El Perú ha asumido la presidencia pro tempore de la CAN en momentos en que aparecen los primeros signos de recuperación económica internacional y en los que la perspectiva de que ésta será lenta y de baja intensidad ya está instalada en la percepción común.
En ese escenario, la más rápida recuperación de Asia incrementará la brecha de desarrollo en relación a Suramérica y la reversión de la fuerte caída de las exportaciones tenderá a acentuar, de momento, la concentración primario exportadora de nuestras economías.
Por estas razones, los mercados que demandan más productos no tradicionales sustentados en esquemas de integración debieran tener un valor estratégico adicional Este debiera ser el caso andino aunque su participación en las exportaciones totales sigan estancada en los alrededores del 10%.
Sin embargo éste continúa ideológica y funcionalmente fraccionado al tiempo que gobiernos disolventes, como el venezolano, se empeña en debilitarlo más erosionando, por razones geopolíticas, el importante intercambio comercial con Colombia mientras que el gobierno boliviano, que no cree en el libre comercio, se arraiga en el Cono Sur.
Para impedir que esa dinámica desintegradora se siga expandiendo, el Perú ha sacrificado cualquier intento de revolución estratégica andina planteándose más bien objetivos minimalistas que describen la crisis subregional: por ahora sólo será posible fortalecer la integración física (especialmente la fronteriza), priorizar la inclusión social y favorecer el consenso decisorio en la CAN.
A pesar de las urgencias del contexto internacional, estas disminuidas propuestas prefieren contribuir a minimizar la hostilidad en la subregión. La condición para que ello ocurra es que la ideología no se haya traducido totalmente en antagonismo geopolítico (y no poco de ese traducción ha ocurrido ya).
Algo más complejo, sin embargo, será el intento de ganar cohesión en el proceso decisorio andino postergando las decisiones por mayoría en función de una nueva forma de consenso. Especialmente si la norma andina vigente dispone que las decisiones se adopten por mayoría absoluta y el consenso ya está normado en tanto que cuestiones más sensibles se aprueban por mayoría absoluta sin voto en contra.
Las decisiones por mayoría absoluta permiten evitar el bloqueo de un objetivo por un Estado o grupo de Estados cuando no se pueda minimizar sustancialmente el conflicto de intereses. En un grupo heterogéneo con intereses materiales diversos la búsqueda de consenso debe limitarse, por tanto, a procurar que el opositor se abstenga y no vote en contra. Pero no se debe alterar las reglas que salvaguardan el interés de Estados como Perú, Colombia (y quizás Ecuador) en casos como, por ejemplo, la negociación con terceros.
Si la realidad andina obliga hoy atender su problemática desde una perspectiva minimalista en un contexto internacional que reclama mucho mayor acción colectiva, no debe debilitarse más la capacidad de los Estados liberales de la CAN de realizar sus intereses básicos en función de un consenso insustentable cuya protección, además, ya está normada.
