25 de Agosto de 2006
Las dificultades de libre acceso a las fuentes de energía no renovable y el fuerte incremento de los precios del petróleo están replanteando en Europa, Asia y América el recurso a la energía nuclear como alternativa entre las fuentes renovables.
En la medida de que ese desarrollo converge con la emergencia de nuevas potencias en el sistema internacional y con el hecho de que algunos conflictos regionales incluyen eventualmente el componente nuclear (los casos de Irán y Corea del Norte), es claro que el nuevo impulso energético tiene una dimensión geoestratégica de considerable magnitud.
La primera de ellas consiste en la revisión de la lista de Estados “nucleares” y “no nucleares” establecida a la fecha de la firma del Tratado de No Proliferación (1968) y de su puesta en vigor (1970).
Entre los primeros sólo se encontraban Estados Unidos, la Unión Soviética, China, el Reino Unido y Francia. Aunque entre los no firmantes (India, Pakistán, e Israel), sólo los dos primeros han reconocido oficialmente su status nuclear (Israel ni lo confirma ni lo niega), es evidente que esas tres potencias se cuentan, desde hace algún tiempo, en el “club nuclear” ampliado.
Posteriormente, Estados como Sudáfrica, Brasil y Argentina suspendieron sus desarrollos nucleares pero mantuvieron su capacidad. Entre el resto de los países no nucleares de los 187 que ratificaron el Tratado de No Proliferación quizás algunos desarrollaron conocimientos básicos sobre esta materia (el Perú entre ellos a través del IPEN) pero siempre dentro de las obligaciones de uso pacífico establecidas en el TNP que obliga a coordinar términos de vigilancia con la Organización Internacional de Energía Atómica.
Para enfatizar esa obligación los países latinoamericanos (33 signatarios) suscribieron en 1968 el Tratado de Tlatelolco vigente desde 1969 que declara a la América Latina zona libre de armas nucleares. Esta calidad es compatible con el desarrollo de actividades y sistemas orientados al uso pacífico declarado como derecho inalienable por el TNP.
El segundo impulso revisionista del status nuclear establecido con la firma del TNP es el que proviene de potencias antisitémicas como Corea del Norte e Irán que han sido conminadas por el Consejo de Seguridad a deponer todos los desarrollos y sistemas que no cuenten con la adecuada supervisión de la OIEA.
Y el tercero proviene de agentes terroristas que intentan, manifiestamente, de hacerse con armas de destrucción masiva.
Es en este renacimiento proliferador que aparece el interés de países desarrollados y no desarrollados de recurrir a la energía atómica para usos pacíficos. Entre los últimos se encuentran algunos de la región que brindan seguridades de cumplimiento de los tratados de no proliferación (p.e., Chile, Brasil, Argentina). Pero ese interés se complica por la competencia eventual de gobiernos como el de Venezuela cuyas intenciones y alianzas no brindan seguridades de ninguna especie en la materia.
Bajo estas circunstancias, las organizaciones creadas al amparo del TNP y del Tratado de Tlatelolco deben estar alertas para que la reanudación de la investigación nuclear, producción de uranio enriquecido y de construcción de plantas en Brasil (Angra III) y Argentina (Atocha II), entre otros desarrollos, cumplan con las normas correspondientes y faciliten mecanismos de supervigilancia con la OIEA (especialmente si el material producido va a ser comercializado).
Si bien es cierto que los Estados de la región tienen pleno derecho a adquirir esta capacidad, deben evitar que en Suramérica se arriesgue una quiebra del régimen nuclear existente. Las consecuencias serían extremadamente costosas para todos.
