Desde que en 1998 Perú y Ecuador suscribieron los acuerdos de paz de Brasilia esa compleja y conflictiva relación bilateral inauguró un ciclo virtuoso de cooperación, entendimiento, generación de confianza, integración fronteriza y paz.
Como consecuencia, nuevos instrumentos de política vecinal se desarrollaron mientras el Perú incorporaba algunos de ellos a su agenda con otros vecinos. Entre éstos destacaron las reuniones de cancilleres y ministros de Defensa (2+2) y la reunión de gabinetes encabezadas por los Jefes de Estado (que durante esta semana se inauguran con Chile).
La “nueva era” en la relación con el vecino norteño logró un punto de inflexión positivo adicional en el 2011 con la suscripción del acuerdo de límite marítimo.
Y mientras las acciones conjuntas, como las tareas de desminado y las del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo mejoraban las condiciones de seguridad y bienestar de las poblaciones limítrofes, el elogio internacional no era extraño, el comercio bilateral se incrementaba constantemente por encima de los promedios de la CAN y las inversiones fluían, ya despojadas de viejos prejuicios, según la menor escala de los países andinos.
Sin embargo, el alcance global de la crisis financiera de 2008 y sus efectos multiplicadores impactaron el comercio bilateral en el 2009 desacelerándolo hasta US$ 1500 millones. Y luego de un repunte hasta US$ 2800 millones, Ecuador estableció una serie de salvaguardas a las exportaciones peruanas por razones de balanza de pagos y de un dólar caro (los gobiernos ecuatorianos han mantenido la plena dolarización de la economía desde el 2000).
El escenario económico bilateral perdió así brillantez y ganó las primeras protestas peruanas de la “nueva era”.
Razonablemente el Ecuador decidió entonces el desmontaje progresivo de esas salvaguardas mediante un cronograma que ya venció, luego de su prolongación. Pero el resultado fue el de comercio bilateral desmejorado que, en el 2015 sumó apenas US$ 1800 millones aproximadamente (con un déficit para el Perú de US$ US$ 200 millones según la SUNAT) resaltando una caída de algo más del 36% desde el pico de US$ 2800 ya señalado (esto es, apenas US$ 100 millones más que en 2009). Este acápite de la relación económica ya no tiene un gran sabor de boca.
Como tampoco lo tiene, en el ámbito político, la degradación de la frontera viva costeña peruano-ecuatoriana hoy frustrada (temporalmente, esperamos) por la construcción, por el Ecuador, de un muro de 600 metros de largo entre Huaquillas y Aguas Verdes.
Es evidente que el ex-presidente Correa, por convicción personal, no pudo inspirarse en el presidente Trump para desarrollar unilateralmente ese obstáculo físico a las relaciones vecinales con el Perú. Sin embargo, ha empleado el mismo instrumento que el presidente norteamericano con dos objetivos aparentes: la construcción de un parque “lineal” en el lado ecuatoriano del canal del Zarumilla y combatir el contrabando.
La decisión ecuatoriana no ha sido consultada con el Perú ni fuera ni dentro del marco del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo. Éste es parte del Acuerdo Amplio Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad suscrito en 1998 e integra los tratados de paz de ese año.
Por lo demás, los planes urbanísticos de la zona (que incluyen una “visión urbanística” del lado peruano que sí ha sido aprobada por las instituciones del Plan Binacional) tampoco incluyen el acuerdo con el Perú para la construcción del muro. Aunque la idea ecuatoriana del parque “lineal” en territorio del vecino sí ha sido expresada, ésta no hizo referencia a algún muro y mucho menos a uno que violara acuerdos peruano-ecuatorianos bien establecidos.
Entre éstos se encuentra el Acuerdo de Bases sobre el Canal de Zarumilla suscrito junto con los demás acuerdos de Brasilia de 1998. Este acuerdo contiene obligaciones específicas contratadas por Perú y Ecuador y su vulneración tiene, por tanto, un efecto superior al meramente provinicial.
Entre las obligaciones ecuatorianas está la que se refiere al espacio de diez metros que Ecuador debe dejar disponible en la margen derecha del canal de Zarumilla y la construcción de un camino de servicio del canal en esa franja.
Ese espacio no ha sido respetado en la construcción del muro complicando así el adecuado mantenimiento del canal desde el lado ecuatoriano. Por lo demás, en caso de desborde fluvial (que es un fenómeno ordinario en el área), las aguas contenidas por el muro regresarían al lado peruano agravando los daños de cualquier inundación.
Pero además de la vulneración ecuatoriana a normas pactadas en un acuerdo de paz (que es, quizás, el hecho de mayo relevancia y que, por tanto, deja de tener una importancia sólo local), el muro ecuatoriano frustra, en toda su extensión, la vitalidad de una frontera que, además de albergar a una comunidad fronteriza muy dinámica, es también parte de la política de fronteras del Perú.
En efecto, en el Perú se entiende la frontera como una zona de articulación con el vecino en lugar de una mera división de soberanías y jurisdicciones territoriales. Es evidente que para que ese espacio funcione, el límite fronterizo debe estar bien trazado y libre de controversia (como lo está en el caso peruano-ecuatoriano). Sobre esa base soberana la frontera debe prestar un servicio vital a los pueblos vecinos. El muro ecuatoriano destruye esa fundamental interdependencia.
Nada gana el Ecuador al respecto y sí pierde los múltiples beneficios que recibe y puede recibir incrementalmente de una comunidad fronteriza que desea cooperar en materias de desarrollo y generación de bienestar. Con el muro, la afirmación soberana en base a un desarrollo urbanístico nos devuelve a viejas y desechables prácticas.
La realidad del contrabando, en cambio, sí es un serio problema para ambas partes porque en ambos lados se viola la ley, se eluden impuestos y se alberga una criminalidad que puede estar ligada con el crimen organizado y el narcotráfico.
Pero esa amenaza, que tiene origen en el subsidio ecuatoriano a los combustibles y en la pérdida de su política monetaria, se combate con políticas y operativos conjuntos. Si éstos son adecuadamente planificados y se ejecutan con precisión y de acuerdo a ley, debieran ser mucho más eficientes que políticas poco flexibles y que un muro inerte de medio kilómetro en una frontera de 1500 kms. de largo.
Perú y Ecuador, sin deponer sus propias responsabilidades soberanas, deben afrontar la problemática común con el espíritu de 1998. En ese marco Ecuador debiera revisar su decisión y volver a tender los puentes que está cortando mediante el incumplimiento de un tratado mayor.
Al respecto debe tenerse en cuenta que sin cooperación razonable y adecuada la ejecución plena de los acuerdos de Brasilia será de difícil abordaje. Es mejor no volver a transitar ese camino.
