30 de julio de 2021
Tras un proceso electoral cuestionado el Sr. Pedro Castillo asumió la presidencia con anuncios improcedentes sobre un nuevo orden político (la Asamblea Constituyente) y de cambios del rol del Estado, de la economía y de organización poblacional que no se condicen con el escaso margen de su triunfo (44 mil votos o 0.25% del total de electores) ni con la opinión predominante nacional (alrededor del 40% está a favor de cambios específicos según IPSOS).
A ello se ha sumado una crisis de liderazgo ligada al nombramiento de Guido Bellido como Primer Ministro. Bellido es miembro del ala más radical de Perú Libre (dirigida por un sentenciado por corrupción, el Sr. Cerrón) y es investigado por apología del terrorismo. El funcionario reemplazó a Roger Nájar, político también radical y demandado por alimentos y de relaciones con una menor de edad.
Si la lucha contra la corrupción es uno de los ejes centrales del nuevo gobierno, los agentes fundamentales que debieran llevarla a cabo acaban de mostrar su total disfuncionalidad al respecto. Esta escandalosa evidencia moral acompaña a la evidencia política de que el Sr. Castillo carece de la voluntad suficiente para llevar a cabo el gobierno de unidad nacional prometido y también de la eficacia para generar, ya no sólo la confianza política y económica deteriorada por su irrupción, sino gobernabilidad elemental.
Así lo demuestran la bochornosa juramentación de un gabinete varios de cuyos miembros fueron congregados a última hora frente al desistimiento de los indispuestos a seguir en él por el nombramiento del Sr. Guido Bellido como Primer Ministro en reemplazo del Sr. Nájar. Pero ni aún así, la lamentable improvisación del presidente Castillo alcanzó a llenar las carteras de los centrales ministerios de Economía y de Justicia.
Asentado en ese castillo de naipes el presidente ha prescindido además de usos tradicionales, como el desfile militar del 29 de julio para producir, en su lugar, una pantomima bolivariana en la Pampa de la Quinua (Ayacucho) cuyo pretexto fue la juramentación del cuestionado Sr. Bellido. Además del desplante que ello implicó para las Fuerzas Armadas, es dudosa la aprobación de los Jefes de Estado invitados a ese evento al que acudieron embutidos en un helicóptero militar.
La única expresión de comodidad con este desorden debe haber sido la de Evo Morales, protagonista principal de todo lo actuado al margen de su propio presidente Arce, y que como modisto albista, probablemente también aprobó la indumentaria bolivariana (el liqui liqui) del Sr. Castillo, quien bajo su prominente sombrero cajamarquino, ha señalizado una preferencia costurera de la futura política exterior peruana.
Es esta arcaica escenografía, antes que la de la sede del Congreso (o la del ahora repudiado Palacio de Gobierno), en la que se ha ambientado el mensaje del Sr. Castillo. Para empezar, con la dudosa e ínfima mayoría señalada (y una gran oposición parlamentaria) éste se ha permitido sugerir el cambio de la naturaleza unitaria del Estado peruano (art. 43 Const.) para reemplazarlo por uno plurinacional emanado de una futura e ilegal Asamblea Constituyente porcentualmente representativa de las diversas culturas, de etnias que habitan el territorio y de gremios.
Al respecto el Sr. Castillo olvida la democracia representativa que nos manda y privilegia las lenguas nativas cuando la castellana es la oficial en tanto gran cohesionadora nacional que, junto –y no separadas- con las demás (art. 48 Const), predominan en un en un determinado hábitat.
Esos hábitats forman parte de la República, que no sólo es un tipo orden político sino parte de la denominación nacional: la “República del Perú” (art. 43). Ésta desea progresar hacia el desarrollo sin desconocer su historia que incluye a la Colonia (como no ha sucedido en la Constitución boliviana) y a su etapa pre-colombina cuya última organización estatal, el incanato, se organizó violenta y estamentariamente a diferencia de la dimensión igualitaria y bucólica que el Sr. Castillo quiere inventar.
En ese escenario el Sr. Castillo pretende otorgar a su partido Perú Libre una calidad fundacional y única alegando que es el primero del interior que llega al poder. Al respecto no sólo olvida los movimientos del sur del siglo XIX y del siglo XX (especialmente el Frente Democrático Nacional de Bustamante y Rivero o el frente Nacional de Juventudes del que surgió Acción Popular) o lo surgidos en el extranjero (el Apra Continental, 1924), así como otras expresiones de poder, sino que ignora que el Perú ya no es un país campesino (cuyas organizaciones están protegidas por el Capítulo VI de la Constitución), ni indígena como sugiere el Sr. Castillo.
