El Grupo de Río en el Siglo XIX

La Declaración de los Presidentes del Grupo de Río sobre los recientes acontecimientos entre Colombia y Ecuador (y Venezuela) pudo haberse suscrito en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Ese anacronismo, sin embargo, no es sólo no irrelevante sino que es peligroso porque erosiona las bases de la incipiente seguridad colectiva hemisférica y promueve un orden proclive al conflicto en la región.

En efecto, la cumbre del Grupo de Río, como la del Consejo Permanente de la OEA, hizo una defensa cerrada de la integridad territorial como baluarte de la soberanía absoluta pretendiendo para ella una armadura invulnerable liberada de cualquier obligación. Tal consideración no tuvo en cuenta que desde principios del siglo XX la soberanía se entiende como relativa frente a los demás y debe ser ejercida en consonancia con el derecho y las obligaciones internacionales. Ésta es, precisamente, una de las características del Estado moderno.

Pero si volver al Estado cerrado fue la voluntad de los gobernantes que asistieron a la República Dominicana, debe recordarse que aquélla no puede, sin grave costo colectivo, ignorar un siglo de evolución de teoría del Estado y del derecho internacional basada en nuevas aproximaciones impuestas por realidades contemporáneas como las denominadas amenazas globales.

En efecto, hoy, la comunidad internacional entiende como transnacionales la globalidad de las nuevas amenazas. En consecuencia, promueve respuestas cooperativas y/o transgubernamentales para su combate. Éste es el caso, con las diferencias pertinentes, del medio ambiente o del terrorismo de alcance global.

El debate sobre esta dimensión de seguridad no trata sobre el carácter de la amenaza global que vulnera la soberanía sino sobre cuán soberana o cuán transnacional puede ser la respuesta. Algunos consideramos que para que ésta sea eficaz, debe ser cooperativa. Es decir debe poner en juego la acción imprescindible del Estado antes que la de alguna entidad supranacional que diluya, indeseable e ineficientemente, esa responsabilidad.

Pero los presidentes latinoamericanos y caribeños no se han planteado siquiera el dilema. En apariencia para ellos el Estado no sólo sigue siendo una entidad orgánica, inflexible y fortificada sino que amenazas globales como las del terrorismo no sólo no existen (la Declaración no las menciona salvo por la reserva que hace Colombia) sino que éstas están referidas sólo a las que provienen de grupos irregulares u organizaciones criminales (no de terroristas) como las asociadas al narcotráfico. Sólo contra ellas han comprometido su voluntad de combate.

Como no es posible asumir que los representantes de más de tres decenas de Estados americanos ignoren la realidad letal de la amenaza terrorista además de los compromisos que ellos han asumido en el marco interamericano (la Convención contra el terrorismo) y en el global (donde el compromiso contra el terrorismo ha dado lugar a múltiples normas, acciones concretas, percepciones compartidas y ejercicio académico bajo el mandato de la ONU), se puede concluir que el calor del debate, los desentendimientos personales y las acciones poco transparentes que cruzaron los caminos de Colombia y Ecuador (y la disposición fragmentadora de Venezuela y sus aliados) han sido responsables de tamaño estropicio.

Pero si éste reflejara ya no el estado de ánimo de los participantes sino su disposición estratégica real sería legítimo concluir que los miembros del Grupo de Río desean que en la región se reinstale un orden interestatal cerrado (que, por su naturaleza tiende a definirse por el conflicto), a definir al Estado a través de la equivalencia entre interés nacional y poder y a organizarse internacionalmente a través alianzas antagónicas.

Si ello ocurre en una región como la suramericana donde la carga ideológica y emocional de ciertos gobernantes se ha repotenciado en los procesos de toma decisiones y la escasa integración regional ha perdido su fundamento normativo, los problemas interestatales tenderán a complicarse con mayor facilidad. En consecuencia, el escenario en mención puede estar dejando de ser un riesgo para devenir en una realidad acorde con tiempos más complejos e inestables.

Si los jefes de Estado del área no toman al respecto una rápida acción correctiva, este escenario podría consolidarse y favorecer a los más agresivos. Y los más agresivos son los que comandan Estados autoritarios, proclives a economías autárquicas y predispuestos a colocar a América Latina contra Occidente.