Los planteamientos "novedosos" sobre problemáticas conocidas tienden hoy a ser valorados sin mayor consideración por sus contenidos. Los publicistas y los cínicos encuentran en esa brecha una oportunidad de mercado que pueden explotar sin importar si el planteamiento "innovador" incinera el bien común que ciertas políticas desean proteger. En ese formato de incertidumbre y ambivalencia actividades de linderos muchas veces grises, como el narcotráfico, florecen con la complacencia social.
La "huelga" de "cocaleros" tiene hoy esas connotaciones. Para presentarla como socialmente aceptable sus promotores recurren a buenos modales y varias ficciones. La primera de ellas consiste en disfrazar de huelga -actividad normalmente vinculada a un sector productivo legal- un desafío frontal a la sociedad: los "cocaleros" desean mejorar sus condiciones de trabajo mediante la desactivación de las instituciones del Estado encargadas de lidiar con el problema de la droga (DEVIDA), la suspensión de algunos de sus instrumentos fundamentales como la erradicación forzosa o voluntaria, el uso de la empresa comercializadora (ENACO) para registrar como legal coca de dudosa procedencia y destino, la pérdida del control de esa empresa por el gobierno central, además de la liberación de un dirigente imputado de serios delitos. En otras palabras, proponen la neutralización del Estado en la lucha contra el narcotráfico amparada por la ley.
La segunda ficción consiste en la mimetización de cocaleros vinculados a la cadena del narcotráfico (la razón de ser de la coca ilegal) con agricultores y campesinos a los que dice representar la confederación reivindicacionista. Esa "representación" tiene como propósito la disolución de las fronteras entre las actividades legales e ilegales a las que se dedican los "representados". Y como si los peruanos no tuviéramos suficiente con la experiencia de mimetización social del agente hostil en la guerra contra Sendero, la confederación alzada pretende también mimetizar la naturaleza de nuestra cuenca amazónica calificándola de "cuenca cocalera" en la que esos cultivos son presentados como propios de ese ambiente.
La tercera ficción consiste en justificar el reclamo "cocalero" en la "falta de respeto" de las autoridades por organizaciones en las que el narcotráfico se infiltra naturalmente. Pretendiendo llevar la discusión al plano de la descalificación ética del Estado, los representantes de los "cocaleros" mimetizan los intereses del narcotraficante con los del pequeño agricultor confrontándolos con las atribuciones de la autoridad establecida. Por eso le desconocen competencia y reclaman la presencia de mediadores a figuras destacadas de la Iglesia, nada menos, de los que obtendrán no sólo legitimidad social sino religiosa. Todo esto es presentado, por supuesto, con serenidad y buenas maneras tan apreciadas mediáticamente.
Un cuarta ficción consiste en la intensificación del escenario brumoso que siempre fue propio del área efectivamente cultivada. Las disputas sobre la real dimensión del hectareaje entre la Policía Nacional y los organismos norteamericanos datan de la década de los 80. Pero hasta ahora nunca había sido utilizado la confrontación estadísitica -esta vez entre los organsimos norteamericanos y la agencia correspondiente de la ONU, el PNUFID- con el propósito de incrementar el margen de coca "legal" que se puede explotar (el Estado dice que de cada 10 hectáreas una es legal, mientras los cocaleros diagnostican que de cada 10 has. el cultivo legal es de 5 has. en un espacio mayor -60 mil has. en lugar de 35 mil-).
Finalmente, la ficción mayor consiste en la pretensión in pectore de la confederación reinvidicacionista de convertirse en una alternativa de poder al estilo boliviano. Mientras buscan un líder confrontan la autoridad legal y democrática del Estado para aplicar la ley incrementando la sensación de ingobernabilidad en un contexto global de inseguridad proveniente de la muy real y presente amenaza narcoterrorista. A ella se ha sumado el "camarada" Alipio sin que la confedración proteste demasiado al respecto.
Si los cocaleros no ligados al narcotráfico desean discuir con el Estado formas más aceptables de llevar a cabo la sustitución de cultivos, el desarrollo alternativo y la erradicación, entonces deben dialogar con DEVIDA respetando la política gubernamental correspondiente. Mientras tanto, el INEI y el ministerio de Agricultura deben esclarecer el debate estadístico sobre la demanda legal de coca y la oferta ilegal de la misma. El Estado no puede ceder su jurisdicción ante los "cocaleros" sin arriegar la incorporación de escenarios bolivianos o colombianos a los diagnósticos de seguridad nacional que elaborarán propio y extraños.
