• Alejandro Deustua

Hoja de Ruta Para el Desarrollo

Desde la gestión interna de los gobiernos nacionales hasta la de las potencias que negocian soluciones a conflictos internacionales recurren crecientemente a concertar parámetros para alcanzar los objetivos deseados. Las denominadas “hojas de ruta” proliferan en un rango que cubre desde gobiernos como el peruano –que además ha suscrito un Acuerdo Nacional de largo plazo, nada menos- hasta potencias y asociaciones como el Cuarteto (Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, la ONU) en relación al conflicto palestino-israelí. El grado de cumplimiento de estos compromisos es, sin embargo, tan insatisfactorio como complejos son los escenarios que esas “hojas de ruta” deben ayudar a transitar.


Tal es el caso de los “Objetivos del Milenio” adoptados el 2000 por los miembros de las Naciones Unidas para combatir la pobreza y promover el desarrollo. Para corregir ese problema, la ONU –a través de un grupo dirigido por el economista Jeffrey Sachs- acaba de procurarse un recetario de políticas (1) que, de no ser por la especificidad de cada realidad nacional, debiera contribuir a absolver las dudas de gobernantes actuales y futuros en la materia.


El documento en cuestión recuerda primero los objetivos asumidos por la comunidad internacional a la vuelta del siglo. En efecto, para combatir la pobreza los países miembros de la ONU comprometieron para el 2015 la reducción de 50% de la pobreza extrema y del hambre en el mundo, el acceso a la educación primaria de todos los habitantes de la Tierra y la eliminación de la discriminación de género en el proceso. En materia de salud el compromiso global para el 2015 implica la reducción de 2/3 de la mortalidad infantil (menores de 5 años), de ¾ de la materna, de 50% de la malaria y otras pandemias y la reversión de la plaga del SIDA. Y para promover el desarrollo, se convino la incorporación de los principios del desarrollo ambiental en las políticas nacionales, incrementar en 50% el acceso al agua potable y a servicios básicos de sanidad y el establecimiento de una asociación global para el desarrollo.


Esta asociación, a su vez, debería incrementar la apertura adecuadamente normada del comercio y del financiamiento internacionales, una aproximación comprehensiva al problema de la deuda externa, satisfacer los requerimientos de inserción de los países menos desarrollados (acceso preferencial a mercados, cancelación para éstos de la deuda oficial bilateral, atención especial a los países mediterráneos y a las pequeñas islas) y mejorar el acceso a las nuevas tecnologías y de los jóvenes al empleo. Siendo estos compromisos el mínimo común denominador, todos los miembros de la comunidad internacional debían poder incorporarlos a sus prioridades de gestión pública.


A la luz de las limitaciones disciplinarias de las respectivas políticas económicas quizás algunos países adoptaron los compromisos descritos por motivos onomáticos. Y quizás otros lo hicieron con seriedad pero conociendo las dificultades de su cumplimiento mientras unos cuantos está cumpliendo parcialmente. Para facilitar la tarea de los que no quieren o no pueden cumplir con lo pactado internacionalmente, el grupo de trabajo de la ONU ha propuesto un conjunto de recomendaciones. Éstas se pueden clasificar entre las que son ejecutables nacionalmente y las que sólo pueden serlo internacionalmente.


Entre las primeras se sugiere que todos los objetivos del milenio estén incorporados en las políticas locales hacia el 2006; el incremento sustancial de la inversión pública y el desarrollo de las capacidades nacionales; y la adopción concertada de estrategias efectivas de reducción de la pobreza. Entre las internacionales destacan la cooperación entre países desarrollados y en desarrollo para estimular el crecimiento de las economías; el incremento de la cooperación de los países desarrollados de 0.25% a 0.54% del PBI hacia el 2015 y la focalización de la misma donde halla más posibilidades de éxito; la culminación de la Ronda Doha hacia el 2006 para favorecer especialmente el comercio de los países en desarrollo y la inversión consecuente; y la intensificación de la coordinación por la Secretaría General de la ONU de los esfuerzos de cumplimiento.


A modo de complemento, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de criticar seriamente el insuficiente rol del FMI y del Banco Mundial en este empeño sugiriendo mayor representación y participación de los países en desarrollo en el proceso de toma de decisiones de esos organismos cuando se examine la reforma de la ONU a partir de setiembre próximo. Y para que no queden dudas sobre estas buenas intenciones, la Secretaría General de la ONU asegura que este año la prioridad de la seguridad en la agenda internacional deberá ser complementada por la del desarrollo.


A la luz de la experiencia en estos grandes diseños multilaterales, el escepticismo en el cumplimiento de estos objetivos y recomendaciones tiende a ser la norma antes que la excepción. Las dificultades son al respecto de carácter político y normativo. Las primeras giran en torno a las inflexibilidades de las políticas económicas contratadas con los organismos multilaterales y a la tradicional “falta de voluntad política”. Las segundas emergen de una evaluación distinta, pero esencialmente correcta, de los problemas de la pobreza y del desarrollo ligada a las deficiencias estructurales de la economía mundial y de los modos de inserción a la misma. La discusión sin embargo no debiera impedir tomar acción elemental para solventar los problemas inmediatos.


Para proceder en esa dirección, los organismos regionales de los países en desarrollo deben tomar la iniciativa implementando las políticas propuestas en la medida de sus posibilidades. Para comenzar la Comunidad Andina y el MERCOSUR podrían establecer unas metas concretas al respecto que haga más verosímil la dimensión social de sus propias instancias (y de otras de integración incipiente como la Comunidad Suramericana de Naciones). Y de paso podrían hacer saber a los organismos financieros multilaterales que están procediendo en ese sentido dentro de márgenes aceptables de disciplina fiscal. La generalidad de las propuestas debiera poder facilitar la tarea enfatizando algunos acápites, minimizando otros y descartando los que sean ostensiblemente utópicas. Nuestros países, tan elocuentemente adeptos al multilateralismo retórico, tiene acá una oportunidad de probar esa militancia en beneficio propio. Por lo demás, las recomendaciones de acción generadas por el grupo de trabajo de la ONU no constituyen obstáculo alguno para que los diagnósticos sobre las causas estructurales del subdesarrollo puedan ser atacadas cuando aquellos puedan ser traducidos en políticas efectivas. Mientras tanto, los problemas concretos de la exclusión económica y social deben ser confrontados con la mayor eficiencia posible. Ahora la ONU está añadiendo a las políticas de lo posible, políticas de lo realizable. La propuesta debe ser asumida.

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