Además de retornar al uso de políticas monetarias para revertir el bajo crecimiento (1.9% este año bien por debajo del deprimido 3.2% global según el FMI), los países desarrollados están recurriendo, de manera abierta o encubierta, al proteccionismo como forma de afrontar problemas de balanza comercial o anomalías de su mercado interno.
En efecto, Estados Unidos ya ha hecho del proteccionismo arancelario un ampuloso instrumento de confrontación estratégica con un competidor sistémico procurando, en el proceso, cerrar con él grandes brechas de balanza comercial. Tal es el camino escogido en la cada vez más peligrosa relación China que se instrumenta ahora mediante el establecimiento de tarifas de 10% a US$ 300 mil millones de ventas chinas a la primera potencia que se sumarán, a partir del 1º de setiembre, a las ya impuestas a exportaciones de ese origen por US$ 250 mil millones.
El resultado no es el avance de un proceso esperanzador de solución de controversias en el corto plazo sino una efectiva guerra comercial que implica la retaliación china (reducir o dejar de adquirir productos agrícolas norteamericanos) y la ya recurrida devaluación del yuan (8% en lo que va del año, aunque China afirma que su moneda se mantiene estable) luego de que la Casa Blanca calificara a esa potencia como entidad manipuladora de divisas.
El incremento de esta tensión en la estructura del sistema internacional, se refleja globalmente en corridas bursátiles, sobreponderación de activos seguros (que incrementa la demanda de dólares y de oro) y devaluación de monedas de economías pequeñas y de precios de productos básicos (entre ellos, los metales que afecta gravemente a economías débiles como la peruana). De ello no escapa potencialmente el camino que señala la cruenta historia del siglo XX en estos casos.
La Unión Europea, en cambio, se plantea un creciente rol como actor dominante de regímenes comerciales recurriendo a la manipulación normativa. Aunque esta opción está lejos de los niveles de confrontación comercial sino-norteamericana, el ánimo europeo de cambiar la conducta comercial de sus socios implica la disposición a prevalecer mercantilistamente (y, a la luz de la renuencia norteamericana a funcionar dentro de regímenes internacionales, quizás adelantarse a esa potencia en la corrección o establecimiento de un determinado orden comercial externo).
Estos comportamientos se expresan en un escenario de muy deprimido volumen de comercio mundial (2.4% de crecimiento de flujos de bienes este año, muy por debajo del mencionado crecimiento económico proyectado por el FMI).
Si bien la Unión Europea es el tercer mercado para las exportaciones latinoamericanas, la vulnerabilidad de nuestra región se expresa, entre otros escenarios, en la explotación por la UE de la extraordinaria asimetría comercial: América Latina apenas representa 2.3% de las exportaciones totales europeas y 2.2% de sus importaciones. Tal asimetría se multiplica grandemente con cualquier distorsión de las condiciones consensuadas de los intercambios: ni la región tiene poder retaliador ni se caracteriza por su capacidad imponer normas correctivas que no sea mediante otras asociaciones extrarregionales.
Y menos si se trata de distorsiones de gran formato técnico, como son las normas fitosanitarias, aunque éstas carezcan de adecuado respaldo científico y vulneren marcos multilateralmente establecido. Éste es el caso del nuevo proteccionismo que, siendo menos desembozado que el unilateralismo arancelario norteamericano y apelando no a problemas de balanza comercial sino a cuestiones de salud pública, es extraordinariamente eficaz en generar daño al exportador extraeuropeo como sutil es su vulneración de las normas de libre comercio.
Si bien este tipo de conducta ilegal ha proliferado en los países desarrollados durante la última década, ahora ha escalado a la manipulación ya no de un daño efectivo sino de la alerta frente supuestos peligros para la salud de los consumidores. Este tipo de proteccionismo europeo se articula a través del llamado “principio precautorio” que se emplea sin reparos y sin base científica cierta ni consensuada a pesar de su intenso cuestionamiento en el marco de la OMC por países afectados desarrollados y no desarrollados.