En efecto más del 60% de la población peruana habita hoy en la costa como resultado de las migraciones (especialmente de la “gran migración” de los años 40 en adelante) en busca de empleo no vinculado al agro mientras que el 79.3% es urbana y el 62.3% se identifica como mestizo (apenas el 25% lo hace como autóctono) (Inei).
En lugar de su atención racial, bien haría el Sr. Castillo en concentrarse en el grave problema de la informalidad que afecta hoy a más del 70% de la población que incluye a los pobres (30% después de la pandemia). Ese escenario es más constructivo para un país mestizo que buscar razas originarias como lo ha hecho el Sr Morales con propósitos políticos y anti-republicanos. Adicionalmente, podría el Sr. Castillo preocuparse por mejorar la gestión de la descentralización cuya ineficiencia sufre de crónica y abusiva excedencia presupuestaria.
De otro lado, en el ámbito jurisdiccional y de la coacción legítima, el Sr. Castillo pretende crear organizaciones paramilitares al estilo de los ronderos (que sólo son guardianes de la propiedad campesina amenazada por abigeos). En el Perú el encargado principal de hacer cumplir las leyes y de velar por el orden interno y externo es el Presidente de la República (art. 118). A su mando está el Sistema de Defensa Nacional (art. 163) mientras la Fuerza Armada se encarga de resguardar la soberanía e integridad territorial (art 165) y la Policía Nacional se ocupa de mantener y fortalecer el orden interno y de combatir la delincuencia (art. 166).
Éste no es asunto de ronderos o de instancias parecidas sino de la Policía que deber modernizarse y fortalecerse. Las organizaciones paramilitares suelen ser instrumentos de choque y de control social de los gobiernos corporativistas (fascistas o soviets) tan privilegiados en Cuba y Venezuela (y, al principio en Bolivia con los “Ponchos Rojos”).
Por lo demás, en este acápite resalta la gran omisión del Sr. Castillo: su total despreocupación por la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Su omisión llama a alerta especialmente cuando miembros de su partido tiene vinculaciones con escenarios cocaleros (el VRAEM, Evo Morales) y terroristas (el Primer Ministro y su defensa de militantes de Sendero Luminoso).
La otra omisión castillista preocupante fue el capítulo de política exterior especialmente a la luz de la clara preferencia otorgada en las ceremonias de asunción del mando (y antes de ellas) a Evo Morales, al origen académico del Secretario General del Perú Libre (Cuba) y a la coincidencia castrista del nuevo Canciller, el Sr. Héctor Béjar.
De otro lado, el Estado está obligado a cumplir los tratados no sólo por razones de fiabilidad externa sino porque éstos forman parte del derecho nacional (art 55). Éstos no puede alterardos unilateralmente sin quebrantar el orden internacional (Convención de Viena) y el orden constitucional interno. Si los acuerdos de libre comercio deben mejorarse, esto sólo puede ocurrir de acuerdo con el interlocutor. Especialmente cuando esos acuerdos se expresan en ingresos del orden US$ 15 mil millones provenientes de exportaciones no tradicionales según la SNI.
Y en lo económico el Sr. Castillo desea reverdecer la instancia del Estado empresario cuando la nuestra es economía una economía social de mercado (art. 58). Ese concepto permite al Estado legislar en función del progreso social, de una mejor función redistributiva y hasta de promover la inversión en infraestructura que el Sr. Castillo desea aumentar, pero no contra el mercado eficiente ni contra la propiedad privada.
Por lo demás el Estado puede ejercer el rol empresarial por ley expresa extraordinaria (art. 60) pero no como un agente económico ordinario que compite con el agente privado. Ese emprendimiento ocurre cuando el agente privado no desea actuar o no puede promoverlo él mismo.
Si el Sr. Castillo pretende volver a un escenario poblado de empresas públicas dominantes como en la época del gobierno militar, estará violando la ley y el consenso nacional.
El mensaje del Sr. Castillo debe ser esclarecido por él mismo y por el Congreso. Recién entonces se podrán examinar los cambios constitucionales puntuales que correspondan (como, p.e., las que definen el Estado de Derecho y las correspondientes a la eficiencia de la gestión pública y a las instituciones electorales que hoy permiten arbitrariedades mayúsculas y auspician el actual estado de cosas).
