Mientras la Unión Europea sugiere que lo peor de la crisis del euro ha pasado y su predisposición a fortalecer las medidas financieras y fiscales necesarias para la unión monetaria se concentran en la unión bancaria y el pacto fiscal, el Reino Unido acaba de llamar la atención sobre la situación de los intereses nacionales de los estados que no participan en la eurozona pero que son parte de la UE y que han sido afectados por esas políticas.
Si bien las decisiones sobre la crisis del euro competen esencialmente a los 17 miembros de la Eurozona, es evidente que su trascendental impacto en los 10 miembros de la UE que no lo son reclama mejoras de su participación en la instancia de integración que han suscrito: el mercado común (y no la unión monetaria).
El Primer Ministro David Cameron ha recordado esa diferencia de status para reclamar por el avance europeo hacia instancias de integración no comprometidas por los que no son miembros de la eurozona: el arrastre financiero que demanda la salvación del euro hacia mayores instancias transnacionales no corresponde necesariamente a los propósitos de generación de bienestar mediante el buen funcionamiento de los mercados de bienes y de servicios y de la cooperación subsecuente.
El Primer Ministro británico no lo ha dicho pero es evidente que su preocupación es la que corresponde a la irrazonable tendencia europea de procurar mayores niveles de integración como formas de superar crisis políticas (la reunificación alemana, por ejemplo) y financieras (la actual). Si la integración es un medio para procurar la paz (objetivo ya logrado en Europa) y el progreso (objetivo gravemente complicado hoy) antes que un fin, la Unión Europea tiene que tener en cuenta en ese proceso las diferencias entre sus miembros (que comparten principios comunes) involucrando mejor el interés nacional de cada uno, la calidad de sus estados (que la UE no puede reemplazar), la legitimidad de su comportamiento (que deriva de las ciudadanía nacionales y no de las entidades europeas) y los problemas que generan los excesos de las políticas burocrática de la UE.
Esta recusación del camino hacia la unión política y de los debates sobre federalismo-confederalismo intensificados por la crisis muestra los defectos fundamentales de la integración en la región más articulada del mundo y la fragmentación fundamental que en ella existe. De allí que el Sr. Cameron haya hecho un llamado a negociaciones que atiendan esta problemática mediante la flexibilización de la UE y que haya anunciado la convocatoria de un referéndum en el Reino Unido para decidir, luego de las eventuales negociaciones, si esa potencia permanece o se retira de la Unión Europea.
Si este planteamiento ha sido influido por el malestar dentro del Partido Conservador británico con el proceso europeo o por el incremento del peso político de los que se oponen a él (el Partido Independiente), ello es un hecho menor frente a la dimensión estratégico del planteamiento realizado: el Reino Unido es una potencia marítima mayor, desea seguir siéndolo y no está dispuesta a arriesgar ese status en un proyecto europeo que seguirá perdiendo peso económico e influencia si éste no se reforma empezando por la mejor atención de los intereses nacionales de sus miembros (especialmente de los que no han adoptado el euro como moneda).
Este riesgo proviene de la orientación interna de la UE: cambios fundamentales no universales debido a la unión monetaria conviviendo con pérdida de competitividad y brecha entre ciudadanos y la burocracia europea. Y también deriva de su actual proyección externa: pérdida de status relativo frente a potencias emergentes en lo que el Sr. Cameron denomina “una nueva carrera por el crecimiento y el empleo del futuro”. De no reformarse, la Unión Europea (que representa el 7% de la población, el 25% del PBI y 50% del gasto social globales) perderá participación y jerarquía especialmente si al ritmo actual su producto en relación con el mundo caerá casi 33% en las próximas dos décadas.
El Reino Unido es consciente de que su influencia será mayor en el marco comunitario. Pero no en el actual, sino en uno reformado y renegociado. Es en este escenario de insatisfacción interna y desafío externo que el Primer Ministro ha planteado una nueva “visión” europea basada en cinco principios.
