Consolidación y Problemática de la Alianza del Pacífico

El protocolo comercial que acaban de suscribir los presidentes de la Alianza del Pacífico en Colombia constituye una zona de libre comercio cuya profundidad radica menos en el ámbito de la desgravación (92% del total del universo arancelario) que en sus fundamentos, en sus principios libertarios, en sus complementos y en su dimensión política (aunque los presidentes nieguen que la tenga).

La discusión de la profundidad integracionista no es académica en tanto forma parte del acuerdo marco que dio origen a la Alianza en el 2012. Sin embargo, ésta cualidad no es estrictamente fundacional.

En efecto, el acuerdo marco estableció que la Alianza se conformó explícitamente sobre los pilares pre-existentes de acuerdos bilaterales, regionales y globales suscritos por las partes.

En el ámbito bilateral Perú, por ejemplo, había suscrito acuerdos de libre comercio con Chile y México en 2006 y 2011 (pero vigentes a partir del 2009 y 2012, respectivamente) mientas que con Colombia mantenía (y lo sigue haciendo) las obligaciones propias de la zona de libre comercio andina.

En este marco se puede decir que el acuerdo que se acaba de suscribir en Cartagena es el resultado de la plurilateralización de acuerdos previos. Sin embargo, esa descripción cruda no haría justicia a un acuerdo que ha involucrado nuevos trabajos de armonización de normas técnicas y de acceso a los mercados, origen, facilitación del comercio y probablemente otras disciplinas como compras públicas, normas fitosanitarias, comercio electrónico, inversión y solución de controversias propias de los acuerdos comerciales avanzados (cuyo contenido, sin embargo, no se ha publicado a la fecha).

Y si este acuerdo es un avance importante de la Alianza, tampoco en él radica la ventaja sustantiva de la misma (menos cuando el comercio intrasubregional tiene un punto de partida relativamente bajo).

Su riqueza empieza en la puesta en práctica de las cuatro libertades que lo fundamentan: la de bienes (que se acaba de consolidar con una desgravación inmediata para lo sustancial del comercio quedando sólo un 8% para desgravarse gradualmente en el largo plazo), la de servicios (cuya liberalización ha requerido, junto con la de inversiones, de la atención de un grupo técnico ad hoc cuyo detalle, como el de la incorporación o no de estándares de registro y de cuantificación, tampoco se conoce) y la de movimiento de personas (área donde ya se ha liberado el tránsito de personas de negocios y donde se han realizado avances en el trato migratorio).

De otro lado, si estos acápites son materia de la teoría clásica de la integración no puede afirmarse (como ocurre por error) que la base institucional de la Alianza sea sólo pragmática por el hecho de que no procure una unión aduanera. En un contexto de aranceles bajos (que promedia alrededor de 4% y 5% entre los socios), una unión aduanera no agrega extraordinario valor ni estímulo a ese proceso de integración.

Y lo tiene menos aún cuando ese valor sí deriva de la armonización normativa que se prevé para facilitar los encadenamientos productivos que la Alianza ya ha identificado, en principio, con la ayuda del BID. La correspondiente armonización de políticas industriales que se requerirá a futuro semejará una suerte de unión económica minimalista y sectorial que aprovechará tanto la escala de mercados como sus ventajas competitivas en términos de creación concertada de riqueza.

Esta apuesta por el incremento concertado de la productividad podría constituir una versión moderna de la planificación de la integración que, en experiencias pasadas, estuvo orientada a la sustitución de importaciones (por ejemplo, en la Comunidad Andina).

Por lo demás, si bien no existe en la Alianza la previsión de una unión monetaria que suele asociarse a la unión económica, la concreción de un emergente mercado de capitales forma parte de un proceso de integración financiera sin par en el área.

