• Alejandro Deustua

El Grado de Inversión

Como estaba previsto, el Perú ha recibido el grado de inversión otorgado por una de las mayores calificadoras de riesgo crediticio: Standard and Poor’s. Aquél se ha expresado en el mejoramiento de la clasificación de la deuda externa peruana de largo plazo (de BBB- a BB+ en el caso de la deuda en moneda extranjera y de BBB- a BBB+ para el crédito en moneda nacional). La deuda de corto plazo también ha sido reclasificada hacia arriba.

Ello comprueba el buen manejo macroeconómico del gobierno ya reconocido antes por Fitch’s. A la espera del pronunciamiento de Moody’s, la calificación coloca a la economía peruana en los estándares de Brasil, México y Chile.

Las implicancias concretas de este reconocimiento se materializarán en un mayor y más fácil acceso al crédito de las empresas (que ya es fluido) y del gobierno (que, quizás, no lo necesita tanto) y por el fuerte mejoramiento de la percepción externa sobre la economía nacional en un contexto de crisis y fuerte incertidumbre externa.

Tal situación debería reflejarse en la consolidación del crecimiento (que Standard and Poor’s estima en 6.5% para el mediano plazo) y de la inversión privada (cuyo incremento debiera alcanzar el 25% del PBI).

Ello debiera ser posible en tanto el Perú ha reducido significativamente sus vulnerabilidades externa y fiscal y sostiene un crecimiento alto con baja inflación relativa. Por lo demás, la demanda interna se ha sumado determinantemente al impulso exportador como motor de la buena perfomance señalando la diversificación de la estructura productiva. Y ello ha ocurrido a la par que se han fortalecido los fundamentos macroeconómicos.

Sin embargo, Standard and Poor’s no oculta ciertas vulnerabilidades de la economía. Ésta provienen no de su gestión sino del entorno interno: las complicaciones de la estabilidad política y social. La dimensión estructural de esa debilidad se define, a su vez, por la fragmentación social, económica y étnica del país.

La calificadora estima que el gobierno debe reforzar la atención de este problema sobre la base del consenso sobre la gestión macroeconómica que, a juicio de Standard and Poor’s, las élites políticas comparten. El riesgo que se presenta al respecto es el que generan aquellos agentes que pueden producir polarización política en el país.

Por ello llama la atención que la calificadora haya procedido a otorgar la mencionada calificación inmediatamente después de realizado el paro nacional y en las inmediaciones de un cambio en la cartera del sector Economía. Si lo ha hecho es porque ha calculado bien el efecto del reconocimiento en la coyuntura política. Ello implica, además, que la decisión de otorgar el grado de inversión al Perú ya estaba tomada.

Tal hecho envía un poderoso mensaje a los agentes sociales y económicos y al gobierno. En relación a los primeros la calificadora llama la atención sobre la necesidad de tranquilidad social si los beneficios de la gestión económica se van a mantener o no involucionar. A los segundos, la calificadora probablemente les reclama mayor responsabilidad y participación en la solución de la fractura económica y étnica de la sociedad. Y al gobierno esa organización le recuerda la necesidad de que, en su perspectiva, el cambio ministerial no altere el curso de la gestión económica salvo para mejorar, con responsabilidad, el clima político y social del país.

El gobierno ha respondido a este acontecimiento con sobriedad. Por ello es sensato que una institución importante del Estado (el Banco Central de Reserva) haga público su convencimiento que, bajo las actuales circunstancias un crecimiento de dos dígitos es insostenible. Y también es razonable que el Presidente reitere su convicción de que la economía seguirá creciendo a pesar de los inconvenientes externos.

Lo que no debe ocurrir es que las declaraciones de uno y otro miembro del Estado aparezcan como contradictorias. Finalmente calificadoras como Standard and Poor’s (que son grandes vidrieras que presentan al mundo un producto denominado “economía nacional”) evalúan también la consistencia de la relación intergubernamental y las expectativas que sus representantes generan.



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