Mientras en Davos se asume un renovado escenario de cambios del poder mundial, el incremento del peso económico del Asia como “región” influyente es innovado por acuerdos comerciales que contrastan con una nueva competencia militar de proyección sistémica y las economías mayores focalizan la asistencia al desarrollo en África. En el marco de este proceso de redistribución global de influencia, la cohesión suramericana es puesta en cuestión por sus Estados miembros.
En efecto, a pesar de beneficiarse excepcionalmente de un contexto económico inmensamente favorable (aún tomado en cuenta sus desequilibrios y riesgos) y de empezar a padecer un entorno de seguridad menguante, no pocos Estados suramericanos parecieran dispuestos a desperdiciar el momento y a densificar los obstáculos al progreso, ampliar las divergencias políticas y a complicar la seguridad regional.
Esta singular predisposición reaccionaria se manifiesta en la progresiva erosión de la convergencia política y económica en la región, el incremento de alineamientos cada vez más rígidos en el área, la intensificación de la fricción y del conflicto (que involucra a la seguridad en algunos casos) y la pérdida de orientación colectiva y de liderazgo singular o compartido.
Aunque las mejores noticias provengan recientemente de la decisión brasileña de empeñarse en un proyecto de crecimiento de largo plazo (5%) basado en la inversión y el estímulo fiscal (que, de tener éxito, mejorará sustancialmente los fundamentos macroeconómicos suramericanos, si cabe hablar de ellos), la imposibilidad de lograr avances sustantivos en la superación de los graves problemas del Mercosur (el más importante bloque de integración subregional del área) ha confirmado, en la cumbre reciente, la consistencia de las tendencias corrosivas arriba señaladas.
La principal de ellas es la fragmentación estructural entre gobiernos sustentados en principios y orientaciones liberales (Perú, Chile, Colombia) y otros incremental y agresivamente estatistas (Venezuela, Bolivia).
Entre estos extremos aparece una gama de Estados que desean redefinir las reglas del mercado como si tratara sólo de un orden social (Ecuador), otros que muestran una mayor tendencia a la apertura aunque contenida por presiones vecinales (Uruguay) y otros que practican una combinación de activismo estatal creciente y de cauto liberalismo económico (Brasil y Argentina).
Más allá de la discusión sobre la aceptación ciudadana de un mayor rol del Estado en la economía, el hecho es que bajo estas diversas categorías (que incluyen la renovada confrontación entre orientaciones socialistas y capitalistas de los modelos de desarrollo) la convergencia económica ciertamente se ha complicado en Suramérica.
En consecuencia, el camino de la integración regional se ha entorpecido. En efecto, a pesar de lo que sostengan los postulantes de la integración populista y geopolíticamente administrada (Bolivia y Venezuela), la falta de coincidencia de políticas económicas nacionales tendrá como correlato la lógica imposibilidad de organizarlas colectivamente y de armonizarlas.
En consecuencia, no sólo las zonas de libre comercio intraregionales pueden estar en riesgo sino que la inviabilidad de lograr una unidad económica y monetaria esta ahora claramente a la vista. Al respecto no se puede pretender la ficción de una integración “que reconozca nuestras diferencias” de principios y disciplinas económicas. En lugar de ello sería más sensato el planteamiento de un espacio económico que se fundamente en el mejoramiento de la infraestructura física y la complementación económica.
Estas desarmonías son un reflejo del impacto que la contrarreforma nacionalista que, con matices socialistas, étnicos o simplemente dirigistas, ha renacido en la región. Ello ha llegado al punto de cuestionar la naturaleza del régimen político hemisférico (la Carta Democrática) admitiendo, en algunos casos, la legitimación de la democracia participativa como equivalente de la representativa (Brasil) y en otros, el predominio excluyente de la primera que, paradójicamente, se orienta hacia la concentración del poder (Venezuela y Bolivia) o a la evicción de los “partidos políticos tradicionales” y de la correspondiente instancia parlamentaria (Ecuador).
Si el impulso vital y congregante de la democracia representativa se ha perdido en la región, las formas que la fragmentación adopta se orientan hacia alineamientos crecientemente rígidos de disposición no sólo contrapuesta sino eventualmente hostil.
El agente más dinámico en la organización de estos alineamientos (Venezuela) alienta crecientemente lealtades apuntaladas con manifestaciones crudas de ejercicio del poder cuyo impacto reside en su capacidad de confrontación. Ésta se guía por valores diferentes a los establecidos hemisférica y regionalmente, por la expresión de un núcleo antiliberal tutelado y expansivo y por una proyección geopolítica fuertemente antioccidental.
