Una perniciosa interacción de fuerzas que ponen en cuestión la viabilidad nacional boliviana ha sido expuesta por el anuncio de la renuncia del presidente Mesa. Independientemente de si ésta es aceptada o no por el Congreso de ese país, ella refleja casi completa falta de autoridad del gobierno central, ingobernabilidad democrática extrema, pérdida exponencial de cohesión nacional y reivindicaciones que afectan la estructura del Estado boliviano. La dimensión externa de este problema no puede seguir siendo eludida por las autoridades regionales. En efecto, la crisis boliviana se proyecta internacionalmente de manera por lo menos tridimensional. Primero, el vacío de poder derivado de la progresiva erosión de un Estado en el corazón suramericano genera inestabilidad mayor sobre los vecinos (lo espacios vacíos o sin autoridad o son llenados por fuerzas en competencia o fomentan la desintegración violenta). Segundo, el conflicto dominante entre fuerzas antisistémicas -las autonómicas y las trasnacionales, especialmente las vinculadas a las organizaciones cocaleras y a anárquicos movimientos “antiglobalización”- tienden a encadenarse o a crear organizaciones similares en los países del área. Tercero –y principalmente-, los mecanismos de defensa de la democracia representativa regionales (la CAN) y hemisféricos (la Carta Democrática) establecen con claridad la responsabilidad colectiva en el restablecimiento del erosionado orden democrático interno sin que ello constituya violación del principio de no intervención.
Si la problemática boliviana tiene esa proyección la responsabilidad internacional en la materia no puede ser eludida. Sin embargo, las autoridades locales y hemisféricas han preferido hasta ahora dar cuenta de la aceleración autodestructiva de ese país en lugar de contribuir activamente a solucionar la crisis empleando mecanismos institucionales que ellos mismos han creado. Y tampoco están contribuyendo con suficiente intensidad a incrementar la capacidad cohesiva de ciertos mecanismos externos (p.e. el TLC con Estados Unidos apoyado por cruceños, alteños y empresarios) frente a la rápida disolución de la capacidad de cohesión interna boliviana. La urgencia para que la comunidad internacional revierta tamaña pasividad ciertamente supera las interrogantes sobre si la renuncia del presidente Mesa tiene el propósito de aglutinar apoyo, debilitar a sus oponentes o buscar, sacrificadamente, una alternativa a su investidura.
La acción externa colectiva es aún más importante si el presidente boliviano no ha logrado traducir en autoridad el alto apoyo que las encuestas le asignan (50%, 60%) rebelando el poder predominante de las fuerzas fragmentadoras. Más aún cuando dos de los tres pilares de su programa anticrisis (la ley de hidrocarburos y asamblea constituyente) son motivo de aún mayor confrontación interna (sólo el referendum sobre el gas pudo llevarse a cabo con éxito). Aquellos se cuestionan a través de la movilización permanente y el corte de carreteras (en el primer caso) y mediante la insistencia en soluciones regionales antes que nacionales en el segundo (los cruceños se niegan a concurrir a una constituyente sin decisión previa sobre su status autonómico). Y mientras ello ocurre, el Congreso deviene en arena movediza, los partidos en cotos feudales, los sindicatos en picapedreros y el Ejecutivo en centro de indecisión y de abandono de atributos del Estado como el de la coerción legítima.
La autoridad que pudiera recuperarse luego de una renuncia presentada bajo estas condiciones será insuficiente. La comunidad interamericana debe contribuir entonces a devolver fuerza a la mano del presidente Mesa. Un pronunciamiento colectivo, no individual, en su respaldo, la inducción de buenos oficios para la negociación interna y la sugerencia de objetivos y cronograma claro para la Constituyente es parte de una agenda que las autoridades de la región están en capacidad –y en obligación- de plantear. Salvo que prefieran el vacío de poder en el corazón de Suramérica.