La próxima adhesión de la Bolsa Mexicana de Valores al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA, que entró en operaciones en el 2011) consolidará, junto con las bolsas de valores de Lima, Santiago y Colombia, el primer mercado bursátil latinoamericano (superando a la Bolsa de Valores de Sao Paulo). Hoy, sin la participación mexicana (cuya Bolsa ya ha adquirido alrededor del 6% de la Bolsa de Valores de Lima) la capitalización del MILA es de US$ 667095 millones (superior a la de la bolsa mexicana) con 516 empresas incorporadas.

Este mercado que permitirá una mejor financiación de las empresas subregionales (y de otras latitudes, incluyendo las mypes) a través de la colocación de papeles no corresponde aún, sin embargo, a alusiones a una potencia económica emergente en términos de la economía real.

En efecto, la Alianza puede constituir el 36% del PBI latinoamericano, el 50% del comercio regional y atraer el 41% de la inversión extranjera. Algunos entusiastas ya resumen estas cifras como el milagro de una potencia mundial de súbita aparición. No hay tal cosa.

Al respecto debe considerarse que México es la potencia emergente que, con US$ 1.2 billones supera el agregado de las tres economías socias. Y que su comercio internacional de US$ 741 mil millones (alrededor del 90% vinculado a Estados Unidos) supera en casi el doble al comercio exterior total exportador de Perú, Chile y Colombia. La asimetría mexicana es tan grande que sin su participación, la potencia de la Alianza decae sustancialmente.

Por lo demás, el comercio intra-regional de la Alianza es extremadamente bajo. Veamos el caso peruano. En el 2012, sus exportaciones a Chile, Colombia y México fueron sólo 4.4%, 2% y 0.9% del total, mientras que sus importaciones de esos países fueron 2.9%, 3.9% y 4% (Fte. Alianza del Pacífico).

Estas cifras revelan una escasísima interdependencia si se considera sólo el intercambio de bienes. Y en lo toca a las inversiones las asimetrías y las distorsiones son intensas en el primer caso y graves en el segundo si se considera sólo la relación peruano-chilena.

Así la inversión chilena en el Perú bordea los US$ 13 mil millones (US$ 11 mil millones entre 1990 y 2011 según la DIRECON de la Cancillería chilena) mientras que la inversión peruana en Chile se aproxima a los US$ 7 mil millones según el Consejo Empresarial Peruano-Chileno. Sin embargo, según el Banco Central de Chile la inversión peruana en ese país no registra ni US$ 1 mil millones. Esta distorsión, sólo en parte metodológica, tiene dimensiones estratégicas que es necesario corregir y transparentar a la brevedad para lograr progresos efectivos sobre bases ciertas.

Más allá de esta evaluación económica, el valor sustancial de la Alianza del Pacífico proviene de la naturaleza de sus Estados y de los principios por los que estos se rigen. Si el artículo 2 del Acuerdo Marco establece que son requisitos para formar parte de la Alianza la vigencia del Estado de Derecho, de la democracia, del orden constitucional, de la separación de los poderes y la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, es que el orden interno de sus integrantes es de carácter liberal.

Por lo tanto, la Alianza tiene un sello político interno que no admite una apertura indiscriminada. Sus 29 Estados observadores tienen más o menos ese carácter y los que desean incorporarse (como Costa Rica y Panamá) son indiscutiblemente Estados liberales.

A esa condición fundamental se agrega la pertenencia de la Alianza a la costa oriental de la cuenca del Pacífico Sur y más específicamente a la costa suroccidental de América. Este valor tiene una importancia geopolítica vital para Suramérica donde las agrupaciones económicas han sido definidas por su valor continental. La Alianza del Pacífico brinda solidez marítima a Suramérica y, sobre esa realidad, promueve una mejor proyección oceánica hacia el resto del continente americano y al Asia.

Esta condición vital no puede quedar disminuida por diferencias de intereses primarios entre los socios. Como se sabe, la fortaleza de una alianza deriva de la convergencia de intereses de sus miembros. Bien harían, por tanto, nuestros socios sureños en contribuir a resolver asuntos de carácter territorial sobre la base de tratados cerrados en su fase demarcatoria hace más de ocho décadas.