La incapacidad e indisposición de las mayor potencias regionales (Brasil y, en menor nivel, Argentina) de contener la fuerza antisistémica así organizada han debilitado intensamente los fundamentos esenciales de la noción de comunidad en la región. A ello ha contribuido últimamente la promoción abierta de asociaciones estratégicas con Estados que ponen en riesgo la estabilidad global (Irán que se encuentra sometido al régimen del capítulo VII de la Carta de la ONU). Ésta interactúa con la conflictividad interna en Estados de extrema fragilidad (Bolivia). Como resultado de esa dualidad perversa, la inseguridad regional se ha incrementado.
Ello ocurre cuando la fricción derivada de los diversos alineamientos en Suramérica puede orientar intereses nacionales primarios según diferentes percepciones de amenaza (donde unos ven socios, otros identifican enemigos o adversarios). La latencia del conflicto, por tanto, se está intensificando en la región. Éste podría transitar de su estado larval a una más activa dinámica cada vez con menor estímulo (que bien podría ser extraegional).
Ciertamente no es éste el único escenario regional posible. Pero sí el más evidente. ¿Qué está haciendo nuestra política exterior al respecto? No mucho.
Para empezar, ésta no ha sido presentada pública y orgánicamente aún. Luego de los lineamientos básicos descritos a mediados del año pasado, la política exterior ha seguido un curso dictado por la acción externa antes que por su formulación detallada. En consecuencia, la diplomacia y la casuística parecen preceder a la identificación consistente del interés nacional y a la señalización de sus formas de proyección.
Es verdad que ello brinda flexibilidad en tanto no hay compromiso, pero genera también vulnerabilidad. De allí que en relación a ninguno de las tendencias corrosivas y fragmentadoras señaladas más arriba, el gobierno haya tenido respuestas consistentes que no sean las de la acción bilateral ad hoc o la participación de escaso perfil en el ámbito plurilateral.
Ello explica también que el Estado se vea apremiado más allá de lo necesario por acción de los organismos supranacionales a los que pertenecemos (por ejemplo la Corte y la Comisión de Derechos Humanos del sistema interamericano) sin que haya habido previsión suficiente ni respuesta consistente, eficiente y rápida frente a determinados pronunciamiento adversos. Y también que el Ejecutivo se embarque en planteamientos que ponen en cuestión nuestra inserción jurídica internacional (el caso de la pena de muerte).
La ausencia de planteamiento oficial y orgánico de política exterior frente al cambio de circunstancias se identifica más dramáticamente en el entorno vecinal (que, por naturaleza, debiera merecer la principal atención).
Así, si el rol disminuido del Brasil como líder regional contribuye a aletargar la asociación estratégica con ese Estado, no se ha visto al respecto mayor reacción.
Y si el incremento de la influencia venezolana en la región abarca a vecinos nuestros, la acción bilateral parece limitada a la especificidad de la agenda preestablecida con cada uno de ello y a la aceptación del curso de la nueva dinámica revisionista (la normalización de relaciones con Venezuela no parece acompañada de una agenda acorde con el cambio de circunstancias).
Y en el caso de Colombia, la primera reacción frente a una crisis generada por un vecino ha consistido en negar la posibilidad de que las causas de la misma se reproduzcan en nuestra frontera (una respuesta vinculada a la lucha conjunta contra el narcotráfico hubiera sido más consistente con la realidad estratégica del Perú).
Y si la capacidad de generar desorden interno del gobierno boliviano (al punto de arriesgar la convivencia nacional) es paralela a su capacidad de desafío externo, tampoco se conoce la respuesta gubernamental que debiera prevenir primero el contagio en el sur peruano y tratar, luego, de modificar la conducta de nuestro socio altiplánico.
Y aún en el caso de las buenas relaciones que se mantienen con Chile, la ausencia de objetivos y acciones programadas para ciertos aspectos de la agenda bilateral es notoria. Por ejemplo, la implicancia de la división político-administrativa de la Primera Región no ha sido aún expuesta mientras que otros tremas pendientes (como los de la controversia marítima) parecen “congelados” al tiempo que la solución al problema de la mediterraneidad sigue discutiéndose públicamente por autoridades chilenas y bolivianas.
Estos ejemplos, que son sólo algunos de los que conciernen a nuestro entorno vecinal, pueden multiplicarse en el ámbito subregional (donde la incertidumbre en la CAN sigue siendo la regla), el hemisférico (salvo, quizás, el caso del TLC), extraregional (salvo los casos de las cumbre de la APEC y de la Unión Europea con América Latina). Y si el rol del Perú en el ámbito multilateral es constructivo y consistente, pues no lo sabemos aún de fuente oficial.
La complicación del entorno no admite mayor dilación en la exposición orgánica y desagregada de la política exterior peruana.
