El temor a que la crisis de los mercados de crédito y de vivienda en Estados Unidos se desborde con mayor rapidez a los mercados globales ha resultado en una casi inédita reunión de coordinación de los bancos centrales de varios países desarrollados. El propósito ha sido la prevención de una mayor erosión de confianza y falta de liquidez en las economías mayores regidas por principios económicos similares.
Ello ha ocurrido luego de que el FED norteamericano (el banco central de Estados Unidos) redujera en 0.25 puntos la tasa de interés de los fondos federales para colocarla en 4.25%. Este tercer recorte no sólo no anuncia nuevas disminuciones sino que ha "decepcionado" a los mercados financieros y bursátiles que esperaban un recorte de 0.50 puntos. Como consecuencia, la actividad de las principales bolsas decayó (el DOW norteamericano se redujo 2%) y los bancos comerciales incrementaron su aprehensión.
Ello ocurre en un escenario en el que la economía norteamericana podría crecer apenas 1% en el cuarto trimestre a pesar de que desempleo en Estados Unidos se ubica en algo más 4.70% (en la vecindades del llamado "desempleo natural") según The Economist.
Para evitar que la indisposición del FED a flexibilizar más las tasas de interés y que su cautela antinflacionaria incremente el temor recesivo, esa institución ha reanudado la política de inyectar liquidez en el mercado tal como lo hizo en el pasado reciente ese organismo y el Banco Central Europeo.
Además de impedir la erosión del consumo y procurar restablecer la confianza a través de este mecanismo pseudoheterodoxo, la medida se está adoptando mediante una estrecha coordinación con el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá y el Banco Nacional Suizo además del Banco Central Europeo para "evitar presiones" en los mercados (IHT).
Si bien éste puede ser el objetivo específico, lo cierto es que la iniciativa traduce públicamente una disposición de acción conjunta entre algunas las principales economías del mundo que recuerdan los acuerdos de 1985 y 1987 (Plaza y Louvre) en las inmediaciones de la desregulación financiera organizada por Estados Unidos y el Reino Unido. Y también evidencian la incapacidad contemporánea de organismos como el FMI para lograr los objetivos que sustentaron su fundación en 1944: asegurar la estabilidad monetaria global.
Aunque la coordinación monetaria de los bancos centrales dista hoy de los acuerdos intergubernamentales mencionados, ésta muestra una renovada disposición a la gobernabilidad financiera por un Grupo de los 7 ampliado (el FED, el Banco Central Europeo y otros) sin Japón.
Frente a esa emergencia los bancos centrales suramericanos deberían actuar por lo menos de manera reactiva. Una evaluación técnica de la situación actual que arrojara un diagnóstico de nuestras más altas autoridades bancarias sería, bajo las actuales circunstancias de riesgo, no sólo prudente sino una verosímil muestra de voluntad de integración.
En lugar de ello, seis países de la región (Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia) a los que se debiera unir Colombia, acaban de suscribir en Buenos Aires el acta fundadora del Banco del Sur con el propósito de financiar el desarrollo y la integración regional y lograr, en el proceso, la "independencia financiera" regional.
Ello estaría muy bien si se procediera con mayor conciencia de la magnitud de la interdepedencia financiera y si ese cimiento hubiera sido colocado después de que los países integrantes se pusieran de acuerdo en las formas de financiamiento del banco, en los aportes de cada quién y en su modus operandi.
Sin embargo, en muestra adicional del predominio de una vocación política marcada por el antiguo nacionalismo liderado por Venezuela, ese banco procede a su fundación sin contar con esos requerimientos. Y lo hace además sin un capital establecido (aunque sí estimado en US$ 7 mil millones), sugiriendo que éste provenga de las reservas nacionales (cuestión a la que un eventual y forzado miembro -Colombia- se ha negado) y, eso sí, estableciendo sede política en Caracas y en La Paz (además de Buenos Aires).
Si bajo esas condiciones el proyecto carece de seriedad (los participantes deberían intentar redefinirlo), bajo condiciones de fuerte divergencia de políticas económicas y de potencial crisis global, tiene un frágil fundamento. Los países económicamente razonables como Brasil, Uruguay, Paraguay y quizás, en algún momento, Argentina, deberían reconsiderar esta iniciativa política extraída del ambiente político de los años 70 del siglo pasado. Quizás la CAF podría servirles de referencia.
