16 de enero de 2024
El establecimiento por el gobierno ecuatoriano de un estado de excepción en ese país redefinido en términos de conflicto armado interno reporta una amenaza contra la sobrevivencia de ese Estado. Ésta se materializa a través de dos decenas de grupos delincuenciales locales ahora caracterizados como organizaciones terroristas. Algunos de ellos están vinculados a poderosos agentes del crimen organizado trasnacional presentes en ese país.
Con ello Ecuador se suma a los escenarios terrorista y del crimen trasnacional que ha motivado la insuficiente reacción de Perú y Colombia contra agentes de actuación similar.
Considerando que en el Chapare boliviano también hay presencia de este tipo de agentes polivalentes, se puede concluir que el extendido núcleo andino vive o ha vivido bajo esa amenaza.
Ello implicaría que los países andinos que sufren esta agresión deberían haber logrado altos grados de cooperación efectiva para eliminar la amenaza a pesar de que la Comunidad Andina no sea un éxito económico. Como ello no ha ocurrido con la intensidad requerida, es momento de repotenciar esa cooperación con el concurso de potencias de mayor capacidad.
Si bien las especificidades de cada país deben ser singularizadas en el emprendimiento cooperativo, el hecho es que éstas encuadran dentro de los parámetros generales del crimen organizado que debe ser combatido mediante la acción conjunta.
Esos parámetros se refieran a la explotación y el tráfico ilegal de activos que cuestiona la soberanía de los países en los que operan. Nos referimos al tráfico ilícito de drogas, de armas, de recursos naturales, de personas y también a los ciberdelitos y a la piratería. En tanto las organizaciones criminales ecuatorianas que perpetran la mayoría de esos crímenes están vinculadas a organizaciones similares en el resto de países andinos, la dimensión subregional de la amenaza es también trasnacional.
Para luchar contra ella existe un marco multilateral suscrito en Palermo en el año 2000: la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional. Ésta se estableció en el marco de la Asamblea General de la ONU subrayando que “la comunidad internacional (demuestra con ello) la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial”.
De otro lado, Perú y Ecuador cooperan bilateralmente en la lucha contra el crimen organizado en el marco de un comité técnico de seguridad y defensa que forma parte del acuerdo peruano-ecuatoriano de integración fronteriza, desarrollo y vecindad y de la Comisión Binacional Fronteriza. Estos mecanismos son producto del acuerdo de paz de Brasilia de 1998.
La extraordinaria violencia con que se ha expresado la amenaza trasnacional contra Ecuador indica que los ámbitos de cooperación multilateral, subregional y bilateral descritos han sido largamente rebasados. Para redoblar esfuerzos colectivos contra la agresión parece necesario, primero, prestar mayor atención a los efectos externos de los esfuerzos nacionales que cada país despliega en ese empeño.
Veamos. Si Ecuador era una extraña “isla de paz” en relación a la violencia desplegada por el crimen organizado en sus vecinos, esa precaria condición tuvo vigencia sólo hasta 2016. Ese año el gobierno colombiano suscribió con las FARC y el EP (Ejército del Pueblo) acuerdos orientados a terminar con el conflicto interno en ese país. Esos acuerdos fueron saludados por los vecinos sin tener en cuenta dos factores esenciales vinculados a todo conflicto: el vacío de poder que puede emerger con el retiro de los actores beligerantes y la remanencia del conflicto a través de otras vías.
Habiendo las FARC sido una peculiar resultante de la guerra civil colombiana devenida en organización terrorista fuertemente vinculada al narcotráfico, era necesario que los efectos externos del acuerdo se consultara con países que vivían similar problema como el Perú. En apariencia ello no ocurrió ni el Perú tomó precauciones para contener el consecuente “efecto globo” mientras facciones disidentes de las FARC se mantuvieran ligadas al crimen organizado y al narcotráfico.
La remanencia del problema en Colombia se expresó a través de su traslado a países vecinos. En el Ecuador inauguró un núcleo de gran inseguridad y en el Perú lo agravó. Ello fue negado originalmente por nuestras autoridades a pesar de que las FARC cruzaban hacia territorio peruano y de que en la frontera amazónica se mantenía cultivos de coca y de amapola. Las consecuencias de esa irresponsabilidad emparentada con la corrupción, se miden hoy en la mayor porosidad de la frontera peruano-colombiana y de la penetración de agentes del crimen organizado a través de ella.
Y en el Ecuador, la remanencia del problema colombiano llenó el vacío de poder delictivo abierto por los acuerdos de paz mediante el arribo de poderos carteles mexicanos (Jalisco Nueva Generación y Sonora) y mafias extrarregionales (albanesas). Éstos fueron atraídos también por una seguridad laxa (el expresidente Rafael Correa promovió el retiro de la DEA, retomó la base de Manta sin fortalecerla, desactivó instituciones de inteligencia y flexibilizó las penas contra delitos cometidos por pandillas), por la fácil disponibilidad de divisas (Ecuador es un país dolarizado) y por el acceso franco a puertos (Guayaquil, Esmeradas) débilmente resguardados.
Como resultado Ecuador es hoy el 4º país en América con mayor criminalidad (sólo por debajo de Colombia, México y Paraguay según el índice Global del Crimen Organizado 2023) mientras Perú se ubica en el 10º lugar (peor que Chile, Argentina o Bolivia).
Para cooperar con Ecuador en la contención y supresión de esta amenaza trasnacional se requiere que el Perú mejore el control de su propio territorio y de las acciones criminales que se cometen en él. Ello involucra a la frontera peruano-ecuatoriana (escenario complejo de 1506 kms. con predominio de bosques tupidos hacia el oriente), al resto del territorio (que concentra en la costa al 56% de la población mientras los predominantes espacios de sierra y selva tienden a despoblarse), a los escenarios cocaleros (especialmente, el VRAEM), a la acción de los carteles ya instalados (como el Tren de Aragua y sus vínculos con los carteles mexicanos) y al tráfico de armas de guerra fabricadas en el Perú (que debe suprimirse de inmediato). De poco servirá la mejora de servicios en la frontera (CEBAF) si el flujo criminal la domina.
