Aunque en torno a diferentes propuestas programáticas, la próxima elección del Presidente de Colombia se centrará en al sentimiento ciudadano sobre las negociaciones de paz que lleva a cabo el gobierno del Presidente Santos y las FARC. La elección se realizará en un marco de gran incertidumbre.
Y no porque el candidato opositor Oscar Iván Zuluaga haya ganado, contra la generalidad de los pronósticos, la primera vuelta con una diferencia de alrededor de 3.4 puntos porcentuales (29.25% vs 25.69%) ni porque las encuestas pronostiquen hoy el triunfo de uno y otro alternativamente en señal de gran confusión. El punto es que, en lugar de razonable certidumbre sobre una adecuada culminación de las negociaciones colombianas hay más esperanzas que certezas en ese proceso (The Economist opta por el presidente Santos para dar, como los Beatles, “una oportunidad” a la paz).
Esto no es serio y sí bastante riesgoso. Si la elección de un presidente es un extraordinario asunto de Estado que protagoniza la sociedad que necesita, al respecto, la mejor información, la negociación con las FARC también debiera serlo en un nivel superior al actual.
En consecuencia bien harían el gobierno y la organización terrorista-guerrillera en dar a conocer lo negociado hasta hoy para que los ciudadanos aprueben o desaprueben lo actuado en los tres puntos ya concluidos (asuntos agrarios, participación política y actividad y narcotráfico bajo otro eufemismo) y señalen con claridad cuál es el rumbo negociador.
Es verdad que ello rompería el principio negociador que establece que “nada esta negociado hasta que todo esté negociado” además de parte de la reserva del proceso. Pero si fue el gobierno del Presidente Santos y las FARC los que decidieron darse esta oportunidad, lo hicieron al margen de los ciudadanos (aunque luego se informara sobre a agenda, la cronología y las modalidades), hoy se decidirá, en base a la esperanza o del escepticismo, no sólo la Jefatura del Estado sino el status futuro del país (terminar con un confrontación armada de medio siglo o continuar con ellas bajo condiciones más rigurosas con riesgo de ruptura). Esta situación debe cambiar para que la ciudadanía vote con mayor información sobre hecho tan relevante.
De lo contrario se estará solicitando por adelantado a los colombianos un voto aprobatorio o de rechazo de las negociaciones cuando el referéndum sobre la materia se llevará a cabo al final del mismo.
Es más, si tal consulta va a producirse de todas maneras, no parece razonable impedir un mayor, sensato y parcial conocimiento de los contenidos cuando uno de los candidatos es el que negocia bajo condiciones de secreto.
Menos aún cuando quienes sí está enterados son los gobiernos de Cuba y Noruega (garantes iniciales) y los acompañantes Venezuela y Chile, dos de los cuales (Cuba y Venezuela) no generan confianza como auspiciadores del proceso.
En otras palabras, este requerimiento de información no implica la apertura de todo lo negociado sino de las líneas maestras. Si éstas son firmes, la legitimidad que adquirirá el proceso será mayor.
Por lo demás, el principio de que “nada esta negociado hasta que todo esté negociado” comprende a procesos de los que no depende la calidad de representación de una de las partes (en este caso, el Jefe de Estado) sino que está referido a materias que los gobiernos consideran necesarias más allá del ciclo político de los Estados que negocian.
Ésta no es la circunstancia de una elección como la colombiana donde el inicio de un nuevo ciclo político y la calidad de su agente dependen de la materia que se negocia.
Y si esta propuesta informativa pareciera excesiva, por lo menos el candidato opositor debería poder contar con toda la información necesaria y hacer público que así ocurre. Y si ello sucede, los candidatos podrían suscribir un pacto político para proseguir con las negociaciones gane quien gane. Ello agregaría seguridad a lo que ya es una cuestión de Estado que sólo conoce, en apariencia, el representante de una de las partes.
No somos tan ingenuos como para solicitar al respecto un ejercicio especial de la denominada diplomacia abierta. Lo que se requiere son condiciones elementales de información para que los colombianos sufraguen en una elección que, en este caso es, además, versa sobre una cuestión existencial para Colombia.
Es más, a la luz de los antecedentes de fracaso de este tipo de encuentros (el último fue el engañado Sr. Pastrana) y del creciente de contexto de conflicto que envuelve a la región y al mundo, la información que se proporciones a los colombianos debería ser también proporcionada razonablemente a los gobiernos del área.
Y no sólo porque algunos de ellos participen marginalmente del proceso sino porque los suramericanos han suscrito en el 2002 un compromiso declarativo sobre una zona de paz (referida, en realidad, a conflictos convencionales).
Una forma de probar que esa declaración es medianamente seria es sugiriendo que la información básica referida se difunda por los canales adecuados y asumir, de una vez por todas, que el conflicto interno colombiano no sólo complica la estabilidad de la región sino que está en el centro de la conflictividad regional.
