente se resumen en “más Europa” en momentos en que las bases comunitarias están lejos de haberse consolidado.
En este punto los aliados de Europa y los Estados que tienen suscritos acuerdos con la Unión Europea –entre ellos, el Perú y varios latinoamericanos- deben hacer oír su firme opinión.
