2 de diciembre de 2005
Las recientes declaraciones conjuntas de presidentes y cancilleres ecuatorianos y chilenos sobre las zonas marítimas establecidas por el acuerdo trilateral de 1952 y el bilateral peruano-chileno de 1954 innovan la controversia jurídica con nuestro vecino del sur sobre delimitación marítima. Y lo hacen exacerbando el acápite de más difícil manejo: su complejidad. La primera complicación deriva de la contradicción de esas declaraciones con los entendimientos explícitos entre los cancilleres de Perú y Ecuador, reiterados con el vicecanciller de ese país, en el sentido de que entre las partes no hay controversia de delimitación marítima de ninguna especie. En la perspectiva peruana la adhesión del Ecuador al planteamiento chileno de que los límites marítimos entre los tres países ya están establecidos es inconsecuente con el entendimiento peruano-ecuatoriano en tanto incorpora al Ecuador a una discusión que no le corresponde (la peruano-chilena), sus representantes opinan en materia que no les incumbe (la interpretación delimitatoria chilena de la zona especial pesquera de 1954) y abre públicamente una discusión sobre la naturaleza del acuerdo trilateral de zona marítima (la Declaración de Santiago de 1952). Es posible que en la perspectiva ecuatoriana esa declaración desee interpretarse como un pronunciamiento general sobre el principio de fiel cumplimiento de los tratados (que el Perú suscribe) y sobre la calidad de los acuerdos de 1952 y 1954 (el primero un tratado general de establecimiento de zona o espacio y el segundo uno específico y funcional para facilitar la pesca, pero ninguno es un tratado de límites) y que, por tanto, es consecuente con el entendimiento peruano-ecuatoriano de inexistencia de controversia bilateral. En tanto es evidente que esta segunda interpretación de las declaraciones ecuatoriano-chilenas no es precisa, compromete la posición del Ecuador y reitera el patrón de conducta de ese vecino de desempeñar un rol activo en los diferendos peruano-chilenos a instancias de Chile, no es suficiente el pronunciamiento peruano que no reconoce valor jurídico a la declaración en cuestión. Considerando la naturaleza primaria del interés en juego, el Perú podría retaliar en el ámbito económico. Pero ello contribuiría a un deterioro mayor de la relación peruano-ecuatoriana (que el gobierno de Chile estimula) sacrificando lo duramente avanzado en cooperación e integración bilateral. Por ello, de manera alternativa, es necesario hacer conocer al Ecuador de manera amplia y enérgica, cuál es la interpretación peruana de los hechos (que incluyen la de un alineamiento ecuatoriano y, por tanto, la regionalización de una controversia bilateral) y, si su respuesta es razonable, proceder a reiterar y ampliar el entendimiento con ese vecino. El entendimiento preexistente debe quedar firme y claro de manera que la relación futura pueda seguir desarrollándose en el ámbito constructivo de la integración como diferente al geopolíticamente convulso al que ahora predisponen las declaraciones ecuatoriano-chilenas. La segunda complicación generada por estas declaraciones es el obligado reconocimiento público que hace el gobierno peruano de que no existe un tratado de límites marítimos con Ecuador aún reconociendo la Declaración de Santiago de 1952 como un tratado vigente. Hasta ahora lo establecido públicamente fue el reconocimiento del paralelo geográifco como referencia del límite marítimo peruano-ecuatoriano teniendo en cuenta la presencia de islas en la frontera bilateral tal como lo esatablece ese tratado. La ausencia de controversia se refería a la pertinencia de ese instrumento. Pero, en tanto que hoy se reconoce que un tratado de límites específico peruano-ecuatoriano que recoja los requerimientos del derecho internacional marítimo y aprobado por los respectivos congresos no existe, pues también se reconoce que será necesario negociarlo. En el entendido de que no hay razón para que ese acuerdo no se negocie de buena fé, éste será un ejercicio de largo plazo que requerirá concentración de recursos (a expensas de otros frentes), farragosa convergencia entre los gobiernos y difícil consenso de las respectivas instituciones y ciudadanías. La complejidad de ese proceso requrirá, por tanto, de la mayor pulcuritud diplomática. Pero, a la luz de los hechos recientes, ésta no estará exenta de búsqueda de apoyos y asociaciones externas que complicarán esa tarea y otras complementarias. Para minimizar este riesgo el buen entendimiento entre Perú y Ecuador debe ser lo menos vulnerable posible. Intentar que no lo sea no debiera ser tarea de otros vecinos. En ello también deberemos trabajar La tercera complicación emerjente de las declaraciones ecuatroiano-chilenas es el nivel en que se producen. Al comprometer directamente a los Jefes de Estado el vínculo entre que se pacta es mayor mientras que el margen de maniobra de las respectivas cancillerías se reduce. Teniendo en cuenta que el presidente Lagos está finalizando su gobierno, deja lacrado un mensaje de conflicto y de asociación con terceros que no facilita el trato con el Perú con el que la que la próxima administración deberá lidiar. En consecuencia, la labor de nuestro próximo Jefe de Estado ha quedado comprometida en este frente en tanto que deberá ser él quien intente reorientar el proceso (salvo que al presidente Toledo se le presente la oportunidad). La cuarta complicación deriva de su oportunidad. Las circunstancias electorales y/o de restauración institucional que viven los tres países sensibilizan a las respectivas opiniones públicas y, por tanto, tienden a exacerbar el tratamiento de la materia . En tanto, como es norma, bajo estas circunstancias la fortaleza de los gobiernos no sólo no es directamente proporcional con la flexibilidad negociadora sino que ésta tiende a mostrarse como un signo de debilidad, el requerimiento de legitimación interna suele encontar en el exterior escenarios que sirvan a esos propósitos. Allí está para aprobarlo la imputación al Peru de “afán expansionista” por representantes del Congreso ecuatoriano, la ofensiva diplomática del presidente Lagos frente al planteamiento peruano o el renacimiento de la oposición irracional a la Convención el el Mar en el Perú. Teniendo en cuenta el descontento social en el Perú y la crítica situación interna en Ecuador nuestros gobernantes deberían realizar todos los esfuerzos posibles para rebajar el perfil de los desencuentros y encausarlos por vías diplomáticas más serenas. Lo mismo vale para Chile que podría padecer, quizás no hoy, pero sí mañana problemas sociales que todavía no se expresan en su actual dimensión. Nuestra Cancillería haría bien en ponderar estas derivaciones compensando falencias anteriores para evitar un peligro real: que los escenarios de constructiva interdependencia con que la relación vecinal ingresó al siglo XXI no involucionen a los campos del conflicto propio del realismo clásico en un contexto de inestabilidad social. No todos los que han dirigido recientemente Torre Tagle, ni los que que ahora conducen las cancillerías de los vecinos parecen suficientemente alertas a ese riesgo.
