Luego de que Cuba se incorporara al Grupo de Río sin que los miembros de esa organización se atrevieran a solicitar cambios en aquel régimen totalitario, el neoregionalismo latinoamericano, reforzado por un foro redundante (el CALC), ha fortalecido la centralidad de la isla castrista en el Hemisferio.
Ese peligroso cambio de centro de gravedad regional ha sido, naturalmente promovido por Venezuela y extraordinariamente estimulado por Brasil. En ese mismo rumbo caribeño parece embarcarse la próxima administración Obama al tiempo que otras potencias medias no atinan, salvo insustanciados esfuerzos como el de UNASUR, a redefinir el potencial estratégico de Suramérica en el marco interamericano.
La aparente convergencia de intereses nacionales sobre la importancia renaciente de Cuba no implica, sin embargo, coincidencia sobre la naturaleza de los mismos. Así mientras que Venezuela encuentra en la isla un extraordinario factor de poder ideológico y geopolítico para su proyecto hegemónico en América Latina y el Caribe (Chávez ya ha invertido en Cuba más de US$ 15 mil millones según algunas fuentes), Brasil busca la aproximación al régimen castrista como ingrediente de poder que impulse mejor su disposición alcanzar status de potencia de proyección global. Si hubiera cierta proximidad ideológica en esa posición, ésta no proviene de la identificación con la dictadura.
De otro lado, mientras que Cuba implica para Venezuela la consolidación de su proyecto “anti-imperial”, para Brasil supone, como antes, la marca de una cierta distancia con Estados Unidos que le brinde, esta vez, una sui generis sensación de autonomía acorde con el status buscado, legitimidad regional y ampliación del margen de maniobra global.
En ambos casos, los diversos grados de distanciamiento con Estados Unidos suponen también diversos grados de interés por consolidar un liderazgo regional. Lo extraordinario es que la apetencia de ese liderazgo margina, con irresponsabilidad, tanto los requerimientos hemisféricos de buena parte del área como los intereses que derivan de la propia historia venezolana y brasileña.
En efecto, desde la hoy repudiada vieja democracia partidista venezolana hasta la precaria realidad de la economía chavista, Venezuela ha mantenido vitales convergencias ideológicas (ayer) y de mercado (hoy como ayer) con Estados Unidos.
De otro lado, la peculiar política exterior brasileña desea olvidar, aunque no pueda, que la herencia de su mentor original (el Barón de Rio Branco) privilegió la relación con Estados Unidos en la primera mitad del siglo pasado, que Brasil fue uno de los dos países latinoamericanos que participó con tropas del lado aliado más pro-norteamericano en la Segunda Guerra Mundial y que, desde 1994 no sólo aprobó sino que co -presidió la construcción del ALCA.
Al tanto de esa memoria, parcialmente recuperada quizás por la incorporación al gobierno de Lula de uno de los profesores de Barack Obama (Roberto Mangabeira Unger), el gobierno brasileño puede hoy corregir los errores de un peculiar asesor presidencial, proponiéndose como promotor del diálogo de Cuba, Venezuela y Bolivia con el próximo gobierno norteamericano.
Pero mientras ese paliativo toma cuerpo, la administración Obama se prepara para tratar con llamativa prioridad en el área con los gobiernos de Cuba y Venezuela (aunque luego de la que, por vecindad corresponde a México como se ha visto en la reunión Obama-Calderón) Este enfoque puede corresponder a la visión restringida que deriva del histórico primer arco de seguridad norteamericano en el Hemisferio (que incluye Panamá y el norte suramericano). Pero con ello Estados Unidos prolonga, en el siglo XXI, las prioridades de la Guerra Fría en la región cuando el juego de poder ha cambiado en ella.
Esta situación pudiera parecer sensata y realista a los norteamericanos que definen las prioridades del interés nacional apenas estableciendo la equivalencia entre desafíos a confrontar y objetivos a realizar. Esperamos que éste no sea el caso de los que privilegian la capacidad de poder de los Estados vinculada a la necesidad de influencia de esos Estados y de Estados Unidos en función también de principios compartidos. Si prevalecen los primeros, América del Sur podrá merecer la prioridad que le otorgan los centros de inestabilidad mayor, sean éstos aliados (Colombia) o no (Venezuela, Ecuador, Bolivia). Si prevalecen los segundos, el Cono Sur suramericano merecerá una mayor atención.
En ninguno de estos dos casos, el Perú tiene un rol destacado (un TLC de mero entendimiento económico no traduce asociación suficiente). Ese rol podría recuperarse si Estados Unidos privilegia, como debiera, el trato con Estados democráticos, económicamente liberales, comercialmente asociados a la primer potencia y probados en la confrontación de amenazas comunes (como el narcoterrorismo, por ejemplo).
Mientras el señor Obama no ha dado muestras aún de entusiasmo por esta opción, sí ha enfatizado, en cambio, la importancia que asigna a los actores antagónicos en su nueva diplomacia. Sin duda que tratar con el adversario es fundamental, pero el éxito de esa opción no se asegura si se realiza subordinando al socio. Y menos cuando el adversario principal se asienta en una disputada zona geopolítica mientras que los problemas geopolíticos del socio no colisionan necesariamente con los norteamericanos.
Que los suramericanos estén divididos no es argumento para tratar con parte de ellos (los más o menos cercanos) en condiciones relegadas. Especialmente cuando en esta parte del Hemisferio se encuentran no sólo las economías mayores de la región (salvo México) sino los Estados de mayor proyección global.
Cuba, en cambio, representa no sólo el fracaso de 50 años de dictadura sino el más evidente obstáculo ideológico al progreso suramericano.
En efecto, la Cuba castrista ha sido un casus belli permanente en el área. No sólo colocó a América Latina en el centro de una guerra nuclear inminente, sino que embutió en la región la violencia sistémica de la Guerra Fría, trajo la guerra de guerrillas y estimuló la doctrina de la “seguridad nacional” y del conflicto asimétrico. La consecuencia de ello fue la polarización ideológica y la justificación del golpe militar. Ambas consecuencias impidieron la ejecución de los principios liberales expresados en la Carta de la OEA de 1948 y bloquearon la superación de las desigualdades sociales en el área.
A la luz de esos antecedentes, el régimen castrista debiera ser condenado o forzado a admitir sus responsabilidades y, desde luego, a abrirse si desea su reincorporación a las instituciones regionales. Pero, en lugar de ello, los latinoamericanos han preferido premiarlo y reconocerle el rol de gran fragmentador hemisférico, de fuente de poder ideológico, de baluarte nacionalista y de fuerza moral en la región.
Esa posición “latinoamericana” (que no es consensual), puede facilitar la aproximación del señor Obama a Cuba, pero la traducción geopolítica de esas condiciones no resultará en una reconciliación fluida sino en disfunción estratégica en la región si los latinoamericanos y norteamericanos sensatos no corrigen su tendencia a repetir la historia.
Si alguna importancia tiene la aproximación cubana, ésta debiera ser la de su reforma sustancial, su contribución al fortalecimiento del sistema interamericano y su disposición a lograr estabilidad del área. En ello deberíamos trabajar con realismo antes que aceptar amnistías para un régimen que tiene inmensas deudas pendientes con los ciudadanos cubanos y con la comunidad internacional. La próxima administración norteamericana debe percatarse de ello.
