23 de enero de 2023
La necesaria participación de la presidente Boluarte en el Consejo Permanente de la OEA para hacer entender a los miembros del sistema interamericano la crítica situación peruana no ocurre en un escenario afable. La inédita hostilidad política y diplomática que varios de los socios suramericanos (y México) han reiterado en la CELAC, no se disipará en esa sesión hemisférica.
Para ablandar ese cerco irracional que afecta la inserción del Perú en su hábitat tradicional, la Presidente hace bien en persistir en el intento iniciado por la Canciller Gervassi en Buenos Aires aún a riesgo de que los representantes de los países hemisféricos (salvo Estados Unidos y Canadá) insistan en desconocer la realidad maciza del golpe de Estado perpetrado por Castillo y de sus secuelas .
Normalmente, la amplia brecha perceptiva entre lo que ocurre localmente y lo que se desea entender internacionalmente no debiera ser cerrada por un Jefe de Estado. Para ello están el Canciller y los embajadores (en este caso el Representante Permanente en la OEA). Pero el rango de incomprensión externa obliga a que la realidad peruana sea expuesta por la propia Jefe de Estado.
Si la naturaleza del mensajero y de su mensaje no es apreciada por los interlocutores entonces comprobaremos que el aparato perceptivo de estos últimos (especialmente el de los gobernantes de Colombia, México y Bolivia) esté tan condicionado por su ideología e intereses que confirmaría la existencia de una estrategia de predominio regional de la que ellos formarían parte.
En efecto, la persistencia en la CELAC de Petro, López Obrador (vía zoom) y Arce en omitir la realidad del golpe de Estado de Castillo evidenciada públicamente da señas de esa estrategia. Con gran soltura de huesos ellos han configurado hechos y sugerido conductas al Perú al punto de eludir el delito manifiesto y persistir en opciones de progresista y local destrucción institucional.
Entre ellas sobresale el respeto a “la voluntad de las urnas” (referencia a Castillo), el desconocimiento de la legitimidad de Boluarte, la identificación del Congreso como golpista y la del ex -presidente como víctima de hostigamiento y de racismo pituco (López, Petro). Por lo demás, la protesta violenta sigue siendo una lucha por recuperar la democracia (Arce) y los delitos imputados al ex -presidente son inexistentes por no probados aún (Prieto).
A ello se suma Boric que sugiere un “cambio de rumbo en el Perú” a propósito los caídos, y la de Brasil (en la OEA) que, luego de haber reconocido el gobierno de Boluarte, demanda premura en el trato judicial de Castillo.
En esta distorsión de los hechos puede reconocerse la frustración regional por la quiebra del dominio de los gobiernos de izquierda en Suramérica. Pero también mecanismos de pensamiento colectivo en estos gobernantes que no producen buenas decisiones ni llevan a buen puerto. El conjunto de esos errores de inédito impacto geopolítico (el aislamiento del Perú en la región no había sucedido en la historia contemporánea) debe ser contenido y quebrado.
En consecuencia, si luego de la presentación de la Canciller en la CELAC y de la presidente en la OEA, no hay un cambio de actitud (algo probable si las instituciones de la OEA no funcionan) el Perú, en estricta reciprocidad, debe considerar rebajar el nivel de sus relaciones diplomáticas.
Especialmente si existen sospechas de asistencia extranjera en la organización y apertrechamiento de los manifestantes violentos que han causado destrozos en el país y agravado exponencialmente el conflicto interno.
Al respecto, debe recordarse la reacción de las potencias y organizaciones de Occidente sobre la crisis. En general, ellas han llamado al ejercicio de la libertad de protesta en condiciones pacíficas refiriéndose tanto a la contención de la fuerza coercitiva del Estado como de las personas que ejercen esos derechos.
Esas potencias (Estados Unidos, la Unión Europea) ha reconocido al gobierno de Boluarte dando cuenta de la realidad de manera diametralmente opuesta a lo ocurrido con los suramericanos y México. La ONU ha tenido un pronunciamiento similar.
Ese contraste revela no sólo la fractura regional sino la mayor relación que tienen algunos de nuestros países con Occidente.
Ello va acompañado de otra sorpresa: el recurso a los mecanismos de la “postverdad” (es decir, a la mentira) por los Estados del área y su disposición a “construir” “narrativas”(en vez de versiones). Es decir, recurriendo a las mutaciones del lenguaje contemporáneo y de las “ciencias de la comunicación”, hoy los estadistas pueden mentir y convertir versiones de la realidad en historias con una impunidad escandalosa. Ello genera desconfianza entre los interlocutores, frustra negociaciones y crea conflictos donde no debiera haberlos. En ello ha incurrido los jefes de Estado mencionados.
Bajo estos términos, que subliman la fantasía, no hay integración posible.