El Perú es uno de esos países afectados por el daño real que resulta de la aplicación de ese “principio” por la UE con la desventaja adicional de que, más allá de su incapacidad de retaliación, sus menores recursos le impiden reorientar su producción a otros mercados o de sustituirla por otros productos con la urgencia que reclama el caso.
Por lo demás, si se tiene en cuenta que las exportaciones de productos no tradicionales peruanos a la Unión Europea dieron cuenta de algo menos del 50% de las colocaciones totales en ese mercado cuando la balanza comercial peruana con el mundo está fuertemente dominada por las exportaciones tradicionales (muy especialmente en el caso asiático), se puede concluir que el impacto relativo de la aplicación del “principio precautorio! en esas ventas es proporcionalmente mayor en tanto se pierde capacidad de diversificación exportadora.
Esto es lo que ha ocurrido con las exportaciones de mangos y con las de cacao.
Las exportaciones de mangos tienen una participación de 11.9% en las colocaciones peruanas en el mercado europeo. Su volumen, sin embargo, cayó casi 20% interanual en el 1er semestre del año. Buena parte de ese descenso se debió a la aplicación de barreras fitosanitarias en aplicación del “principio precautorio” en cuestión.
La aplicación de este “principio” se ha basado apenas en la sospecha dañina (es decir, en la carencia de prueba científica) sobre alguno de los elementos que se emplean en la producción de esa fruta según la UE.
Tal es el caso del thiabendeazol, que es un fungicida que se usa para la prevención del crecimiento de hongos en la cáscara del mango durante el proceso de su transporte al mercado. Este agente químico forma parte de los insumos permitidos por el Codex Alimentario (una lista de normas fitosanitarias admitidas por la FAO como resultado de un complejo proceso multilateral) que la UE ha decidido rechazar unilateralmente.
Peor aún, las alternativas que plantea la UE al respecto o malogran el producto (mediante una suerte de cocción de la fruta) o lo encarecen induciendo al productor a aceptar una serie de prácticas cuyos resultados son arbitrariamente certificados, sin previo aviso, por autoridades de la UE en frontera de destino.
De otro lado, la exportación de cacao a la Unión Europea ha caído 18.3% interanual en el 1er semestre debido a que la UE considera exceso de presencia de cadmio procedente de las tierras donde crece ese fruto. Con menor participación en la canasta exportadora a Europa (3.2%) el cacao tiene, sin embargo, una dimensión estratégica mucho mayor debido a que, con el café, es uno de los productos exportables de mayor éxito en la sustitución del cultivo de la coca ilegal.
La negación o complicación del acceso del cacao peruano al mercado europeo tiene, en consecuencia una dimensión de seguridad que entorpece la interminable lucha contra el narcotráfico en nuestro país. El daño correspondiente lo padece tanto el productor como las sociedades peruana y europea en tanto, al decaer la sustitución del cultivo de coca, se incrementa el potencial de cocaína que se comercializa ilegalmente en el mundo.
Sin embargo, la UE tan afín a las soluciones no coactivas en la lucha contra el narcotráfico, proscribe o complica el ingreso de cacao peruano –que no tiene grandes mercados alternativos- porque podría contener exceso de un componente del cacao natural (no de un químico como en el caso del mango) en el supuesto de que afectaría, de manera no científicamente probada, a los consumidores.
Al respecto bien podría haber la UE preguntado a los grandes productores europeos de chocolate si este fundamento es racional e indagar en la OMC si esa conducta es proteccionista y, por lo tanto, ilegal.
Si este comportamiento unilateral deviniera en práctica sistemática de alteración de las normas que rigen el libre comercio, podría la UE hacerse acreedora a una demanda colectiva al respecto. Especialmente si se sospechara que la protección disuelta por la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) se quisiera compensar unilateralmente mediante la aplicación indebida y puntual de medidas fitosanitarias que innovan las formas de ejercer el proteccionismo y afectan los flujos de comercio global y al sistema mundial de comercio.
Al cabo de estas experiencias, es claro que el Perú no sólo debe incrementar su diversificación productiva o mejorarsu promoción de exportaciones sino fortalecer la capacidad defensiva de su comercio en un contexto en el que, por la vía arancelaria y no arancelaria, el proteccionismo se ha reinstalado en los principales mercados.
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