Los Estados crean instituciones internacionales para gobernar sus interacciones, defenderse, crecer o influir en terceros. Para funcionar y legitimarse estas entidades deben sustentarse en intereses comunes.
En el caso de la CELAC, Venezuela ha deseado crear una zona de influencia, Brasil consolidar su arraigo regional y fortalecer su calidad de potencia y México incrementar su interacción con América Latina en un marco de extraordinaria vinculación económica con Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el interés de los 30 países restantes que conforman esa entidad que agregue valor a la vecindad como prioridad de política exterior?.
La respuesta no se encuentra en la ilusión de que Suramérica, Centroamérica y el Caribe forman una comunidad natural que aspira a una unidad política. Primero, porque una comunidad requiere de valores compartidos que justifique su existencia más allá de su simple declaración (América Latina, dividida ideológicamente, tiene visiones diferente sobre la naturaleza de esos valores). Segundo, porque la unidad política es un largo proceso que requiere integración económica (y la región lleva 50 años de esfuerzos de integración sin consolidar una zona de libre comercio a pesar del incremento del comercio intra-regional). Y tercero, porque sus intereses divergentes quizás pesen más que los convergentes.
Esta realidad no escamotea la necesidad regional de un foro de diálogo político. Pero el foro no puede convertirse súbitamente en una entidad superior que, por ejemplo, pretenda una vocería singular frente al mundo basado en un consenso de minimis. Y menos cuando la confusión de propósitos es una realidad reflejada en el proceso de constitución de la CELAC.
En un par de año ésta ha sustituido las cumbres latinoamericanas (el foro) por la CALC y a la “fusión” de ésta con el Grupo de Río (la institución). En ese marasmo el foro se ha trastocado en pretensión de bloque. Y su liderazgo ha confundido la necesidad de absorber una remanencia de la Guerra Fría (Cuba) con la delegación al régimen castrista de la representación temporal del grupo. A ello se ha procedido suplantando el consenso democrático y de libre mercado (que marcó el potencial comunitario del área) con la consagración de la “pluralidad” como valor político. Para legitimar este artificio se requiere de especiales esfuerzos de convergencia que auguren cohesión. Como la convergencia no ha sido posible entre acuerdos subregionales establecidos (algo que el ALCA promovía) y los parámetros comunes (que no sean los principios de la ONU) no son claros, el esfuerzo requiere de una agenda ad hoc y del reconocimiento externo.
Lo primero se ha logrado en Santiago. Pero con una agenda tan variada que complica el logro de resultados necesarios para ganar convergencia y competitividad (la Alianza del Pacífico, en cambio, es una gran y concreto avance estratégico). Y lo segundo se ha conseguido mediante el reconocimiento que ha otorgado la Unión Europea.
Este activo, sin embargo, ha sido devaluado por las contradicciones de la CELAC: una cumbre convocada para asociar la inversión al desarrollo sostenible ha derivado en una larga meditación sobre lo segundo y en la condicionalidad de lo primero al derecho a regular. Consistente con su opacidad la CELAC no aclara qué es regular en un contexto de caída de los flujos internacionales de inversión (UNCTAD) y de expropiaciones en el ALBA. El Perú necesita de la región y, por tanto, debe mejorar su esfuerzo en ella.
