El espionaje de un Estado en otro es un acto hostil. Eventualmente implica agresión. Aunque las investigaciones no han concluido, el último acto de espionaje chileno en el Perú tiene esas características. Frente al daño generado a la seguridad nacional y a las relaciones bilaterales, las explicaciones pedidas por el Perú es lo mínimo exigible. Y sin embargo, Chile las niega porque sus autoridades desconocen la responsabilidad de lo actuado e imputan al Perú manipulación de los hechos. Al margen de la racionalidad de este tipo de agresiones (el espionaje rara vez se reconoce), la reacción chilena escala la fricción. Como consecuencia se deteriora la relación bilateral en el marco de una controversia fronteriza cuyo marco jurisdiccional no desea ser entendido por Chile como un proceso de solución pacífica de controversias. En este escenario la creciente interdependencia económica reducirá su saldo positivo, el escaso nivel de confianza mutua se deteriorará y la animosidad mediática se incrementará. Siendo Chile el actor hostil, le corresponde evaluar bien hasta dónde permitirá que el deterioro continúe. A esa evaluación el Perú no podrá asistir como un actor pasivo.
Si esta situación muestra que la agresión convencional (como el espionaje) es una realidad que se suma a la asimetría estratégica, también indica que la amenaza convencional sigue estando presente (hasta la OEA lo reconoce). Aunque un conflicto bilateral es escasamente probable, el espionaje muestra que nuestra disposición disuasiva es claramente insuficiente. De ello se concluye que las capacidades nacionales deben incrementarse tanto para mejorar la defensa como para elevar los costos de la agresión convencional y no convencional. Si ello es evidente, el Perú no puede darse el lujo de persistir en un despliegue diplomático promoviendo un menor gasto en defensa cuando nuestros niveles de seguridad son tan vulnerables como lo ha sido la institución penetrada por los servicios de inteligencia chilenos. En efecto, no puede haber menor incentivo para la paz vecinal que la percepción del vecino de que los costos de una agresión al Perú son fácilmente sufragables.
Peor aún cuando esta vulnerabilidad indica que los niveles de control de nuestra política exterior y de nuestra defensa (nuestros servicios de inteligencia se han mostrado lentos y desconectados de la autoridad gubernamental) son bajos. La situación empeora si esa falta de control interacciona con un mayor control estatal chileno de su propia acción externa oficial y encubierta o con instancias intermedias de ese Estado que actúan por cuenta propia recibiendo, luego, la protección gubernamental.
Esta situación es además peligrosa porque los casos de espionaje declarado sólo se han hecho evidentes con Chile y Ecuador. Ello no ha ocurrido con los demás vecinos ni con otras potencias porque la cooperación de inteligencia es mayor o porque las capacidades de esos Estados son inmensamente superiores.
Esta última eventualidad agrega riesgo en el caso en cuestión porque nuestras escasas capacidades reducen las posibilidades de negociación y porque muestra que las posibilidades de la inteligencia abierta en un Estado poroso como el nuestro no son suficientes para ciertas ambiciones en nuestro vecindario.
