Bolivia: La Crisis Como Política

Al margen de la turbulencia política, la creciente interdependencia global en un ciclo económico expansivo ha sido aprovechada para mejorar el bienestar en los países desarrollados, incrementar la capacidad económica de las potencias intermedias y para sustentar mejor la inserción de los países menores. Si ese contexto se mantuviera estable, o desmejorara gradualmente, la mayoría de los países que integran esas categorías de Estados estarían en mejor pie para consolidar sus ganancias o minimizar sus pérdidas. Sin embargo, en un grupo de países, entre los que se encuentra Bolivia, la situación empeoraría agravando el desorden interno e impulsando, nuevamente, el impacto de una crisis económica eventual.

En efecto, desde que en el 2003 Bolivia decidió revertir los beneficios de la democracia representativa al impulso de la convulsión económica y social larvada desde finales del siglo pasado, ese país ha decidido deshacer lo andado desde el inicio de la apertura de 1985. La desorientación y el voluntarismo ideológicamente organizado han comandado ese proceso.

Así, hoy, cuando un nuevo orden interno debió haber emergido de la Asamblea Constituyente establecida hace un año, esa institución sólo ha podido postergar su mandato hasta diciembre sin haber aprobado más de un artículo. Simultáneamente, la economía nacional, impulsada por extraordinarios precios internacionales, crece (4%) menos y peor que el promedio suramericano.

Bajo un liderazgo caudillista sustentando en la emergencia política de parte de una población excluida, la polarización del país entre regiones modernizantes y regresivas, entre sectores autonomistas y unitarios, entre ciudadanos "plurinacionales" e incluyentes y entre colectividades pro-occidentales e indigenistas no ha podido restaurar un escenario de yuxtaposiciones manifiestas. Éstas, que son las del mestizaje, han sido evadidas por dirigencias decididas hacer del conflicto entre civilizaciones el instrumento desarticulador de la nación y del Estado.

Lamentablemente, la política exterior de Bolivia refleja esa fenomenología fragmentadora. De allí que aquélla haya sido orientada, sin el mínimo consenso interno sobre una visión del mundo, a promover una soberanía desactualizada, a fundarla en la exaltación de la propiedad estatal de los recursos naturales y a interpretarla en función de múltiples identidades nacionales (36, según la aspiración constitucional) a costa del Estado y del individuo. Y si esa sectaria visión del mundo es complementada por la convicción autárquica y "antiglobalización", su proyección privilegia menos la integración que las alianzas ideológicamente condicionadas. En tanto éstas son tanto beligerantes como restringidas, Bolivia ha perdido espacio de interacción y de negociación y ganado en hostilidad gubernamental careciendo de una sólida base estatal para practicarla.

El resultado es la concentración de fuerzas anarquizante en el centro de Suramérica, el reiterado intento caribeño (el cubano-venezolano) de lograr influencia y predominio en esa zona, la generación correspondiente de inestabilidad regional, el deterioro de la proyección hemisférica boliviana (y de la articulación hemisférica en general) y la pérdida por ese Estado de oportunidades extraregionales.

La desinserción boliviana en el área, mientras tanto, sólo es compensada por la buena disposición gubernamental de sus vecinos atlánticos (que no es necesariamente la de los Estados que históricamente han buscado un predominio estable en el corazón suramericano), por los del Pacífico (cuyo arraigo en esa cuenca concurre hoy con su vocación occidental que Bolivia rechaza) y por esquemas de integración con cuyos fundamentos el gobierno boliviano no concuerda plenamente.

Habiendo perdido disposición integracionistas por privilegiar la alianza ideológica antioccidental, Bolivia ha incrementado su vulnerabilidad regional al tiempo que ha aumentado extraordinariamente su dependencia de los países del Cono Sur (que ofrecen mercados de gas y puertos) y desestabilizado su arraigo altiplánico.

En términos económicos, Bolivia padece de la debilidad de una economía pequeña (o de menor desarrollo relativo según la terminología regional) en el ámbito de la contradicción entre el discurso socialista y la práctica estatista, de un lado, y de un tipo de orden macroeconómico que el FMI elogia parcialmente al tiempo que minimiza los riesgos de una vulnerabilidad manifiesta.

Mientras la primera característica (la de la debilidad) contraría la vocación boliviana de emerger como potencia energética, la segunda (ilustrada por la preferencia por el comercio administrado y la estatificación de 20% de la economía según el gobierno) colisiona con la preferencia por la estabilidad fiscal (un superávit de 4.5% del PBI), una política monetaria y cambiaria aparentemente adecuada, un incremento de la recaudación y una reducción de la deuda (de 70% a 35% del PBI).

Aunque estas políticas son elogiadas por el FMI, el Fondo no destaca suficientemente la dependencia de estos resultados del incremento de los precios de los minerales y de los hidrocarburos cuyos ingresos permiten un mayor gravamen (de 15% a más de 50%), la alarmante precariedad de la inversión privada nacional y extranjera (apenas 12% del PBI, largamente superada por el ahorro y traducida en desinversión en el 2005 y una leve recuperación el año pasado) y la disposición concesional de los acreedores para reducir unilateralmente la deuda en el marco de programas para países de menor desarrollo altamente endeudados. En ese contexto es evidente que la proyectada reversión de términos del intercambio, hoy favorables, afectará las perspectivas y calidad del crecimiento futuro de la economía boliviana.

Éstas perspectivas no auguran una mejor ni más estable relación con un vecino cuyo bienestar y seguridad es indispensable para el Perú. Y menos si aquéllas quisieran incorporarse electoralmente al escenario peruano en el 2011 cuando la expansión del ciclo económico acabe. El Perú, sus vecinos y los propios bolivianos deben procurar que ello no ocurra.