Un imprescindible esfuerzo para ganar competitividad debe realizarse en el marco del mercado único. Éste debe completar la libre circulación de bienes y personas con la liberalización adecuada del sector servicios, de energía y de IT, negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos, Japón y la India (una alternativa a la estancada ronda Doha) y mejorar el proceso decisorio de la burocracia de la UE.
Esta reforma debe ser seguida de una mayor flexibilidad europea. En el plano interno ello supone que las reglas comunes hagan sitio a las diferencias de orden económico (los miembros del mercado único que no desean niveles de integración similares a los de la eurozona) en el marco de una red de países antes que de un bloque. Políticamente ello implica una unión de estados libres con intereses compartidos (es decir, no idénticos) donde la opción por más unión no implica necesariamente mayor centralización trasnacional. Y económicamente ello equivale a mayores salvaguardas para el acceso al mercado único de los que no son miembros de la eurozona.
Como consecuencia, la UE debe proceder a devolver poder del centro (Bruselas) a los estados miembros. Ello implica reexaminar qué compete razonablemente a la burocracia europea y qué no y aceptar que el mercado común no es equivalente a armonización plena (la eficiencia reside en respetar las capacidades distintivas de los estados para decidir lo que les compete).
Y como la Unión Europea está integrada por estados democráticos, el rol de los parlamentos nacionales debe ser potenciado. Dos realidades demandan este requerimiento: primero, no hay un “pueblo” europeo; y segundo, la legitimidad democrática proviene esencialmente de las ciudadanías nacionales (que, por lo demás, hoy se sienten desilusionadas con las políticas europeas).
En ese contexto reformista se requiere equidad en la distribución de beneficios que corresponden a los miembros de la eurozona y a los que no forman parte de ella. En tanto esta propuesta no alude a la solidaridad que es central para los miembros de la eurozona y sí a la indisposición a rescatar más economías en problemas cabe preguntar al Sr. Cameron si esa indisposición no implica el sacrificio de la eurozona. Pero esta cuestión debe ser planteada por los europeos, no eludida desde el inicio.
Por lo demás, si los resultados de esta propuesta deben ser sometidos a referéndum o no es un asunto de cálculo político. Y si pudo ser presentada de manera menos confrontacional, es un asunto diplomático. Pero la propuesta es razonable.
Y siéndolo, no puede ser marginada con argumentos maximalistas como los que demasiado fácilmente asumen los que sostienen que el proyecto europeo no es el de una Europa “a la carte”. Ya existen suficientes excepciones regimentales en la Unión Europea (y también serios incumplimientos) para dar credibilidad a esta respuesta.
Como también existe importante subordinación burocrática a autoridades no elegidas, proyectos de aliento histórico (la unión monetaria) inducidos por razones equivocadas (meramente financieras) o circunstanciales y más que suficiente cuestionamiento de una realidad que el progreso europeo ha logrado construir: la de los estados nacionales viviendo en paz cuyo logro no deriva solo de la Unión Europea. Estos excesos no permiten desatender una propuesta de entendimiento a niveles en que todos esos estados miembros puedan cumplir con las normas comunes sin forzar demasiado sus intereses nacionales. Al fin y al cabo, los países europeos son todos baluartes democráticos y de libre mercado.
Ciertamente la Unión Europea ha contribuido sustancialmente a que la alianza e integración entre ellos se mantenga y mejore. Pero la integración a marchas forzadas delegando cada vez más autoridad a una burocracia trasnacional por las razones equivocadas puede terminar erosionando las bases fundamentales de la cooperación y poniendo en cuestión el proyecto europeo que tanto bien ha hecho a la humanidad. Un buen balance entre integración e intereses nacionales es lo adecuado. La mayoría de los europeos parecen desearlo (y que quizás no pocos estados).
Los latinoamericanos que desean integrarse deben aprender de este debate cumpliendo con el requisito esencial para lograr un mejor resultado: adherir a principios liberales comunes.
