27 de marzo de 2023
Si al margen de los problemas del contexto externo, el costo de las protestas sociales de fin de año e inicios de éste se ha reflejado en contracción adicional del producto y en desestabilización del sur del país que no logra aún revertirse plenamente, los agentes financieros de las mismas debieran a haber sido identificados. Ello no ha ocurrido.
Tal omisión es especialmente grave porque esos agentes forman parte, en buena medida, de la economía ilegal como el contrabando de oro peruano (que financia a delincuentes y, no de manera insignificante, a la balanza de pagos boliviana) y de bienes no tradicionales (que alimenta la extraordinaria informalidad y la muy desigual acumulación de riqueza en el altiplano). Entre esos actores destacan aquellos que, arraigados en el sur peruano, forman parte de la creciente cadena del tráfico internacional de drogas.
Si el narcotráfico ligado a la coca y cocaína es una amenaza global y local (cuya eliminación, según algunos, se lograría con la “descriminalización” de la siembra ilegal -Petro en Colombia-), debe tenerse en cuenta que su intensidad se multiplicado en proporción directa al extraordinario incremento de la oferta (2 mil toneladas de coca sólo en 2020 subiendo desde el 2013 con picos en 2018 y 2021) y de la cocaína (44% más en 2020 que en 2006) (UNODOC).
Peor aún, si la oferta ha superado a la demanda el supuesto descenso de los precios ha sido compensada por la expansión del mercado real. La lógica tradicional dice que si la oferta supera a la demanda (30% norteamericana, 24% Latinoamérica y 21% europea) los precios decrecientes deberían desviar la producción hacia sectores más rentables (sustitución de cultivos). Ello no parece haber ocurrido.
En efecto, el negocio es tan grande que, aún así, sigue siendo beneficioso para una producción concentrada de cultivos (Colombia 61% , Perú 26% y Bolivia 13%), para los carteles mexicanos y colombianos que producen cocaína y la trafican, y para los operadores de mercado (especialmente en los grandes puertos del Pacífico y de Europa).
De otro lado, el poder de la oferta es tan grande y localizado que no extraña que, teniendo impacto global, las acciones de interdicción se concentren en Suramérica (72% vs 18% en Europa y 12% en Estados Unidos). Es decir, el escenario andino sigue siendo el foco central de irradiación de la amenaza cocalera.
Y si bien Colombia sigue siendo el núcleo principal de producción y dominio de rutas hacia Estados Unidos y Europa, el vínculo de Perú con Bolivia es predominante en el tráfico hacia el Brasil (complicando la cuenca amazónica), el Cono Sur (siguiendo las rutas terrestres y fluviales hacia el Río de la Plata) incluyendo Chile (regiones de Antofagasta y Tarapacá). Las rutas brasileñas y rioplatenses se proyectan al África y parte de Europa, y las chilena y peruanas lo hacen hacia el Pacífico (complicando a los puertos mayores -de los que Chancay formará parte).
Como los productores no tienen las capacidades (o no las empeñan suficientemente) para disminuir la amenaza productiva, los consumidores no aplacan su adictivo apetito y el narcotráfico encuentra terreno fértil para expandirse, lo mínimo que podría hacerse es segmentar el problema y atacar centros específicos de gran influencia.
Éste es el caso de la zona fronteriza peruano-boliviana y la del espacio fronterizo ampliado del sur del Perú que congrega a los principales centros de cultivo (el VRAEM e Inampary-Tambopata) (DEVIDA y otros). De las más de 60 mil has. de cultivos que se producen en 13 regiones del Perú, 45 provincias y 169 distritos, el VRAEM produce 32 mil has. e Inambary-Tambopata 9730 has. Es decir, 41 mil has. o más de 2/3 del total.
Si la eliminación de la oferta cocalera (bien distinta de la orientada al consumo legal) es un interés nacional incumplido y tantas veces voluntariamente postergado, suprimir las fuentes de Inanbari-Tambopata y su conexión en el VRAEM es una tarea a la mano e indispensable a la luz de la capacidad desestabilizadora de sectores puneños (cuya mayoría poblacional no es abrumadoramente cocalera ni aymara).
Si ello se probase inviable, interrumpir el tráfico con los narcotraficantes (especialmente extranjeros) que dominan el altiplano y con los cocaleros del Chapare boliviano (94% de cuya producción se orienta al mercado ilegal) debiera ser un objetivo realizable. Éste podría lograrse con la cooperación intensa y ad hoc de fuerzas especializadas de Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea.
Siendo realizable, ésa no es una tarea fácil. La oposición de los sindicatos cocaleros puneños y la de los del espacio central boliviano que preside Morales serían un problema mayor. Pero, a la luz de la dimensión del problema global y regional y de las externalidades desestabilizadoras en el Perú y Bolivia (que, animadas por el MAS, intenta ahora nuevas fricciones con Chile), debe congregar la voluntad de los sectores civiles sensatos de los países y regiones involucradas.
Y si el intento avivara la agresividad del gobierno de Petro, debiera recordársele al gobernante que su intento de lograr una “paz total” en Colombia va acompañada de negociaciones con agrupaciones terrorista y cocaleras que se han beneficiado de negociaciones anteriores (ONU).
El largo plazo no puede seguir jugando a favor del narcotráfico, de la pérdida del control territorial peruano y de la desestabilización de gobiernos democráticos andinos.
